España 2000 agradece el apoyo mostrado por votantes y militantes

Cuando ha concluido la campaña electoral y nuestro partido ha triplicado los resultados obtenidos en anteriores elecciones cabe calificarlos como “insuficientes” aunque “esperanzadores”. Nuestras dos candidaturas han obtenido casi 10.000 votos en Castellón y en Valencia, mejorando tanto numérica como porcentualmente. En cuanto a las votaciones en el senado 8.159 votos han avalado la candidatura de Samuel Azor en Valencia y otros 4.185 la de Abel Cebrián en Castellón (1,45%).

En Gandía con 230 votos al congreso nos hemos situado como la sexta fuerza política más votada, duplicando los votos obtenidos en 2008. Respecto a las candidaturas del senado Samuel Garrido Andreu ha conseguido 303 votos, Ramona Azucena Pelayo Sanz 231 y Juan Vicente Santacreu Ferrer 191.

Agradecemos, pues, a los votantes que han confiado en nosotros y nos han entregado su voto. A pesar de que no hayamos alcanzado el objetivo que todo partido se forja al concurrir a unas elecciones, hemos mejorado posiciones y ahora sabemos que un sector creciente del electorado se está aproximando a nuestras posiciones. Así pues, a todos, gracias.

España 2000 mantiene el compromiso que adquirió con estos electores identificados con el eslogan que hemos enarbolado a lo largo de la campaña:
NI UNO MÁS, NI UN INMIGRANTE MÁS – NI UN PARADO MAS – NI UN CORRUPTO MÁS. Leer más...

VOTA A ESPAÑA 2000, VOTA POR TU PAIS, POR TU GENTE Y POR LOS QUE SON COMO TÚ

Cuando deposites tu voto piensa en quienes han hecho posible que nuestro país se haya convertido en una ruina, una verdadera República del Calimocho, repleta de parados, de inmigración masiva, de corruptos, con unas instituciones inoperantes que en tres años y medio de crisis han conseguido generar un agujero de ¡un billón de euros! completamente impagable. PP y PSOE son culpables: PP por haber creado un modelo económico inviable a medio plazo y PSOE por no haber sabido reaccionar a lo largo de la crisis y haber tomado medidas absurdas que han generado una deuda increible. Ni PP ni PSOE son inocentes: ELLOS SON LOS ÚNICOS CULPABLES.

Y ahora tienes la oportunidad de protestar votando a las candidaturas de España 2000 que te dicen: NI UNO MAS. Ni un inmigrante más, ni un parado más, ni un corrupto más.
 
- Queremos que sean repatriados los excedentes de inmigración.
 
- Queremos que se persiga con saña a los corruptos en tanto que criminales contra la comunidad.
 
- Queremos que se rompa con la globalización, se reimplanten aranceles, se eliminen los impuestos contra las rentas procedentes del trabajo y se aumenten los impuesto contra las rentas del capital.
 
- Queremos un nuevo sistema electoral más justo y una reforma constitucional en profundidad: menos burocracia, menos administraciones y más eficacia.
 
- Queremos que se reabra la investigación sobre el 11-M y se paralice la negociación con los terroristas.
 
- Queremos, en definitiva, que en España, los derechos y los intereses de los españoles se sitúan por delante de cualquier otra cosa.
 
Por eso decimos: en España, los españoles primero, nuestra gente primero.
 
Vota a España 2000 el próximo 20-N, vota a los que son como tú, vota ideas nuevas, rostros nuevos y voluntades nuevas. ¡Que nadie te engañe! ¡No olvides que gracias al PP y al PSOE estamos en el punto de crisis en que nos encontramos! ¿Les vas a “recompensar” con tu voto?
 
Dí ¡BASTA YA! ¡Apoya las candidaturas de E2000! ¡VOTA A E2000 Leer más...

Las posiciones de E2000 (V): Nuestra política internacional

Hasta el 8 de noviembre de 1989, cuando cayó el muro de Berlín, Europa había estado dividida desde 1945 en dos bloques. Este ciclo se conoce como la Guerra Fría y supuso la existencia de un duopolio para repartirse la hegemonía mundial EEUU y la URSS, los dos grandes vencedores de la II Guerra Mundial se repartieron el mundo y se enfrentaron a lo largo de 40 años. Pero hacia mediados de los años 80, la URSS empezó a tener problemas (no pudo soportar la Guerra de las Galaxias que le impuso Reagan y no disponía de presupuesto suficiente para responder, su cadena de alianzas defensivas, el Pacto de Varsovia, estaba muy debilitada por la defección polaca, sus tropas estaban empantanadas en la guerra de Afganistán y, para colmo, el sistema comunista se había esclerotizado.

A partir de la caída del muro de Berlín y de la victoria de las tropas norteamericanas sobre Irak en la guerra de Kuwait, hicieron que a partir de 1989, con la URSS derrotada, se entrara en un nuevo período: del “bilateralismo” de la guerra fría, se pasó al “unilateralismo” que abarcó desde 1989 hasta 2007, este es el período dorado del “imperio americano”, pero también de la globalización.

Sin embargo, a partir del inicio de la  crisis de las subprime en 2007 empezó a percibirse que la globalización generaba un sistema económico mundial desequilibrado muy sensible a cualquier pequeña alteración y asimétrico en cuanto a sus resultados. Por otra parte, a partir del año 2000 empezaron a aparecer actores políticos regionales (Brasil, Irán, India) no considerados hasta entonces, fenómeno que se unió al emerger de Rusia como potencia reconstruida tras la catastrófica gestión de Boris Eltsin y a la consolidación de China como superpotencia.

Estos acontecimientos coincidieron con la agudización de la crisis norteamericana que se dejó traslucir por sus 12 billones de dólares de deuda externa, su incapacidad militar para vencer en Irak y Afganistán, la financiarización creciente de su economía, el aumento de la pobreza y, especialmente, por la aparición de minorías étnicas que rompían el monopolio cultural anglosajón (especialmente, hispanos).

En el momento de escribir estas líneas, todo induce a pensar que se ha alcanzado hace tiempo el límite del “unilateralismo” y que nos encaminamos a un ciclo histórico en el que el “multilateralismo” será la regla. Y en esta circunstancia es preciso que tengamos claro qué somos, lo que somos, quienes son nuestros aliados y cuál debe ser nuestra política interior. Por eso, cuando nos dicen que E2000 carece de ideas en política exterior, nosotros decimos, estas son nuestras ideas:

Consideramos que el “multilateralismo” es superior al “unilateralismo” y al “bilateralismo” inmediatamente anteriores, de la misma forma que una banqueta es más estable apoyada en cuatro patas que en una o que en dos. Por otra parte, la posición de ponerse a remolque de los EEUU, es una postura absurda: los imperios no tienen “aliados”, tienen “vasallos”. Pues bien, ésta ha sido la postura tanto de Aznar como de Felipe González, como de Zapatero especialmente en su segunda legislatura.

