Esta situación recuerda la misma que se dio en España durante la “restauración monárquica” cuando toda la actividad política estaba marcada por el fenómeno del caciquismo. Tampoco entonces se reconocía, pero la historia ha revisado aquel período y concluido que los desastres que ocurrieron y la ingobernabilidad del país se debieron a la preeminencia del caciquismo. Aquello no era democracia, gobierno del pueblo, era un “gobierno de los caciques”. Hoy, el régimen político no es tampoco una democracia, sino una “cleptocracia”.
No hay inocentes, la lacra de la corrupción se extiende desde, como mínimo el año 1984, por los dos grandes partidos y salpica de manera excepcionalmente impactante a los dos grandes partidos regionalistas, CiU y PNV. Ya no cabe decir aquello de que “los corruptos son una excepción”. En absoluto: los corruptos son la regla, aquellos a los que se les logra imputar judicialmente por casos de corrupción son una minoría y aquellos que ingresan salvarse de ir a prisión con las más endebles excusas (véase el “Caso Fabra” en donde la estrategia de la defensa consistió en ir dilatando el juicio hasta producirse la prescripción de cuatro de los cinco delitos de los que se acusa al antiguo presidente de la Diputación de Castellón) todavía menos.
¿Y los políticos “honrados”? Debe de haberlos, sin duda, pero uno de los timbres de honradez es no dudar en tirar de la manta ante los casos de corrupción de la propia formación… y de estos, la cleptocracia española no conoce ni un solo caso.
Los casos de corrupción son todavía más lacerantes en cuanto que han estado vinculados a la burbuja inmobiliaria o a grandes obras públicas presentadas como necesarias, cuando eran prescindibles desde todos los puntos de vista. En buena medida, la corrupción fue causante del aumento del precio de la vivienda, de la misma forma que determinadas infraestructuras están más ligadas a las comisiones que devengaron a sus promotores que a la necesidad de afrontarlas (véase el caso del aeropuerto de Ciudad Real, por citar uno solo).
Para colmo, aun en el momento en el que la crisis y los salarios de miseria golpean a la inmensa mayoría de los trabajadores, los casos de corrupción resultan todavía más escandalosos: unos políticos corruptos piden el voto de los trabajadores y las clases medias para ascender al poder y saquear las arcas públicas que luego son rellenadas ejerciendo presión fiscal.
España 2000 reprueba todos estos comportamientos corruptos y sitúa la corrupción como uno de los males endémicos que han conseguido desvirtuar completamente la democracia en nuestro país. El hecho de que los casos de corrupción alcancen a la misma familia real (véase el “Caso Urdangarín” que se está desarrollando precisamente estos días) parece indicar que “del rey abajo, todos” y que si en el entorno de la familia real existe corrupción cuando, en realidad, una de sus pocas funciones sería dar ejemplo de civismo y ciudadanía, es que cualquier ciudadano puede tener una excusa para corromperse.
España 2000 dice: ¡hay que acabar de una vez por todas con la corrupción y con el Estado de los Corruptos! Y para eso el pulso no debe temblar.
España 2000 en su programa político explica en los puntos 60 a 68 cómo afrontar la corrupción. Los reproducimos a continuación:
60. Consideramos que los delitos de corrupción suponen un atentado contra la comunidad y, por tanto, cualquier forma que adopten debe ser castigada con el máximo rigor. Quien protagoniza delitos de corrupción está cometiendo delitos contra la Sociedad y el Estado. Estos delitos deben castigarse con una dureza ejemplar incluyendo penas de prisión y confiscación de bienes por el valor de lo defraudado.
61. Afirmamos que toda la clase política se encuentra bajo sospecha de corrupción. El político honesto hoy, sería la excepción a la regla que impera, según la cual el papel del político es “servirse del pueblo”, en lugar de “servir al pueblo”. Defendemos que la honestidad es el primer valor a defender en política, del cual derivan todos los demás.
62. Sostenemos que la política municipal es el receptáculo privilegiado y el más habitual de todo tipo de corruptelas. Deben ampliarse los medios y atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción.
63. Proponemos la creación de una unidad especial de policía especializada en la lucha contra la corrupción en el ámbito municipal. Los partidos a los que pertenezcan los corruptos deben ser considerados como responsables civiles subsidiarios a la hora de indemnizar a la comunidad, salvo en el caso de que los propios partidos hayan denunciado a sus propios compañeros en episodios de corrupción.
64. Sostenemos que los delitos de corrupción no deben prescribir y que el corrupto responde con su patrimonio familiar y el de los que se han beneficiado de sus corruptelas.
65. Afirmamos que el Estado no debe dudar a la hora de retirar las competencias municipales y disolver aquellos ayuntamientos que se hayan visto salpicados por los casos de corrupción.
66. Sostenemos que ante la generalización de los casos de corrupción es preciso examinar de cerca los patrimonios de todos los concejales y de sus entornos, especialmente, en las zonas “calientes”, antes de hacerse cargo y después abandonarlo.
67. Sostenemos la necesidad de una mayor transparencia en la gestión municipal. Si esta transparencia no existe, el gobierno no debe dudar a la hora de decretar la disolución del ayuntamiento afectado.
68. Consideramos cualquier comisión cobrada por cualquier motivo y no declarada a Hacienda como corrupta y, por tanto, imputable como delictiva.
La novedad de este programa es la consideración del delito de corrupción como un delito contra la Comunidad y, por tanto, que debe ser castigado con la máxima dureza. La consideración de los partidos como “responsables civiles subsidiarios” de las indemnizaciones acciones realizadas por los corruptos, salvo en el caso de que la: esta es la única forma de que los partidos realicen una selección de sus cuadros dirigentes y los cargos públicos sean elegidos entre los más honestos.
Creemos que estos puntos son los MÍNIMOS que un gobierno que realmente haga de la lucha contra la corrupción un objetivo prioritario, debe asumir. Cualquier otro proyecto de erradicar la corrupción en España que no coja al toro por los cuernos no pasará de ser un parche técnico.
Hay algo más: es preciso encuadrar la corrupción dentro del contexto histórico que le es propio: la elaboración de la Constitución de 1978 que ha dado lugar el “régimen” actual. Aquel texto no nació de un proceso constituyente sino del acuerdo entre los llamados “padres de la Constitución”. Estos configuraron un sistema hecho para que el centro-derecha y el centro-izquierda se eternizaran en el poder, cuando no tenían mayoría absoluta recurriendo al apoyo de los partidos regionalistas. Así nació la “banda de los cuatro”, y no es por casualidad que la inmensa mayoría de casos de corrupción hayan sido protagonizados por estos cuatro partidos: PP, PSOE, PNV y CiU.
El mal no está anidado solamente en los partidos políticos, sino en el propio “régimen”. De ahí que para alejar de nuestro país las sombras de la corrupción sea necesario REFORMAR LA CONSTITUCIÓN EN PROFUNDIDAD O ABRIR EL PROCESO CONSTITUYENTE QUE NO SE ABRIÓ EN 1978…
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