[E2000 en este programa asume las tareas generales de la reconstrucción nacional. No e incluyen en este programa las medidas relativas a la inmigración que, por su importancia, han sido desarrolladas en un documento aparte]
Centrifugación nacional
1. Definimos España como una nación, en absoluto como una federación de “naciones”. Esa definición debe estar implícitamente registrada en la Constitución.
2. Afirmamos que la mera existencia de estatutos de autonomía implica, como contrapartida una lealtad implícita al Estado, lealtad que no tiene fecha de caducidad y que es innegociable en términos económicos.
3. Rechazamos la clasificación de “regiones históricas”: cualquier región del territorio español es “histórica” y no solamente las que se beneficiaron de un Estatuto de Autonomía durante la II República. El término “regiones históricas” debe desaparecer de la Constitución.
4. Denunciamos el proceso de centrifugación, endeudamiento y descoyuntamiento del Estado en beneficio de las autonomías y, sostenemos, que el primer deber de los españoles es defenderse de ese proceso y reconocer el fracaso absoluto del llamado “Estado de las Autonomías”.
5. Sostenemos la inviabilidad de un Estado moderno parcelado en 17 autonomías generados a partir del “café para todos” de Suárez en plena transición y que periódicamente generan tirones y tensiones. El Estado de las Autonomías ha aumentado el gasto público, se ha construido de espaldas a las poblaciones y para satisfacer los intereses de las clases políticas regionales y, a la postre, ha constituido un completo fracaso.
6. Denunciamos la insensata carrera hacia la obtención de techos autonómicos más altos que solamente benefician a las mafias políticas locales. Es preciso estabilizar de una vez y para siempre los estatutos de autonomía y establecer a través de la constitución de forma precisa sus ámbitos de actuación y los del Estado. Una reforma constitucional debe abordar sobre todo el problema de la articulación del Estado. E2000 propone un Estado unitario que reconozca autonomía a las partes como contrapartida a su lealtad. Esa autonomía debe evitar ser una carga económica para el Estado y evitar la centrifugación de los servicios públicos.
7. Proponemos el bloqueo de todos los estatutos de autonomía de “segunda generación” que se elaboraron en la primera legislatura de Zapatero mientras no se defina previamente el modelo de Estado mediante una reforma constitucional.
8. Afirmamos la unidad del Estado y nuestra oposición a los llamados “derechos de autodeterminación” que conducen inevitablemente a una balcanización del Estado y a una eternización de la inestabilidad. Nos declaramos pues, partidarios de la unidad del Estado y de la integridad de la Nación Española.
9. Promovemos la armonización de las culturas tradicionales de las distintas regiones del Estado y de la cultura nacional en función de las demandas sociales y de la vitalidad que demuestren. Sostenemos que las culturas regionales son una riqueza para el Estado y para la sociedad y se trata de afirmarlas y defenderlas en sí mismas no transformándolas en elementos emotivos y sentimentales al servicio de los nacionalismos periféricos.
10. Defendemos la proyección internacional de la cultura española en todo el mundo y consideramos la lengua castellana como un bien que se debe proteger tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La lengua española figura entre las más habladas del mundo y, sin duda, es la que registra en estos momentos un mayor crecimiento que debe ser ampliado y protegido.
Terrorismo
11. Afirmamos que contra el terrorismo solamente puede haber una única política digna y eficaz: lograr su derrota definitiva y el encarcelamiento del último terrorista con las manos manchadas de sangre o que haya colaborado con una banda terrorista. La legislación antiterrorista debe incluir la prohibición de negociar con el terrorismo y considerará delito de alta traición a quien lo haga.
12. Sostenemos que los culpables de delitos terroristas con derramamiento de sangre o cuya colaboración haya implicado derramamiento de sangre, deben cumplir íntegramente sus penas, sin reducciones posibles ni beneficios penitenciarios de ningún tipo. Proponemos el restablecimiento de la cadena perpetua para crímenes de singular crueldad. Cuando se dice en una condena que tal terrorista ha sido condenado a tantos años de cárcel, esa ese es el período de estancia en prisión que debe cumplir aunque exceda sus posibilidades de vida física.
13. Defendemos la necesidad de proseguir con la política de acoso al terrorismo y a sus círculos concéntricos allí donde se encuentren, sin piedad, sin perdón y sin descanso, así como de incluir como delito tipificado cualquier llamamiento a la secesión.