Queremos la independencia del poder imperial declinante de los EEUU. Somos una nación soberana que está condicionada por su situación geopolítica: país europeo situado en un extremo de Europa, puente con América. Estamos anclados en Europa, tenemos frontera común con países europeos y somos herederos de la cultura greco-latina y cristiana. Nuestros vínculos con los países europeos son superiores a los que tenemos con cualquier otro bloque geopolítico: somos Europa, sin embargo, hay que matizar esta idea.
El tratado de adhesión de España con la UE se negoció mal y fue lesivo para amplios sectores de nuestra economía. Fue el pago de Felipe González a la socialdemocracia alemana por haberle reconstruido el PSOE durante la transición. Se trata de renegociar este acuerdo. Sostenemos un SI a Europa, pero un NO a esta Europa.

Otro tanto cabe decir de la OTAN: esta estructura no es más que una alianza al servicio de los EEUU. Europa tiene hoy intereses muy distintos a los de EEUU. Necesitamos unas fuerzas armadas eficaces dentro de un contexto de defensa europea. Nos negamos a que nuestras tropas participen en aventuras coloniales (Afganistán, Irak, etc.) en donde no nos jugamos nada y en donde no existen intereses de defensa nacional. El retorno de nuestros soldados de Afganistán, es urgente, necesario e indiscutible y a la voz de ya y debe ir en paralelo a la disolución de la OTAN en sus actuales circunstancias y a la formación de una Comunidad Europea de Defensa.

En la actualidad algunos proyectos científicos son inviables sin la cooperación de varios Estados. Sólo queda delimitar cuál es nuestro marco geográfico: Europa, por supuesto. Europa es hoy relativamente homogénea y culturalmente procede del mismo marco, por lo que sus naciones están llamadas a cooperar. Sostenemos que la ruptura con la globalización debe de protagonizarla Europa configurándose como un bloque de poder político y económico emancipado completamente de la alta finanza internacional y de los EEUU.
Sostenemos que “Europa” es un concepto amplio que abarca desde Lisboa hasta los Urales y que ese bloque puede ser autónomo, coherente y garantizar la independencia de cada una de sus naciones a condición de someter al capital financiero internacional y a erradicar su poder.

La colaboración de Europa con América puede realizarse solamente a través de España que debe de operar como puente entre ambos continentes aprovechando el hecho de que nuestro idioma está hablando hoy por 450 millones de personas, incluso en los EEUU, en donde ya es idioma mayoritario en algunas zonas.
Por otra parte,  España debe de estar pendiente de lo que ocurra en su entorno inmediato, especialmente en el Magreb. La política a adoptar en esa dirección es simplemente de contención. Esa contención puede realizarse a través del Mediterráneo y de establecer en ello uno de los pilares de la defensa europea común.

En la actualidad, la política internacional parece algo alejada de los intereses de las poblaciones. Sin embargo, no lo está. Una variación en el precio del trigo repercute inmediatamente en la bolsa de la compra. Es preciso tener en cuenta que la crisis económica internacional introduce un factor de riesgo. El capitalismo tiene tendencia a salir de sus crisis organizando guerras de destrucción masiva. En el momento actual, algunos “señores del dinero” parecen empeñados en poner en marcha los mecanismos de producción atizando un nuevo conflicto en Oriente Medio, lo que constituiría la IV Guerra Árabe-Israelí. Ante esta eventualidad, es preciso recordar que Europa no se juega nada esencial en ese teatro de operaciones y que, por tanto, no es necesario tomar partido ni por unos ni por otros.

El principio final a seguir en política internacional no puede ser otro más que el de reconocer en la soberanía nacional el principal baluarte y estímulo contra la globalización y reconocer que el gran riesgo de los pueblos libres es precisamente el romper con la globalización.

Y esta es precisamente la línea de E2000 en política internacional. A pesar de que unas propuestas de este tipo serían extensas, hemos intentado resumir en estas líneas, las posiciones esenciales que contribuirían a crear una línea política internacional coherente y aceptable, conveniente y decidida, para nuestro país. Leer más...

