Esto es lo que queremos (IV): ¿Qué plantea E2000 en materia autonómica?

Los riesgos de cerrar mal una constitución consisten el que en las décadas siguientes se van percibiendo los desfases y el sistema queda progresivamente más y más erosionado. Inicialmente, se trataba de “descentralizar” el Estado, algo de lo que incluso en los últimos tiempos del franquismo ya era asumido como una necesidad. Posteriormente, se trataba de enlazar con la “legalidad republicana” que había dado Estatutos de Autonomía a Catalunya y Euskadi y estaba a punto de dárselo a Galicia. Luego, los andaluces reivindicaron el suyo y, justo en ese preciso momento, la UCD descubrió el “café para todos”, porque era precisamente en las autonomías que quedaban en donde sus colores podían tener mayoría. Y así quedó España a mediados de los años 80 con el país parcelado en 17 “autonomías” que en absoluto respondían a criterios históricos, sino a necesidades de la clase política. Treinta años después, el país pasó a ser ingobernable y, lo que es peor, insostenible.

Bastó que soplaran los primeros vientos de la crisis económica para que muchos empezásemos a alertar sobre el hecho de que los presupuestos de las comunidades autónomas eran excesivamente abultados, que existían excesivos escalones administrativos y que las comunidades autónomas, en realidad, no habían descentralizado nada, sino que se habían limitado a crear nuevos polos de “centralidad” en cada  región. El principio por el que se movían las autonomías era que contra más competencias acapararan, era mejor, porque así dispondrían de más presupuesto, esto es, de más gasto y, por tanto, de más comisiones. Sí, porque lo sorprendente fue, desde el principio del “café para todos”, el descontrol del gasto público en las autonomías.
En primer lugar se sale reconociendo el problema. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Que el Estado de las Autonomías es mastodóntico e inviable, inasumible en tiempos de bonanza económica e imposible cuando sopla la crisis.
Reconocido esto hay que arbitrar una fórmula para renovarlo. ¿De verdad hay que renovarlo? ¿No sería mejor, hacer borrón y cuenta nueva? Sea como fuere de lo que se trata es de 1) aligerarlo, 2) eliminar niveles administrativos y 3) reducir el engranaje burocrático. Y esto implica necesariamente:

- Es preciso reducir el número de autonomías de las actuales 17 a no más de 7/8. Así pues, de lo que se trata es de abordar procesos de fusión. Estos procesos de fusión pueden tener como estímulo la historia o bien la voluntad de los propios habitantes, pero lo que está claro es que hay que reducir el número de autonomías. El “café para todos” no fue la solución.

- Es preciso reformar radicalmente las administraciones públicas y esto pasa por dos medidas esenciales: la disolución de las diputaciones provinciales con la transferencia de parte de sus competencias a los Ayuntamientos y otras partes a las Autonomías, y de otro lado proceder a la fusión de municipios para disminuir el número de Ayuntamientos y reconocer que algunos de ellos son completamente inviables. Así mismo, es preciso racionalizar la administración, utilizar las amplias posibilidades informáticas que existen hoy para reducir al mínimo las gestiones y facilitar el que cualquier gestión puede hacerse a través de Internet.

- Es preciso establecer el principio de que la “autonomía” no es derecho implícito en tal o cual región que, en realidad, forman parte del Estado e históricamente están vinculados al proceso que ha dado lugar a la nación española. El “derecho” a la autonomía tiene como contrapartida el principio de Lealtad al Estado. No se concede una autonomía para centrifugar al Estado, ni para vaciarlo de contenidos, ni, por supuesto, para crear una fuente de gasto y una nueva ubre para que las clases políticas regionales de los partidos mayoritarios se repartan nuevos paquetes de comisiones. La función de las autonomías es, simplemente, generar un escalón administrativo de proximidad que responda a una necesidad histórica presente en nuestro pasado y a unas características culturales propias que se han ido definiendo a lo largo del devenir histórico. Resumiendo: máxima autonomía a cambio de máxima lealtad al Estado.

- El proceso de reforma del Estado de las autonomías no puede concebirse sin una profunda reforma de las administraciones y del mismo concepto de Estado tal como está presente en el actual marco constitucional. Así pues, de lo que se trata es de abrir un proceso constituyen, en el momento en el que se den las circunstancias oportunas, que redefinan el papel de las autonomías, sus competencias, área de influencia, su funcionalidad y los motivos por los cuales una autonomía que no cumpla las expectativas depositadas en ella puede ser suspendida o intervenida.

- El momento histórico actual hace inevitable que existan cuatro niveles administrativos: el nivel europeo (recordar que E2000 a dicho “Sí a Europa, pero No a esta Europa”), el nivel Estatal, el nivel Autonómico y el nivel Local. El nivel europeo es todavía hoy un nivel en fase de construcción y del que no se sabe exactamente hacia dónde derivará en los próximos años. Pero sí que, en la actualidad, puede establecerse una “jerarquía” entre los otros tres niveles administrativos: el Estado está por encima de las Autonomías, como estas están por encima de las administraciones municipales. Solamente aceptando esto, será posible reconstruir la estructura de un Estado moderno con capacidad de gestión y con un volumen razonable.

- Las autonomías son algo connatural a la España tradicional. De hecho, España solamente tuvo forma centralizada a partir de Felipe V y de la importación de las ideas absolutistas que llegaron con los borbones primero y con el liberalismo jacobino en el siglo siguiente. Ese modelo “de importación” nunca fue el que correspondió a nuestro país, ni a nuestra tradición histórica que desde tiempos de la dominación romana ya había sido parcelado en zonas, parcelación que fue adaptada durante el período visigodo y, por supuesto, luego, durante los tiempos de la Reconquista. Más tarde, la recuperación de la “unidad nacional” (la unidad de principios y de objetivos ya existió desde la aparición de los focos de resistencia al Islam en la cornisa cantábrica y en los Pirineos) por los Reyes Católicos no supuso una “uniformización” del Estado que solamente se llevó a cabo a partir de la llegada de los borbones y que nunca pudo aplicarse por completo en un país grande y, por tanto, con tantas peculiaridades regionales. Es propio, pues, de la tradición español, el foralismo esto es el reconocimiento de autonomías regionales. Pero estamos en la modernidad y ese principio es el que hay que recuperar. El centralismo jacobino es hijo del liberalismo decimonónico, su aplicación constituyó un nuevo fracaso en la historia de España.

- Consideramos al nacionalismo como uno de los peores crímenes contra la patria. El nacionalismo supone la convicción de que las entidades regionales son superiores al todo, esto es al Estado y que, por tanto, o se les reconoce esta preeminencia o se independizan. En la práctica, el “reconocimiento de esta preeminencia” supone entregar más dinero a las clases políticas regionales. Por  tanto, los partidos nacionalistas solamente podrían tener espacio en una ordenación futura del territorio en cuanto asumieran el hecho de que si existen es para favorecer los intereses de una comunidad, pero sin menoscabo del resto del Estado y comprometiéndose a abstenerse de realizar el chantaje vergonzoso que los partidos nacionalistas realizan contra el Estado desde varias autonomías.

Estos principios son lo suficientemente claros como para que nadie se llame a engaño. Estamos hablando de identidad, de arraigo y estamos hablando de Estado y de Patria. Y no hay que tener miedo a decir que no solamente en el Estado no tienen cabida los terroristas, sino que tampoco la tienen quienes intenten desgarrar a nuestra Nación.