14. Defendemos la tarea de las fuerzas de seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo y sostenemos la necesidad de que esa tarea sea arropada por el pueblo español, sin fisuras y ni vacilaciones.
15. Defendemos la posibilidad de reinserción de los terroristas en activo a cambio de la delación de sus organizaciones y la renuncia pública a sus objetivos.
16. Afirmamos que la vida política civilizada debe evitar contaminarse con los defensores de la violencia o con quienes manifiestan una contumaz negativa a condenar los atentados terroristas. Todo partido cuyos afiliados participan en desórdenes públicos, acciones de guerrilla urbana o que adopta posiciones ambiguas en torno al terrorismo, debe ser excluido ad infinitum de la vida política y considerada organización ilegal.
17. Sostenemos que los atentados del 11-M no han sido suficientemente esclarecidos, la sentencia que los juzgó fue incompleta y decepcionante, y que el gobierno ZP, su principal beneficiario, ha hecho todo lo posible por ocultar la verdad y atrincherarse en una “versión oficial” incompleta y frívola. Exigimos el inicio de una nueva investigación a partir de cero que tenga en cuenta todos los intentos de intoxicación generados minutos después de las explosiones.
18. Manifestamos la necesidad para la sociedad española de defenderse ante la posibilidad de arraigo de un terrorismo islámico a partir de los contingentes llegados con la inmigración.
Inseguridad
19. Sostenemos que el primer derecho humano es la seguridad sin el cual cualquier otro derecho no puede realizarse y que así debe quedar reflejado en un futuro texto constitucional reformado.
20. Afirmamos que la rehabilitación del delincuente es una intención posterior e inferior al castigo a sus delitos y al resarcimiento a las víctimas que deben figurar en la Constitución como funciones del sistema penal.
21. Denunciamos que España, gracias a la política de Zapatero, se ha convertido en el paraíso de la delincuencia internacional y consideramos que debe introducirse como un agravante en cualquier delito el ser extranjero y haber venido a España a delinquir.
22. Exigimos una “ley de legítima defensa” que garantice a los ciudadanos la inmunidad ante los efectos que pudiera tener cualquier respuesta ante los ataques a su integridad personal o patrimonial.
23. Defendemos el establecimiento de barreras parciales o totales ante la inmigración procedente de países cuyos contingentes hayan evidenciado incidir de manera desmesurada en la inseguridad. Vivimos circunstancias excepcionales en relación a la delincuencia y, en tanto que excepcionales, obligan a suspender los acuerdos sobre el “Espacio Schëngen” de libre circulación de personas por el territorio de la Unión.
24. Promovemos la “doble pena” para inmigrantes que hayan delinquido: expulsión tras haber cumplido la condena y resarcir a la víctima mediante el trabajo penitenciario con la indemnización fijada por la ley.
25. Exigimos la abrogación de la Ley de Violencia Doméstica en la medida en que los delitos tipificados en esta ley ya están considerados en el Código Penal.
26. Exigimos una profunda reforma de la Ley del Menor que prevea el encierro en establecimientos especiales a los menores reincidentes y su consideración jurídica como mayores de edad en casos de extrema gravedad.
27. Consideramos que el Estado debe de actuar con máxima energía y apoyados por un amplio arsenal legal generado ad hoc, contra las mafias, la delincuencia organizada, las formas de delincuencia llegadas del extranjero y la corrupción política.
28. Exigimos la desarticulación de las bandas latinas y la repatriación inmediata de sus miembros por el simple hecho de haber sido iniciados en estas organizaciones.
29. Exigimos un esfuerzo especial por parte del Estado de conjurar la delincuencia en los barrios modestos en donde bandas de delincuentes llegados con la inmigración están realizando prácticas de “limpieza étnica”.
Seguridad Privada
30. Rechazamos la aceptación de las titulaciones de ciudadanos rumanos y búlgaros para ejercer la seguridad privada ya que es un agravio comparativo con las exigencias normativas que la ley y el reglamento impone a los ciudadanos españoles y, no asegura de forma convincente el requisito de carecer de antecedentes penales, certificado muy fácil de conseguir en esos países.
31. Proponemos un mayor control del personal que ejerce esta actividad, un incremento en los convenios colectivos que los equipare a otras profesiones relacionadas con la seguridad pública y el cierre de las numerosas empresas que fraudulentamente operan sin licencia.