100 puntos para solucionar el problema de la inmigración

Por una política de control de la inmigración
Preferencia nacional e identidad nacional:
1. Todas las medidas que siguen se resumen en una idea-fuerza: “preferencia nacional”. El hecho de haber nacido en España y tener antecedentes familiares que hayan contribuido a construir nuestras naciones, debe ser considerado como origen de la “preferencia nacional”. Esta preferencia se pondrá de manifiesto en el derecho de preferencia de los ciudadanos españoles a la hora de aspirar a algún puesto laboral o beneficio social. La preferencia nacional implica simplemente: “Los españoles primero”.
2. Las medidas reguladoras de la inmigración legal e ilegal deben tener como objetivo la preservación de la “identidad nacional”, es decir, la pervivencia en el tiempo de los rasgos propios de la cultura occidental y de las culturas nacionales en los países de la Unión Europea. En el momento en que la inmigración supera la barrera del 4-5%, los inmigrantes ya no experimentan la necesidad de integrarse en la sociedad en la que viven, sino que tiende a la formación de guetos, verdaderos enclaves de otras nacionalidades en territorio español.
Objetivo: contener a la inmigración masiva repatriar a los excedentes:
3. El gobierno tiene la obligación de poner todos los medios a su alcance para cortar radicalmente, de una vez y para siempre, la oleada migratoria que estamos sufriendo y que no lleva camino de concluir, ni siquiera en tiempos de crisis. Fuerzas policiales, fuerzas armadas, servicios de inteligencia y sistemas electrónicos deben ser puestos en marcha para bloquear la llegada de ilegales por tierra, mar y aire.
4. Dada la riada migratoria que se ha producido a partir de 1996 que nos ha traído a 7.000.000 de inmigrantes (1.000.000 hoy ya cuenta con la nacionalidad española y solamente 1.400.000 cotizan a la Seguridad Social por las franjas salariales habitualmente más bajas) la única solución para afrontar la losa que supone el subsidiar a una masa inerte de esta envergadura es proceder a la repatriación a sus países de origen de entre 4 y 4:500.000 de inmigrantes antes de que sigan siendo uno de los factores que más acrecientan la deuda española.
Inmigración ilegal -> expulsión inmediata:
5. La llegada a España sin la debida documentación es un acto ilegal que debe ser perseguido de oficio. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Todo inmigrante ilegal llegado a nuestro territorio será inmediatamente devuelto al país del que partió, sin más dilación.
6. Es preciso reformar la ley de inmigración y derogar los artículos relativos a la “regularización por arraigo social” que supone premiar a los inmigrantes llegados ilegalmente tras dos años de persistir en esa situación de ilegalidad.
7. El hecho mismo de aparecer en el territorio de la Unión Europea sin la documentación adecuada supone una infracción que debe generar como única consecuencia inmediata la expulsión con prohibición de retorno a cualquiera de los países de la Unión en los diez años siguientes.
8. La condición de “refugiado político” no será tenida en cuenta más que en aquellos casos en donde sea relevante y demostrable. El “estatuto de refugiado político” no puede ser un “coladero” para retrasar la expulsión.
9. Las peticiones de asilo político se deberán realizar en los consulados españoles más próximos al país del cual el aspirante ha huido.
10. Declararse fraudulentamente perseguido político o, ciudadano de un Estado que no es el propio, falsificar los datos sobre la propia identidad se considerarán delitos extremadamente graves y serán castigados con la expulsión inmediata e inapelable y con la prohibición de por vida de retornar al territorio de la Unión.
La condición para entrar en España
11. Todo inmigrante que pretenda trabajar en España y en el territorio de la UE, debe entrar en nuestro país con los permisos concedido deberá tener contrato previo de trabajo, mediante examen realizado por las autoridades de extranjería y lugar de residencia.
12. Las empresas y personas físicas que accedan a realizar propuestas de trabajo fraudulentas serán consideradas como culpables de intentar un fraude de ley y serán penados con penas de multa y prisión.
13. Los inmigrantes que se acojan a los cupos deben entregar sus solicitudes en las delegaciones consulares de nuestro país en el extranjero. No puede haber ningún tipo de excusa para infringir esta norma. Cualquier inmigrante que haya ingresado ilegalmente en el territorio español está en situación de franca ilegalidad y, por tanto, debe ser inmediatamente conducido a la frontera por la que accedió a nuestro país.
14. Los inmigrantes que deseen ingresar en el territorio de la Unión serán sometidos a un riguroso examen médico en cualquiera de las representaciones diplomáticas europeas presentes en el país de origen. Se les practicarán pruebas necesarias para evitar que penetren en nuestro territorio aquellos que padezcan enfermedades o virus tropicales, enfermedades infecciosas o aquellas dolencias que les impidan desarrollar normalmente el trabajo.
15. El inmigrante para ser admitido en España debe realizar una declaración jurada en la que acepta acatar las instituciones políticas españolas y no conspirar contra ellas.
16. Será una condición previa para ingresar en España el dominio de la lengua española y de la legislación española constatado mediante un examen realizado en el consulado español más próximo al lugar de residencia del aspirante a inmigrar a España.
17. Se favorecerá la presencia de una inmigración cualificada profesionalmente para el ejercicio de la profesión que se ha venido a desempeñar. Se exigirá algún tipo de certificado que demuestre que el aspirante a un permiso de residencia y trabajo conoce el oficio o la profesión que viene a desempeñar.
18. Las oficinas de las Delegaciones del Gobierno destinadas a recoger documentación de extranjeros destinados a su legalización en nuestro territorio deben atender sólo a renovaciones de permisos, no a su concesión, ni a su recepción, que corresponden a nuestras delegaciones consulares en el extranjero.
Sobre la temporalidad de la inmigración:
19. La concesión del permiso de residencia y de trabajo no pueden ser cartas en blanco para toda la vida. Deben estar sometidas a permanente revisión anual: el inmigrante debe de demostrar que sigue trabajando en alguna empresa y cotiza a la seguridad social regularmente y el mercado laboral debe dar signos inequívocos de requerir su presencia.
20. El cese de la cotización por un período de 90 días implicará el cambio a una situación de irregular y la repatriación consiguiente.
Carnés de conducir para inmigrantes:
21. Los Carnés de Conducir de los países de origen no europeos serán considerados inválidos en el territorio de la Unión, aunque sean “permisos internacionales” tramitados en los países de origen, a la vista de la ligereza con la que se falsifican o se compran estos permisos. Los inmigrantes que deseen tener acceso al Carné de Conducir deberán realizar el mismo examen teórico y las mismas pruebas preceptivas que vienen realizando los ciudadanos españoles
Causas de repatriación:
22. El fraude a la seguridad social, la simulación de enfermedades, el fraude en las cotizaciones serán considerados como motivos suficientes para la repatriación inmediata.
23. La falsificación de cualquier documento a fin de obtener la regularización, el fraude de ley y la simulación de situaciones contractuales serán motivo de repatriación inmediata.
24. La participación en acciones de protesta y ocupaciones colectivas, exigiendo derechos no contemplados en la legislación de extranjería, serán objeto de repatriación inmediata.
25. La permanencia en España (después de haber agotado el visado turístico), será automáticamente motivo de repatriación con prohibición expresa de retornar a la totalidad del territorio de la Unión.
26. La defensa de ideas y planteamientos políticos o religiosos, contrarios al ordenamiento legal comunitario y a cada una de las constituciones nacionales de los países que integran la Unión serán perseguidas de oficio y las infracciones, castigadas con la repatriación y prohibición de retorno a la totalidad del territorio de la Unión.
27. Se pondrá particular énfasis en la persecución de los matrimonios de conveniencia y se castigará a ambas partes con multa y pena de prisión y a la parte extranjera con la expulsión inmediata al concluir la condena.
Atajar la violencia doméstica:
28. El ejercicio de la violencia domestica será motivo de expulsión inmediata en cuanto se cumpla la condena penal a que se hace acreedor el maltratador.
29. Se pondrá especial énfasis en el maltrato a los niños y será considerado delictivo la realización de prácticas abominables como la ablación del clítoris en las niñas.
Limitación a los derechos políticos de los extraeuropeos:
30. Los inmigrantes con permiso de residencia serán considerados extranjeros en España y en el territorio de la Unión y, por tanto, no contarán con derechos políticos. Sin embargo, podrán organizarse en asociaciones culturales para la defensa de sus intereses. Asimismo, les serán reconocidos plenos derechos sindicales.
Limitación a las reagrupaciones familiares:
31. Las reagrupaciones familiares no se admitirán antes de que se cumplan los 5 años cotización a la Seguridad Social.
32. En caso de querer acceder al mercado de trabajo, la cónyuge o los hijos, si tienen edad, deberán entrar con contrato de trabajo.
33. En caso contrario, el solicitante deberá demostrar que puede mantener con su sueldo a su mujer e hijos, junto con un compromiso firmado de no recurrir a la asistencia social, y demostrar, asimismo, que dispone de un trabajo estable y contrato fijo.
Inmigración y delincuencia:
34. Cualquier inmigrante que haya sido detenido por haber cometido un delito será expulsado inmediatamente cuando cumpla íntegramente su condena de cárcel.
35. Antes de la expulsión, las indemnizaciones a las que hayan dado lugar la comisión de sus delitos, así como costas judiciales y los gastos de retorno serán pagados mediante el trabajo penitenciario. Sólo cuando se satisfagan esos importes se tendrá acceso a beneficios penitenciarios de reducción de condena.
36. La condición de inmigrante implicará necesariamente un juicio rápido sin posibilidades de libertad con o sin fianza.
37. Se firmarán convenios con los países emisores de inmigrantes para que sus delincuentes presos en España puedan cumplir la condena en el país de origen.
38. La comisión del primer delito o falta implicará necesariamente la imposibilidad de alcanzar de por vida el permiso de residencia en el marco de la Unión Europea.
39. Los presos de origen extranjero serán albergados en cárceles especiales habilitadas solamente para ellos sin contacto con presos españoles de las que solamente saldrán para ser expulsados por vía de urgencia cuando se extinga la condena.
40. Los inmigrantes que viven en el territorio nacional deben tener la obligación de declarar sus ingresos y sus medios de vida en nuestro país, para evitar que haya bolsas de inmigración que viven o bien de la delincuencia o bien del trabajo negro o bien de tráficos ilícitos.
41. Cualquier inmigrante que no pueda justificar fehacientemente sus medios de vida en España, será inmediatamente repatriado.
Los menores delincuentes:
42. Se establecerá una legislación especial para los niños delincuentes habilitándose departamentos para jóvenes en centros de menores cerrados, sin contacto con jóvenes españoles.
43. El niño delincuente, podrá evitar la estancia en el centro de menores tras el primer delito, optando por la repatriación inmediata; de lo contrario, tras la pena de prisión será entregado a las autoridades consulares del país de origen las cuales tendrán el compromiso de entregarlo a sus padres en su país.
44. En tanto que menores, los niños que hayan optado por la inmigración ilegal, aun sin entrar en los circuitos de la delincuencia, no quedarán a cargo del Estado Español como en la actualidad, sino que serán inmediatamente entregados a la oficina consular más próxima del país de origen para que puedan ser reintegrados junto a su familia en el plazo más breve posible.
45. El hecho de que el menor se niegue a explicar cuál es su país de origen, no será razón para imposibilitar la repatriación o en cualquier caso la expulsión al país del que procede. Se realizarán las averiguaciones pertinentes para establecer el origen y se entregará al menor en la oficina consular más próxima al mismo.
46. Los miembros de las bandas latinas que hayan cometido delitos particularmente graves (robos sistemáticos con intimidación y violencia y delitos de asesinato) serán expulsados junto a sus padres.
Impedir la difusión del fundamentalismo islámico:
47. Se pondrá particular énfasis en el control a la difusión del Islam fundamentalista y radical, con prohibición expresa de difundir doctrinas de odio, revancha, guerra santa u oposición a la ordenación política vigente.
48. En tanto que religión ajena a la tradición y a la historia europea, la religión islámica no gozará de ninguna subvención, estatuto jurídico o derecho especial, mientras los países árabes en su conjunto no actúen con reciprocidad ante cultos cristianos.
49. La ablación del clítoris, será perseguida con particular énfasis por las distintas autoridades de la seguridad del Estado, aplicándose todo el peso de la ley a los familiares de la víctima, los inductores religiosos de la mutilación y a los ejecutores materiales de la misma.
50. Se prohibirá el uso de público de prendas de carácter religioso no europeo, por personas no consagradas a la vida religiosa.
51. La poligamia será perseguida en España y en todo el territorio de la Unión Europea, siendo una condición expresa para la concesión del permiso de residencia el disponer de una sola esposa.
52. Se prohibirá la predicación del Islam radical y fundamentalista y se solicitará a los imanes que expongan su posición para comprobar que su visión religiosa responde a la legalidad vigente, así como el compromiso de que serán esas y no otras las posiciones predicadas.
Limitaciones a la libre circulación de extranjeros:
53. Los inmigrantes, en tanto que no son ciudadanos españoles ni de la Unión Europea, carecen del derecho a la libre circulación de personas en su interior. El “Espacio Schëngen” no debe regir para la inmigración no europea que estará sometida a controles fronterizos.
54. El permiso de trabajo de un inmigrante es concedido por el consulado de una nación de la UE y restringido a esa misma nación, con prohibición expresa de pasar a otra sin comunicarlo previamente.
55. El tránsito de inmigrantes de cualquier país fronterizo al territorio español será considerado como forma de inmigración ilegal mientras el interesado no cuente con los permisos necesarios obtenidos del consulado español más próximo a su lugar de residencia.
Limitaciones a las ayudas sociales y a las becas:
56. Los contingentes de inmigración sólo podrán acceder a las ayudas sociales y becas en un porcentaje idéntico al de su presencia en esa provincia. Si en una provincia concreta, la inmigración representa un 7%, nunca se les podrá conceder ayudas de más de un 7% en becas, ayudas alimentarias, etc.
57. En el terreno de las becas y las ayudas sociales, se concederán preferentemente a ciudadanos españoles. La nacionalidad será un factor prioritario para hacerse acreedor de cualquier tipo de ayuda estatal, municipal o autonómica.
Control sobre los grupos nacionales conflictivos:
58. Los servicios de seguridad del Estado someterán a vigilancia particular a aquellos grupos nacionales de inmigrantes que demuestren una particular conflictividad y unas tasas superiores y anómalas de delincuencia.
59. Se endurecerán las medidas de admisión para inmigrantes procedentes de nacionalidades que estadísticamente se compruebe que aportan una mayor conflictividad. Este endurecimiento puede llegar a la prohibición total en caso de persistir la conflictividad de algunos grupos nacionales. La divisoria entre nacionalidades “conflictivas” y “no conflictivas” lo dará el porcentaje de delincuencia que registre su comunidad residente en España: si es superior a la tasa media de delincuencia serán considerados “conflictivos” aplicándose medidas excepcionales de control y pudiendo interrumpirse el flujo de inmigrantes procedentes de ese país.
60. Se favorecerá en cambio, la presencia de contingentes inmigrantes cuya conflictividad sea nula, aceptable o casi inexistente.
61. Las fuerzas de seguridad del Estado pondrán especial énfasis en la desarticulación y encarcelación de las redes internacionales de explotación sexual y prostitución emigrante. El gobierno regulara la prostitución con absoluto respeto a los derechos fundamentales de las personas, determinará los derechos y obligaciones de las partes implicadas y fijará y recaudará los impuestos que actualmente se sustraen a las arcas del estado.
Inmigración legal y preferencias:
62. En caso necesario, cuando exista pleno empleo entre españoles y la industria nacional requiera más mano de obra, se favorecerá la entrada de inmigrantes procedentes del exterior por este orden, atendiendo a su origen:
- La procedente de países de europeos y especialmente de los países del Este en negociaciones para entrar en la UE.
- La procedente de países latinoamericanos, primando a aquellos países cuyos contingentes residentes en España hayan demostrado ser los menos conflictivos.
- La procedente del Sáhara y Guinea Ecuatorial.
- La procedente de países del entorno mediterráneo, siguiendo el mismo criterio: se pondrán limitaciones a países que hayan dado lugar a contingentes migratorios conflictivos frente a aquellos otros que no hayan generado conflictos.
- La del resto del mundo.
63. Se prohibirá absolutamente el empadronamiento de inmigrantes ilegales. Los ilegales deberán abandonar inmediatamente el territorio nacional.
Lucha contra las mafias de la inmigración:
64. Se cuidará particularmente que en los pisos ocupados por los inmigrantes no se produzcan las habituales situaciones de hacinamiento. Las condiciones higiénicas deben ser las habituales en un hogar europeo. Aquellos que permitan o encubran situaciones de hacinamiento serán llevados ante los tribunales.
65. Se perseguirá de oficio los “pisos patera” destinados a empadronar al mayor número de inmigrantes a fin de defraudar sobre el tiempo de permanencia en nuestro país.
66. Se prohibirá el alquiler de “camas calientes” o alquiler por horas de camas para inmigrantes que duermen en distintos turnos.
67. Facilitar el tráfico de seres humanos, la inmigración ilegal y falsificar papeles para obtener la residencia, en tanto que contribuyen a agravar el problema serán considerados como delitos de gravedad extrema y castigados como tales.
68. Se procederá de manera contundente y disuasoria ante las bodas de conveniencia y los fraudes en la contratación de extranjeros.
69. La creación de mafias, bandas y grupos criminales, se castigará con particular dureza, en especial aquellas que se dediquen al tráfico de drogas, introducción de inmigrantes ilegales robos con intimidación y todos aquellos delitos que impliquen alarma social. Las penas se aplicarán en su grado máximo y sin posibilidades de remisión.
Para evitar equivalencias “paro | inmigración”:
70. Se tenderá a la repatriación de los contingentes de inmigración en cuanto el mercado laboral sufra una alteración a la baja. No es el azar ni la voluntad de los inmigrantes lo que debe tenerse en cuenta, sino las oscilaciones del mercado laboral y las necesidades de la comunidad nacional.