Economía y Trabajo
32. Proponemos la reducción de la jornada laboral a 35 horas y la abolición de horas extras a fin de crear más puestos de trabajo y de mayor calidad.
33. Proponemos la abolición de las ETT’s y de empresas parasitarias que se dediquen al “prestamismo laboral”, como primer paso para una reforma del mercado de trabajo y una eliminación de los “contratos basura” y de la precariedad laboral.
34. Proponemos la equiparación de los trabajadores autónomos a los del régimen general de la Seguridad Social, tanto en cuantía de las prestaciones como en los derechos a los que da lugar la prestación, empezando por el seguro de paro y la cobertura por desempleo.
35. Recordamos que la economía española es la 5ª de la UE y la 10ª del mundo. Esto nos permite jugar un papel relevante en el mercado mundial, a condición de que exista un poder político a la altura de nuestro peso económico y que ese poder político dirija al poder económico y no al revés.
36. Recordamos que el paro sigue siendo el principal problema para 5.000.000 de españoles. En 2011, el desempleo se ha disparado quedando en cinco millones declarados, de los que un 30% es inmigrante. El paro y el alivio de la situación de los parados debe convertirse, junto con la repatriación de los excedentes de inmigración en el principal objetivo de gobierno.
37. Sostenemos que emitir continuamente deuda es una política irresponsable practicada por el zapaterismo que ha colocado a nuestro país ante el abismo con primas de seguros que han llegado a superar en ocasiones los 400 puntos de diferencial en torno a la deuda alemana. Así lo único que se está haciendo es aumentar la deuda y cargar sobre los bolsillos de las clases medias el compromiso de su pago, lo que implica mayor presión fiscal y más dificultades para la pequeña y mediana empresa. Se trata sobre todo de disminuir el gasto: y eso solamente se logrará en el momento en el que se repatríen a los excedentes de inmigración que hoy constituyen, junto con los despilfarros autonómicos, nuestra mayor fuente de gastos.
38. Consideramos suicida el haber apostado por un crecimiento económico en base a la especulación inmobiliaria y al desarrollo exclusivo del sector de la construcción. El modelo económico debe basarse en la reindustrialización de nuestro país y en la producción de bienes y servicios.
39. Consideramos suicida un sistema económico basado en la desertización industrial y en las importaciones masivas, especialmente en el sector primario (agricultura) y secundario (industria).
40. Proponemos una revitalización de la España agrícola y una autosuficiencia en materia alimentaria o de lo contrario nuestra supervivencia dependerá de los alimentos importados, especialmente de países del Tercer Mundo que, en cualquier momento, pueden verse afectados por crisis interiores, epidemias o tensiones sociales que implicarían el cese de los suministros alimentarios hacia nuestro país.
41. Consideramos suicida un sistema económico completamente dependiente de las importaciones de bienes y alimentos procedentes de fuera del territorio de la Unión Europea. Defendemos que la supervivencia de Europa está en función de que seamos autosuficientes en producción de bienes, alimentos y manufacturas y tenga asegurada el suministro de carburante mediante un acuerdo preferencial con Rusia, país europeo y que debería estar integrado en la UE.
42. Defendemos la creación de puestos de trabajo en los sectores industrial y agrícola como fuentes preferenciales de creación de riqueza. El Estado tiene el deber de planificar la reconstrucción de estos dos sectores económicos y establecer las medidas fiscales, financieras y políticas oportunas para que pueda revivir y volver a ser competitivo.
43. Defendemos un sistema de economía social, que persiga, ante todo, la defensa del interés nacional y popular. De no existir esas consideraciones, el sistema derivaría en un liberalismo salvaje con la única consecuencia de favorecer las grandes acumulaciones de capital en detrimento de las clases trabajadoras. Sostenemos que la economía es un medio para satisfacer las necesidades de la sociedad y no para lograr acumulaciones de capital sin precedentes.
44. Proponemos que el principal objetivo de la economía nacional sea estimular a sectores de alta productividad (metalurgia, manufacturas, Investigación y Desarrollo) y los que están íntimamente relacionados con las necesidades humanas básicas (alimentación, energía).
45. Sostenemos que solamente una gestión correcta de los fondos de la Seguridad Social puede ser garantía de la estabilidad del sistema de pensiones. Defendemos que la “caja única” de la Seguridad Social debe dejar de ser autónoma y aislada de la “caja del Estado” y que las jubilaciones no son cosa solamente del sistema de la Seguridad Social sino del bienestar de los ciudadanos del Estado. Por lo tanto, no se trata de aumentar las edades de jubilación, hacer todo lo posible para reducir las percepciones, tal como proponen PP y PSOE, sino de establecer cuantías que permitan una jubilación digna por la racionalización de gastos del Estado y la ampliación del gasto social en los presupuestos del Estado.
46. Sostenemos la necesidad de crear empleo estable y de calidad. Condenamos el absurdo que supone anunciar que se “van a crear 5.000.000 de puestos de trabajo” cuando se trata de puestos de trabajo de mala calidad, en precario y con salarios de miseria, incluso por horas o por días. Debe estimularse el contrato estable, huir de la precariedad laboral y penar fiscalmente a las empresas que abusen de la contratación temporal y el empleo precario. Así mismo debe evitarse que con los contratados en prácticas (becario) encubran situaciones de explotación de los jóvenes y mano de obra prácticamente gratuita para las empresas.
47. Defendemos que los ajustes salariales en los convenios se realicen en función de la situación real de la sociedad y tiendan, no a compensar la inflación como se hace en la actualidad, sino a restablecer el poder adquisitivo de los trabajadores, debiendo crearse un “índice de consumos vitales” que registre los aumentos de precio en las necesidades básicas (alimentación, vivienda, energía), en función de las alzas de los cuales se negocien los convenios.
48. Sostenemos la necesidad de un descenso de la presión fiscal, especialmente en lo referido a penalización fiscal del trabajo, la disminución del impuesto de sociedades, la disminución del IRPF, eliminación de impuestos sobre el ahorro, como contrapartidas a una mayor disciplina presupuestaria y a una contención del gasto público.
49. La política fiscal que preconizamos debe penalizar a las rentas procedentes del capital, no a las rentas procedentes del trabajo.
50. Sostenemos la necesidad del establecimiento de fronteras comerciales para la UE y de un régimen protección especial a los sectores amenazados, especialmente a la agricultura y el sector industrial. Proponemos que se apueste por un espacio económico europeo que vaya a ser autosuficiente y capaz de reducir las importaciones y la deslocalización de las empresas fuera del territorio de la Unión.
51. Defendemos una política arancelaria proteccionista con la consiguiente denuncia del Acuerdo General de Aranceles.
52. Defendemos una renegociación del tratado de adhesión de España a la Unión Europea, firmado alegremente por el felipismo como pago por los servicios prestados por la socialdemocracia alemana en el proceso de construcción del PSOE entre 1956 y 1982.
Familia
53. Recordamos que los gobiernos del PP y del PSOE no han establecido ni una sola medida protectora de la familia y de la paternidad, sino que han permitido pasivamente la quiebra de la natalidad y la demografía de nuestro país. Debemos recuperar unas tasas de natalidad que permitan la recuperación demográfica de nuestro país es tarea prioritaria del Estado.
54. Recordamos que el gobierno ZP se ha especializado en medidas contrarias a la familia: ley de matrimonios gays, ley de divorcio-exprés, liberalizando completamente el aborto, ha estimulado la transexualidad, etc… Incluso cuando aprobó el “cheque-bebé” se preocupó de que estuviera particularmente dirigido a la población inmigrante cuya natalidad es cuatro veces superior a la española. Hacen falta medidas reales de protección de la familia y de la natalidad autóctonas y, por tanto, proponemos la abrogación de todas las leyes que tengan relación con la familia aprobadas durante los últimos cuatros años.
55. Consideramos que la defensa de la familia española compete particularmente al Estado. El Estado debe facilitar el caldo de cultivo más adecuado para la formación de nuevas familias, facilitando el acceso a la vivienda, los beneficios fiscales, el acceso a una educación de calidad.
56. Consideramos que el Estado debe estimular la natalidad, protegerla y considerar la demografía como un “área de interés nacional preferente”, en lugar de catalogar el aborto como un “derecho”. Proponemos que el recurso al aborto quede reducido a los casos de riesgo de salud para la madre, malformación del feto o violación. Las “factorías” del aborto, esto es, las clínicas cuyo único servicio es practicar aborto deberán desaparecer; cualquier aborto será realizado por los Servicios de la Seguridad Social.