71. Se facilitará la contratación en origen de inmigrantes para que desempeñen trabajos estacionales con el compromiso de retorno a su país en el momento en el que concluya el contrato.
72. Se priorizará la inmigración estacional para que permanezca en nuestro país aquellos meses de recogida y siembra en el sector agrario, o los veranos en el sector turístico. De común acuerdo el Estado y la Patronal de cada sector implicado financiarán los medios de acceso y retorno de los inmigrantes que vengan a trabajar en esos cupos.
Frente al fracaso de la integración: control total de flujos:
73. Las políticas de integración y asimilación que han fracasado en todo el territorio de la Unión Europea, deben ser sustituidas por la política de “control total” de los flujos migratorios y “tolerancia cero” en relación a la inseguridad generada.
74. Se evitará por todos los medios que la concentración de población inmigrante supere el 5% en cada ciudad o barrio. En cuanto se supere este porcentaje, ese municipio quedará cerrado para la instalación de nuevos inmigrantes. Tan solo demandas muy concretas de distintos sectores económicos pueden alterar este porcentaje.
75. La política del Estado tenderá a la “asimilación” de los inmigrantes (esto es, a la sustitución de sus costumbres, idioma, culturas de origen por la cultura, idioma y hábitos propios de nuestro país), en lugar de la integración (mantenimiento de la cultura y costumbres originarias de los países de origen).
Sanciones a los países que exporten inmigración masiva:
76. Los países que favorezcan la inmigración masiva serán excluidos de cualquier tipo de ayuda comunitaria. Para poder recibir este tipo de ayudas o un trato comercial preferencial será necesario cumplir estrictamente los acuerdos internacionales sobre flujos migratorios y colaborar en la repatriación de los inmigrantes ilegales.
77. Será considerado como un acto hostil a nuestro país o a la Unión Europea, la actitud de países que favorezcan voluntariamente el desvío de inmigrantes a Europa o el envío de medios, armas, propagandistas y ayudas que puedan suponer un enfrentamiento de estas comunidades con el pueblo y el gobierno español.
78. Se prohibirá expresamente a la administración española realizar concesiones económicas, préstamos sin retorno, condonaciones de la deuda exterior o cualquier compensación económica, a cambio de tomar medidas para contrarrestar la inmigración masiva. Esta técnica de negociación ya se ha intentado y ha provocado que nuestro país sea víctima del chantaje económico de cualquier sátrapa africano.
Sobre la obtención de la nacionalidad española:
79. La nacionalidad española no puede adquirirse con la facilidad con la que se adquiere en la actualidad. Deben disponer solamente de la nacionalidad española los nacidos de padre o madre españoles o aquellos nacidos en España de los que el padre o la madre sean españoles. Debe evitarse conceder la nacionalidad sistemáticamente, como se hace ahora, a los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada o los nacidos en España de padres extranjeros cuando ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.
80. Debe ampliarse el plazo para la adquisición de la nacionalidad para asilados políticos de los 5 años necesarios hoy a 15 años de residencia en España.
81. Debe ampliarse el plazo de residencia en España para filipinos, guineanos y sefardíes de 2 a 15 años.
82. Debe ampliarse el plazo de 1 año de residencia en España a 5 para los extranjeros nacidos en territorio español o los casados con un nacional a fin de evitar los matrimonios de conveniencia.
83. Se negará la nacionalidad española a los menores sujetos a “tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución” durante dos años consecutivos (como ocurre en la actualidad). Si se trata de menores que hayan entrado en España ilegalmente se les devolverá a su país de origen en el plazo más breve.
84. Los ciudadanos de origen extranjero a los que se les haya concedido la nacionalidad española y sean condenados posteriormente por cualquier tipo de delito, perderán automáticamente la nacionalidad desde el momento en que se emita la condena.
85. El haber servido en las FFAA españolas no dará acceso automáticamente a la nacionalidad española como ocurre en la actualidad.
Inmigración ilegal y asistencia médica:
86. El gobierno español asume los costos de asistencia médica de los inmigrantes en situación de ilegalidad, sin ningún tipo de restricción. Pero este criterio humanitario no debe impedir considerar la situación de ilegalidad en que se encuentran con las implicaciones de repatriación inmediata tras recibir el alta médica o el envío a su país de origen para ser atendido por la sanidad local en determinadas enfermedades crónicas.
87. Los inmigrantes que se encuentran sujetos a atención médica y en situación de ilegalidad deberán ser entregados a la delegación consular más próxima del país de origen, la cual deberá hacerse cargo de los gastos generados y de la repatriación posterior del interesado.
88. Se debe abolir la posibilidad de que un inmigrante en situación ilegal pueda empadronarse en un municipio. El empadronamiento solamente será admisible en casos de inmigración legal y de residentes de la UE en territorio español. Los Ayuntamientos se negarán a empadronar a los extranjeros en situación irregular.
89. No será precisa la tarjeta de empadronamiento para que un inmigrante ilegal reciba asistencia sanitaria, pero el centro médico en el que reciba asistencia tiene la obligación de comunicar a las autoridades policiales la presencia del ilegal a fin de proceder a su repatriación.
Inmigración y enseñanza:
90. Solamente la residencia legal en España dará acceso al sistema de enseñanza español. Los hijos de los inmigrantes ilegales, al igual que sus padres, deben ser repatriados al país de origen.
91. Solamente se admitirá en centros de enseñanza, públicos o privados, a los hijos de los inmigrantes legales que hayan nacido en España o se hayan acogido al reagrupamiento familiar con un perfecto dominio de la lengua española. Si no dispusieran de ese dominio, recibirían clases de adaptación en aulas especiales para evitar que sus dificultades lingüísticas entorpezcan al resto de alumnos.
92. Se pondrá especial énfasis en que no existan centros con altas concentraciones de inmigración. En ningún caso deberá existir más de 2 alumnos extranjeros por aula. En caso de existir en algunos barrios concentraciones más altas de inmigración, deberá procederse a la creación de aulas para inmigrantes formadas en función de su nacionalidad de origen.
93. Los alumnos inmigrantes deberán someterse a exámenes sobre la lengua, la cultura y la sociedad española para confirmar que están en el buen camino en el proceso de asimilación o integración en la sociedad española.
94. Cualquier agresión, falta de respeto o acto graves que atenten contra la tarea docente, el buen ritmo del aprendizaje o los principios de la sociedad española, será castigada con la expulsión del centro docente y el envío a aulas especiales.
95. En aras de la asimilación de la inmigración procedente de países islámicos, la enseñanza de la religión islámica quedará eliminada de las aulas. Las únicas nociones de religión que pueden impartirse en la enseñanza pública son las que corresponden a la tradición cultural y religiosa de nuestro país, esto es al catolicismo.
Apoyo al desarrollo del Tercer Mundo:
96. La inversión en países del tercer mundo emisores de inmigrantes no puede ser un cheque en blanco para las oligarquías locales. Desde el inicio de la descolonización la mayor parte de la ayuda concedida a determinados países del Tercer Mundo ha ido a parar a las cuentas cifradas de los oligarcas y caciques. Las nuevas ayudas sólo podrán entregarse a cambio del control, seguimiento y optimización de esas inversiones.
97. Se someterán bajo estricto control y fiscalización a las ONGs que trabajen, las cuestiones de ayuda a los países del Tercer Mundo. Se fiscalizarán semestralmente sus cuentas por auditorias en el territorio nacional y por los servicios consulares españoles más próximos al país receptor de la ayuda.
98. Se priorizará el trabajo de Cáritas para canalizar las ayudas y la atención a la inmigración en el territorio nacional y se evitará la entrega de fondos a ONGs de escasa entidad, mínima solvencia y nula eficacia.
Contra la “discriminación positiva”:
99. Cualquier medida que pueda ser considerada como “discriminación positiva” que menoscabe el derecho de los españoles a la prioridad en los puestos de trabajo y en las ayudas sociales, debe ser prohibida en cualquier nivel de la Administración y del Estado.
Inmigración y Fuerzas Armadas:
100. No se admitirán a extranjeros en las FFAA. La defensa nacional debe estar asegurada y garantizada por nuestros nacionales y no podrán incorporarse extranjeros ni a cambio de la nacionalidad, ni a cambio de una retribución económica. Mientras se extingue la actual situación generada por el PSOE en la que el 9% del personal de las FFAA es de origen extranjero, se evitará la concentración de extranjeros en algunas unidades y en las misiones desarrolladas en el extranjero (que llega hasta el 30%).
Final
La aparente dureza de algunas de las medidas propuestas tiene como única finalidad, no un trato injusto, xenófobo o racista del fenómeno de la inmigración, sino afrontar de manera rotunda la situación excepcional a la que nos han llevado las políticas del PP y del PSOE entre 1996 y 2011. El efecto llamada solamente puede ser contrarrestado mediante unas medidas excepcionales y contundentes que tengan capacidad disuasiva, conjuren de una vez y para siempre el efecto llamada y empiecen a invertir el fenómeno hasta que se alcanza el techo máximo de inmigración asumible para España, que no oscilará nunca más allá del 5%.
El Comité Electoral de E2000 Leer más...