57. Afirmamos el derecho de las parejas jóvenes a contar con viviendas dignas que les permitan tener hijos en número suficiente para superar la tasa de reposición de la pirámide de población. A los municipios especialmente corresponde esta tarea de promover viviendas sociales en alquiler según sus necesidades.
58. Afirmamos que todo lo que erosiona la tasa demográfica es negativo y rechazable y todo lo que favorece la natalidad (incluidos subsidios e incentivos) es positivo y proponemos que el Estado asuma la responsabilidad de la promoción de la familia y la natalidad.
59. Defendemos el derecho de las familias numerosas a contar con ayudas estatales y gratuidad en los servicios públicos.
Corrupción
60. Consideramos que los delitos de corrupción suponen un atentado contra la comunidad y, por tanto, cualquier forma que adopten debe ser castigada con el máximo rigor. Quien protagoniza delitos de corrupción está cometiendo delitos contra la Sociedad y el Estado. Estos delitos deben castigarse con una dureza ejemplar incluyendo penas de prisión y confiscación de bienes por el valor de lo defraudado.
61. Afirmamos que toda la clase política se encuentra bajo sospecha de corrupción. El político honesto hoy, sería la excepción a la regla que impera, según la cual el papel del político es “servirse del pueblo”, en lugar de “servir al pueblo”. Defendemos que la honestidad es el primer valor a defender en política, del cual derivan todos los demás.
62. Sostenemos que la política municipal es el receptáculo privilegiado y el más habitual de todo tipo de corruptelas. Deben ampliarse los medios y atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción.
63. Proponemos la creación de una unidad especial de policía especializada en la lucha contra la corrupción en el ámbito municipal. Los partidos a los que pertenezcan los corruptos deben ser considerados como responsables civiles subsidiarios a la hora de indemnizar a la comunidad, salvo en el caso de que los propios partidos hayan denunciado a sus propios compañeros en episodios de corrupción.
64. Sostenemos que los delitos de corrupción no deben prescribir y que el corrupto responde con su patrimonio familiar y el de los que se han beneficiado de sus corruptelas.
65. Afirmamos que el Estado no debe dudar a la hora de retirar las competencias municipales y disolver aquellos ayuntamientos que se hayan visto salpicados por los casos de corrupción.
66. Sostenemos que ante la generalización de los casos de corrupción es preciso examinar de cerca los patrimonios de todos los concejales y de sus entornos, especialmente, en las zonas “calientes”, antes de hacerse cargo y después abandonarlo.
67. Sostenemos la necesidad de una mayor transparencia en la gestión municipal. Si esta transparencia no existe, el gobierno no debe dudar a la hora de decretar la disolución del ayuntamiento afectado.
68. Consideramos cualquier comisión cobrada por cualquier motivo y no declarada a Hacienda como corrupta y, por tanto, imputable como delictiva.
Exteriores
69. Consideramos que uno de los capítulos más lamentables del gobierno Zapatero es el relativo a los “asuntos exteriores”. Esa incapacidad y excentricidad del gobierno se ha puesto de manifiesto en la llamada “Alianza de Civilizaciones”, que es preciso enterrar para siempre, y en la habilidad de Exteriores para tejer vínculos con los países más inestables de Asia, África e Iberoamérica. Es urgente barrer toda esta política exterior absurda, que ha llevado a España al aislamiento y al ridículo internacional.
70. Denunciamos que el gobierno español es el único gobierno europeo defensor a ultranza del ingreso de Turquía en Europa (actitud en la que coinciden PP y PSOE). Nos manifestamos en contra de este ingreso, así como de los tratados preferenciales con éste país y con Marruecos.
71. Recordamos que entre la Guerra de Kuwait y la Guerra de Irak, el mundo ha vivido un período unipolar liderado por los EEUU. Consideramos y denunciamos esta configuración internacional como fundamentalmente injusta e inestable como todo sistema de equilibrios basado en una sola “pata”.
72. Afirmamos que este período unipolar está en crisis y que, en el momento actual, es una necesidad tender a una ordenación multipolar del sistema mundial basado en la realidad de las nuevas potencias emergentes: China, India, la Unión Europea, la Rusia reconstruida.
73. Sostenemos que el marco preferencial de relaciones exteriores de España es la Unión Europea, por proximidad y por vínculos jurídicos y económicos; en segundo lugar los países de Iberoamérica por vínculos históricos, culturales y lingüísticos.
74. Consideramos que España forma parte del conjunto de países herederos de la cultura clásica y de la cultura cristiana y que, por tanto, la UE es, efectivamente, un “club cristiano”, cerrado e inaccesible a otros grupos religioso-culturales procedentes de más allá de Europa.
75. Defendemos que el destino energético de Europa debe estar ligado necesariamente a Rusia, país con el que es preciso establecer una alianza estratégica.
76. Consideramos que una tarea prioritaria de la política exterior española es la promoción internacional de la lengua y de la cultura española con toda su riqueza y diversidad.
77. Afirmamos que la política exterior en relación al Magreb debe ser de contención y defensa, especialmente en las Plazas de Soberanía de Ceuta, Melilla, Islas Adyacentes y Canarias.
78. Defendemos la necesaria existencia de unas FFAA en número, condiciones y eficacia suficientes como para asegurar la integración del territorio nacional y la defensa contra agresores exteriores.
79. Sostenemos que nuestras FFAA sólo deben participar en operaciones fuera de Europa que respondan a los intereses estratégicos de España o de la UE, nunca más como infantería colonial de los EEUU en sus aventuras imperialistas.
80. Proponemos la disolución de la OTAN, organización propia de la Guerra Fría sin sentido en este momento, o bien la independencia de su rama europea como expresión de la voluntad de Europa de alcanzar una defensa común.
81. Sostenemos la necesidad de impulsar una industria europea de armamento e investigación capaz de contribuir a una autonomía europea en esta materia, de la que la industria española debe ser un puntal.
Vivienda
82 Consideramos el derecho a la vivienda como reconocido por la Constitución, pero desconocido por la realidad política y negado por la práctica económica. Llevar ese derecho de la teoría a la práctica es nuestra propuesta.
83. Consideramos que los ayuntamientos son los principales responsables en el aumento del precio de la vivienda al considerar la venta de terrenos de su propiedad como forma de enjugar el déficit municipal. Los ayuntamientos deben estar obligados por ley a liberar suelo público en cantidad suficiente para hacer efectivo el derecho a la vivienda en su término municipal.
84. Consideramos que el precio de la vivienda estuvo sobredimensionado especialmente hasta 2008 y que, solo a partir de entonces empezó a caer. Los bancos, los tasadores que actuaban a su servicio, y el propio Estado y los Ayuntamientos han sido culpables de la burbuja inmobiliaria, mientras que los perjudicados han sido quienes han comprado viviendas entre
2000 y 2008 que están pagando unas hipotecas que están muy por encima del precio actual. El Estado debe trata de resolver este problema anteponiendo los intereses de los afectados a los intereses de los responsables en la formación de la burbuja inmobiliaria.
85. Consideramos que el Estado tiene capacidad y legitimidad para establecer mecanismos reguladores del precio de la vivienda y delimitar las cotas máximas por las que debe discurrir. Proponemos la intervención del Estado en esta materia mediante la fijación de precios y niveles de beneficio máximos.
86. Consideramos que el Estado debe evitar que el “ladrillo” se convierta en refugio del dinero negro y bien especulativo, penando fiscalmente a quienes realicen estas prácticas.
87. Consideramos que los culpables últimos de la actual situación de encarecimiento del precio de la vivienda son los dos partidos mayoritarios que siempre han considerado a la construcción como el motor de la economía (en tanto que la construcción ofrece mejores y más fáciles “mordidas”). Proponemos que el Estado ponga el máximo interés en trazar una divisoria entre el poder y la influencia del sector inmobiliario y el poder político en todos sus niveles administrativos.
88. Consideramos que la llegada masiva de inmigrantes es una de las causas principales de elevación del precio de la vivienda de propiedad y de alquiler que ha repercutido negativamente en nuestra población. Así mismo denunciamos la facilidad suicida con la que se han concedido créditos hipotecarios a inmigrantes sin trabajo estable, no habituados al consumo a crédito, con el riesgo que implica el que el castillo de naipes de las hipotecas se desplome. Las instituciones bancarias realizaron una mala práctica y la sociedad no tiene ninguna obligación de “salvarlas”.
Educación
89. Recordamos que España tiene el dudoso honor de situarse a la cabeza del fracaso escolar en Europa. Los responsables de este fracaso tienen siglas y nombres: son los partidos que han gobernado España en los últimos 30 años cuya gestión en materia de educación debe de ser condenada en bloque. Se debe remontar el fracaso escolar mediante una enseñanza digna de tal nombre en la que se contagien valores y conocimientos y que preparen para la vida social y el ejercicio de una profesión, son nuestros principales objetivos en esta materia.