Ni un parado más – Ni un corrupto más – Ni un inmigrante ilegal más

[E2000 en este programa asume las tareas generales de la reconstrucción nacional. No e incluyen en este programa las medidas relativas a la inmigración que, por su importancia, han sido desarrolladas en un documento aparte]

Centrifugación nacional
1. Definimos España como una nación, en absoluto como una federación de “naciones”. Esa definición debe estar implícitamente registrada en la Constitución.
2. Afirmamos que la mera existencia de estatutos de autonomía implica, como contrapartida una lealtad implícita al Estado, lealtad que no tiene fecha de caducidad y que es innegociable en términos económicos.
3. Rechazamos la clasificación de “regiones históricas”: cualquier región del territorio español es “histórica” y no solamente las que se beneficiaron de un Estatuto de Autonomía durante la II República. El término “regiones históricas” debe desaparecer de la Constitución.
4. Denunciamos el proceso de centrifugación, endeudamiento y descoyuntamiento del Estado en beneficio de las autonomías y, sostenemos, que el primer deber de los españoles es defenderse de ese proceso y reconocer el fracaso absoluto del llamado “Estado de las Autonomías”.
5. Sostenemos la inviabilidad de un Estado moderno parcelado en 17 autonomías generados a partir del “café para todos” de Suárez en plena transición y que periódicamente generan tirones y tensiones. El Estado de las Autonomías ha aumentado el gasto público, se ha construido de espaldas a las poblaciones y para satisfacer los intereses de las clases políticas regionales y, a la postre, ha constituido un completo fracaso.
6. Denunciamos la insensata carrera hacia la obtención de techos autonómicos más altos que solamente benefician a las mafias políticas locales. Es preciso estabilizar de una vez y para siempre los estatutos de autonomía y establecer a través de la constitución de forma precisa sus ámbitos de actuación y los del Estado. Una reforma constitucional debe abordar sobre todo el problema de la articulación del Estado. E2000 propone un Estado unitario que reconozca autonomía a las partes como contrapartida a su lealtad. Esa autonomía debe evitar ser una carga económica para el Estado y evitar la centrifugación de los servicios públicos.
7. Proponemos el bloqueo de todos los estatutos de autonomía de “segunda generación” que se elaboraron en la primera legislatura de Zapatero mientras no se defina previamente el modelo de Estado mediante una reforma constitucional.
8. Afirmamos la unidad del Estado y nuestra oposición a los llamados “derechos de autodeterminación” que conducen inevitablemente a una balcanización del Estado y a una eternización de la inestabilidad. Nos declaramos pues, partidarios de la unidad del Estado y de la integridad de la Nación Española.
9. Promovemos la armonización de las culturas tradicionales de las distintas regiones del Estado y de la cultura nacional en función de las demandas sociales y de la vitalidad que demuestren. Sostenemos que las culturas regionales son una riqueza para el Estado y para la sociedad y se trata de afirmarlas y defenderlas en sí mismas no transformándolas en elementos emotivos y sentimentales al servicio de los nacionalismos periféricos.
10. Defendemos la proyección internacional de la cultura española en todo el mundo y consideramos la lengua castellana como un bien que se debe proteger tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La lengua española figura entre las más habladas del mundo y, sin duda, es la que registra en estos momentos un mayor crecimiento que debe ser ampliado y protegido.

Terrorismo
11. Afirmamos que contra el terrorismo solamente puede haber una única política digna y eficaz: lograr su derrota definitiva y el encarcelamiento del último terrorista con las manos manchadas de sangre o que haya colaborado con una banda terrorista. La legislación antiterrorista debe incluir la prohibición de negociar con el terrorismo y considerará delito de alta traición a quien lo haga.
12. Sostenemos que los culpables de delitos terroristas con derramamiento de sangre o cuya colaboración haya implicado derramamiento de sangre, deben cumplir íntegramente sus penas, sin reducciones posibles ni beneficios penitenciarios de ningún tipo. Proponemos el restablecimiento de la cadena perpetua para crímenes de singular crueldad. Cuando se dice en una condena que tal terrorista ha sido condenado a tantos años de cárcel, esa ese es el período de estancia en prisión que debe cumplir aunque exceda sus posibilidades de vida física.
13. Defendemos la necesidad de proseguir con la política de acoso al terrorismo y a sus círculos concéntricos allí donde se encuentren, sin piedad, sin perdón y sin descanso, así como de incluir como delito tipificado cualquier llamamiento a la secesión.
14. Defendemos la tarea de las fuerzas de seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo y sostenemos la necesidad de que esa tarea sea arropada por el pueblo español, sin fisuras y ni vacilaciones.
15. Defendemos la posibilidad de reinserción de los terroristas en activo a cambio de la delación de sus organizaciones y la renuncia pública a sus objetivos.
16. Afirmamos que la vida política civilizada debe evitar contaminarse con los defensores de la violencia o con quienes manifiestan una contumaz negativa a condenar los atentados terroristas. Todo partido cuyos afiliados participan en desórdenes públicos, acciones de guerrilla urbana o que adopta posiciones ambiguas en torno al terrorismo, debe ser excluido ad infinitum de la vida política y considerada organización ilegal.
17. Sostenemos que los atentados del 11-M no han sido suficientemente esclarecidos, la sentencia que los juzgó fue incompleta y decepcionante, y que el gobierno ZP, su principal beneficiario, ha hecho todo lo posible por ocultar la verdad y atrincherarse en una “versión oficial” incompleta y frívola. Exigimos el inicio de una nueva investigación a partir de cero que tenga en cuenta todos los intentos de intoxicación generados minutos después de las explosiones.
18. Manifestamos la necesidad para la sociedad española de defenderse ante la posibilidad de arraigo de un terrorismo islámico a partir de los contingentes llegados con la inmigración.

Inseguridad
19. Sostenemos que el primer derecho humano es la seguridad sin el cual cualquier otro derecho no puede realizarse y que así debe quedar reflejado en un futuro texto constitucional reformado.
20. Afirmamos que la rehabilitación del delincuente es una intención posterior e inferior al castigo a sus delitos y al resarcimiento a las víctimas que deben figurar en la Constitución como funciones del sistema penal.
21. Denunciamos que España, gracias a la política de Zapatero, se ha convertido en el paraíso de la delincuencia internacional y consideramos que debe introducirse como un agravante en cualquier delito el ser extranjero y haber venido a España a delinquir.
22. Exigimos una “ley de legítima defensa” que garantice a los ciudadanos la inmunidad ante los efectos que pudiera tener cualquier respuesta ante los ataques a su integridad personal o patrimonial.
23. Defendemos el establecimiento de barreras parciales o totales ante la inmigración procedente de países cuyos contingentes hayan evidenciado incidir de manera desmesurada en la inseguridad. Vivimos circunstancias excepcionales en relación a la delincuencia y, en tanto que excepcionales, obligan a suspender los acuerdos sobre el “Espacio Schëngen” de libre circulación de personas por el territorio de la Unión.
24. Promovemos la “doble pena” para inmigrantes que hayan delinquido: expulsión tras haber cumplido la condena y resarcir a la víctima mediante el trabajo penitenciario con la indemnización fijada por la ley.
25. Exigimos la abrogación de la Ley de Violencia Doméstica en la medida en que los delitos tipificados en esta ley ya están considerados en el Código Penal.
26. Exigimos una profunda reforma de la Ley del Menor que prevea el encierro en establecimientos especiales a los menores reincidentes y su consideración jurídica como mayores de edad en casos de extrema gravedad.
27. Consideramos que el Estado debe de actuar con máxima energía y apoyados por un amplio arsenal legal generado ad hoc, contra las mafias, la delincuencia organizada, las formas de delincuencia llegadas del extranjero y la corrupción política.
28. Exigimos la desarticulación de las bandas latinas y la repatriación inmediata de sus miembros por el simple hecho de haber sido iniciados en estas organizaciones.
29. Exigimos un esfuerzo especial por parte del Estado de conjurar la delincuencia en los barrios modestos en donde bandas de delincuentes llegados con la inmigración están realizando prácticas de “limpieza étnica”.

Seguridad Privada
30. Rechazamos la aceptación de las titulaciones de ciudadanos rumanos y búlgaros para ejercer la seguridad privada ya que es un agravio comparativo con las exigencias normativas que la ley y el reglamento impone a los ciudadanos españoles y, no asegura de forma convincente el requisito de carecer de antecedentes penales, certificado muy fácil de conseguir en esos países.
31. Proponemos un mayor control del personal que ejerce esta actividad, un incremento en los convenios colectivos que los equipare a otras profesiones relacionadas con la seguridad pública y el cierre de las numerosas empresas que fraudulentamente operan sin licencia.