90. Afirmamos que el sistema educativo español registra una quiebra progresiva desde principios de los años 80 que ha llegado al límite con el gobierno ZP. Es preciso revisar sin reservas lo que ha fallado y desterrar los sistemas y principios educativos que han fracasado, en lugar de persistir en su mantenimiento y ostentar así un fracaso más estrepitoso.
91. Denunciamos que en este momento, además del fracaso escolar, ha aparecido una violencia en las aulas que hace imposible la transmisión del saber en algunos centros públicos. Proponemos que cualquier alumno que dificulte la tarea educativa en las aulas y protagonice casos graves de violencia escolar sea tratado como delincuente. Los alumnos conflictivos deben ser expulsados de los colegios y agrupados en “centros especiales” para que pueda restablecerse la normalidad en las aulas.
92. Sostenemos que el gran problema de la enseñanza pública en este momento es haber restado al profesor del principio de autoridad. Defendemos la restauración del principio de autoridad en las aulas y la revalorización del trabajo del profesor, así como la necesidad de que solamente ejerzan su labor pedagógica docentes con capacidad para hacerse respetar.
93. Sostenemos que es preciso desterrar de las aulas el principio educativo que propone “aprender jugando” y restablecer el esfuerzo personal y la autodisciplina como los principales valores de transmisión del sistema educativo. Es preciso reintroducir la cultura del esfuerzo para sustituir a la absurda ordenación actual que permite que los alumnos de primaria pasen de un curso a otro, incluso habiendo suspendido todas las asignaturas y sin exámenes de septiembre.
94. Defendemos la necesidad de una enseñanza que transmita el valor del razonamiento lógico y la utilización de la memoria como instrumento del saber.
95. Defendemos una enseñanza que transmita valores instrumentales (esfuerzo, voluntad, capacidad de sacrificio, autodisciplina, la constancia, el heroísmo, el sentido y la ética del honor y de lealtad, la abnegación, la objetividad y la fidelidad a los valores tradicionales), por encima de los valores finalistas (tolerancia, pacifismo, universalismo, etc.). Por tanto, proponemos la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, mero mecanismo de concienciación ideológica del zapaterismo.
Cultura
96. Denunciamos el relativismo cultural instalado en nuestra sociedad a instancias del gobierno ZP y que es una de las peores muestras de la ideología globalizadora.
97. Afirmamos la existencia de una cultura española digna de ser conocida y transmitida a las generaciones futuras; esta cultura española forma parte de la cultura europea, tiene sus bases en el mundo clásico, en el mundo germánico que llegó con los visigodos y en el mundo cristiano.
98. Negamos la posibilidad del “diálogo de civilizaciones”, y la conveniencia de una apertura preferencial hacia el Islam, en lugar de una política de contención política y cultural.
99. Sostenemos la importancia de las culturas regionales y el hecho de que solamente se hayan presentado como contradictorias y rivales de la cultura española desde la aparición de los nacionalismos periféricos.
100. Reconocemos el valor de la tradición católica en la configuración de nuestra fisonomía cultural y sostenemos que esta confesión debe ser particularmente respetada y considerada por encima de cualquier otra.
101. Proponemos la transmisión a las nuevas generaciones de los valores humanistas tradicionales en Europa y del pensamiento científico más avanzado como muestra de la modernidad que siempre ha sido patrimonio de Europa.
102. Sostenemos que es preciso impulsar iniciativas de I+D tanto por la empresa privada como por el Estado. Allí donde no llegue uno, el otro deberá apoyar estos procesos creativos que tienen que ver también con la creación de las mejores condiciones de trabajo para los investigadores, evitar la fuga de cerebros y mantener el paso con la modernidad más avanzada en materia de desarrollo científico y tecnológico.
Reforma política
103. Identificamos importantes carencias en el sistema democrático español. Más que democracia estamos en una “plutocracia” (poder del dinero). Proponemos una profunda reforma que suponga convertir a nuestro sistema en una democracia digna de tal nombre en lugar de un sistema democrático devaluado y de escasa calidad.
104. Reconocemos en el desprestigio que rodea a la clase política en relación a la población, el aspecto más evidente de las carencias democráticas de nuestro sistema político. Ese desprestigio es el resultado de anteponer los intereses personales o de grupo a los intereses nacionales. Proponemos que no haya nada más elevado que el interés nacional y, en consecuencia que debe restarse poder a los partidos y limitar su influencia al poder legislativo.
105. Denunciamos el creciente abstencionismo y el número de votos nulos y en blanco como otra muestra de la crisis del sistema político. Proponemos que en el Parlamento estén representados los ciudadanos que se han negado a votar o que lo han hecho en blanco, mediante escaños vacíos que correspondan al porcentaje de abstencionistas.
106. Negamos que un sistema sea “democrático” solamente por que convoque elecciones cada cuatro años. Un sistema democrático implica la participación popular en la gestión de gobierno y el control de la gestión gubernamental.
107. Sostenemos la necesidad de aplicar una profunda reforma del sistema democrático y de la constitución sobre el aspecto esencial: es decir, aumentar los niveles de participación y representatividad.
108. Defendemos las listas abiertas y desbloqueadas como un primer paso para disminuir el peso de los partidos políticos y aumentar la vinculación entre la clase política y la población.
109. Exigimos un sistema de representación proporcional directo, sin las alteraciones introducidas por la Ley d’Hont en beneficio de los partidos mayoritarios.
110. Proponemos la transformación del Senado en una cámara corporativa con representación de los distintos sectores de la sociedad civil y sin representación de los partidos políticos.
111. Defendemos que se facilite al máximo el derecho a la consulta popular mediante referéndum vinculante en las decisiones políticas importantes.
112. Afirmamos que la reforma verdadera del sistema político consiste en restar poder a los partidos políticos y procurar que la representación popular sea más directa y auténtica.
Sanidad
113. Proponemos que la Seguridad Social cubra las necesidades de optometría y odontología, básicas para muchos ciudadanos y elimine de su lista de prestaciones las operaciones de cambio de sexo que interesan solamente a una exigua minoría.
114. Proponemos que las prestaciones y coberturas de la Seguridad Social sean iguales en todo el Estado y terminar con la absurda situación actual en donde unas autonomías ofrecen unas prestaciones que otras evitan y viceversa. Si los españoles somos iguales ante la ley, en todas las autonomías del Estado debemos gozar de las mismas prestaciones.
115. Proponemos que el gobierno asuma la difusión de sanos hábitos de vida que eviten la aparición de determinadas enfermedades y eviten la saturación de los servicios sanitarios. La medicina preventiva debe empezar en la propia vida personal de los ciudadanos.
116. Defendemos que la primera exigencia en la asistencia sanitaria pública es la calidad de los servicios, la rapidez y la prontitud tanto en urgencias como en medicina especializada.
Defensa del medio ambiente
117. Proponemos que, más allá de la alarma social generada en los últimos tiempos por la difusión de documentales sobre el cambio climático, aumenten los presupuestos de investigación sobre estudios medioambientales hasta que se esté en condiciones de construir un modelo matemático que muestre el impacto real para nuestro país del actual proceso de deterioro medioambiental, más allá de los artículos de divulgación periodística. Solamente conociendo las raíces y la extensión del problema estaremos en condiciones de habilitar las soluciones adecuadas.
118. Proponemos que se revise el Plan Hidrológico Nacional y se retorne a la idea de trasvasar el 5% del caudal del río Ebro al Levante Español, o de lo contrario, amplias zonas de cultivo serán dependientes de agua procedente de las desaladoras, disminuyendo la calidad de los cultivos.
119. Proponemos una revitalización del campo español y la proscripción de las sistemáticas recalificaciones de terrenos de uso agrícola a terrenos urbanizables.
120. Proponemos armonizar el crecimiento económico (y por tanto el crecimiento del consumo energético) con las medidas de sostenibilidad del medio ambiente, incentivando el ahorro de energía y la investigación sobre técnicas de optimización de energía.
121. Proponemos una cultura del reciclado frente a una cultura del despilfarro, que debe iniciarse en las escuelas y en las empresas, esa cultura se debe basar en sólidos estudios técnicos y científicos y evitar la acumulación y extensión de los basureros municipales.
122. Proponemos la revitalización de nuestra ganadería y la protección de la trashumancia como un bien antropológico y cultural, y la forma más efectiva de mantener limpio el sotobosque pata evitar incendios forestales.
El Comité Electoral de E2000
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