Economía y Trabajo
32. Proponemos la reducción de la jornada laboral a 35 horas y la abolición de horas extras a fin de crear más puestos de trabajo y de mayor calidad.
33. Proponemos la abolición de las ETT’s y de empresas parasitarias que se dediquen al “prestamismo laboral”, como primer paso para una reforma del mercado de trabajo y una eliminación de los “contratos basura” y de la precariedad laboral.
34. Proponemos la equiparación de los trabajadores autónomos a los del régimen general de la Seguridad Social, tanto en cuantía de las prestaciones como en los derechos a los que da lugar la prestación, empezando por el seguro de paro y la cobertura por desempleo.
35. Recordamos que la economía española es la 5ª de la UE y la 10ª del mundo. Esto nos permite jugar un papel relevante en el mercado mundial, a condición de que exista un poder político a la altura de nuestro peso económico y que ese poder político dirija al poder económico y no al revés.
36. Recordamos que el paro sigue siendo el principal problema para 5.000.000 de españoles. En 2011, el desempleo se ha disparado quedando en cinco millones declarados, de los que un 30% es inmigrante. El paro y el alivio de la situación de los parados debe convertirse, junto con la repatriación de los excedentes de inmigración en el principal objetivo de gobierno.
37. Sostenemos que emitir continuamente deuda es una política irresponsable practicada por el zapaterismo que ha colocado a nuestro país ante el abismo con primas de seguros que han llegado a superar en ocasiones los 400 puntos de diferencial en torno a la deuda alemana. Así lo único que se está haciendo es aumentar la deuda y cargar sobre los bolsillos de las clases medias el compromiso de su pago, lo que implica mayor presión fiscal y más dificultades para la pequeña y mediana empresa. Se trata sobre todo de disminuir el gasto: y eso solamente se logrará en el momento en el que se repatríen a los excedentes de inmigración que hoy constituyen, junto con los despilfarros autonómicos, nuestra mayor fuente de gastos.
38. Consideramos suicida el haber apostado por un crecimiento económico en base a la especulación inmobiliaria y al desarrollo exclusivo del sector de la construcción. El modelo económico debe basarse en la reindustrialización de nuestro país y en la producción de bienes y servicios.
39. Consideramos suicida un sistema económico basado en la desertización industrial y en las importaciones masivas, especialmente en el sector primario (agricultura) y secundario (industria).
40. Proponemos una revitalización de la España agrícola y una autosuficiencia en materia alimentaria o de lo contrario nuestra supervivencia dependerá de los alimentos importados, especialmente de países del Tercer Mundo que, en cualquier momento, pueden verse afectados por crisis interiores, epidemias o tensiones sociales que implicarían el cese de los suministros alimentarios hacia nuestro país.
41. Consideramos suicida un sistema económico completamente dependiente de las importaciones de bienes y alimentos procedentes de fuera del territorio de la Unión Europea. Defendemos que la supervivencia de Europa está en función de que seamos autosuficientes en producción de bienes, alimentos y manufacturas y tenga asegurada el suministro de carburante mediante un acuerdo preferencial con Rusia, país europeo y que debería estar integrado en la UE.
42. Defendemos la creación de puestos de trabajo en los sectores industrial y agrícola como fuentes preferenciales de creación de riqueza. El Estado tiene el deber de planificar la reconstrucción de estos dos sectores económicos y establecer las medidas fiscales, financieras y políticas oportunas para que pueda revivir y volver a ser competitivo.
43. Defendemos un sistema de economía social, que persiga, ante todo, la defensa del interés nacional y popular. De no existir esas consideraciones, el sistema derivaría en un liberalismo salvaje con la única consecuencia de favorecer las grandes acumulaciones de capital en detrimento de las clases trabajadoras. Sostenemos que la economía es un medio para satisfacer las necesidades de la sociedad y no para lograr acumulaciones de capital sin precedentes.
44. Proponemos que el principal objetivo de la economía nacional sea estimular a sectores de alta productividad (metalurgia, manufacturas, Investigación y Desarrollo) y los que están íntimamente relacionados con las necesidades humanas básicas (alimentación, energía).
45. Sostenemos que solamente una gestión correcta de los fondos de la Seguridad Social puede ser garantía de la estabilidad del sistema de pensiones. Defendemos que la “caja única” de la Seguridad Social debe dejar de ser autónoma y aislada de la “caja del Estado” y que las jubilaciones no son cosa solamente del sistema de la Seguridad Social sino del bienestar de los ciudadanos del Estado. Por lo tanto, no se trata de aumentar las edades de jubilación, hacer todo lo posible para reducir las percepciones, tal como proponen PP y PSOE, sino de establecer cuantías que permitan una jubilación digna por la racionalización de gastos del Estado y la ampliación del gasto social en los presupuestos del Estado.
46. Sostenemos la necesidad de crear empleo estable y de calidad. Condenamos el absurdo que supone anunciar que se “van a crear 5.000.000 de puestos de trabajo” cuando se trata de puestos de trabajo de mala calidad, en precario y con salarios de miseria, incluso por horas o por días. Debe estimularse el contrato estable, huir de la precariedad laboral y penar fiscalmente a las empresas que abusen de la contratación temporal y el empleo precario. Así mismo debe evitarse que con los contratados en prácticas (becario) encubran situaciones de explotación de los jóvenes y mano de obra prácticamente gratuita para las empresas.
47. Defendemos que los ajustes salariales en los convenios se realicen en función de la situación real de la sociedad y tiendan, no a compensar la inflación como se hace en la actualidad, sino a restablecer el poder adquisitivo de los trabajadores, debiendo crearse un “índice de consumos vitales” que registre los aumentos de precio en las necesidades básicas (alimentación, vivienda, energía), en función de las alzas de los cuales se negocien los convenios.
48. Sostenemos la necesidad de un descenso de la presión fiscal, especialmente en lo referido a penalización fiscal del trabajo, la disminución del impuesto de sociedades, la disminución del IRPF, eliminación de impuestos sobre el ahorro, como contrapartidas a una mayor disciplina presupuestaria y a una contención del gasto público.
49. La política fiscal que preconizamos debe penalizar a las rentas procedentes del capital, no a las rentas procedentes del trabajo.
50. Sostenemos la necesidad del establecimiento de fronteras comerciales para la UE y de un régimen protección especial a los sectores amenazados, especialmente a la agricultura y el sector industrial. Proponemos que se apueste por un espacio económico europeo que vaya a ser autosuficiente y capaz de reducir las importaciones y la deslocalización de las empresas fuera del territorio de la Unión.
51. Defendemos una política arancelaria proteccionista con la consiguiente denuncia del Acuerdo General de Aranceles.
52. Defendemos una renegociación del tratado de adhesión de España a la Unión Europea, firmado alegremente por el felipismo como pago por los servicios prestados por la socialdemocracia alemana en el proceso de construcción del PSOE entre 1956 y 1982.

Familia
53. Recordamos que los gobiernos del PP y del PSOE no han establecido ni una sola medida protectora de la familia y de la paternidad, sino que han permitido pasivamente la quiebra de la natalidad y la demografía de nuestro país. Debemos recuperar unas tasas de natalidad que permitan la recuperación demográfica de nuestro país es tarea prioritaria del Estado.
54. Recordamos que el gobierno ZP se ha especializado en medidas contrarias a la familia: ley de matrimonios gays, ley de divorcio-exprés, liberalizando completamente el aborto, ha estimulado la transexualidad, etc… Incluso cuando aprobó el “cheque-bebé” se preocupó de que estuviera particularmente dirigido a la población inmigrante cuya natalidad es cuatro veces superior a la española. Hacen falta medidas reales de protección de la familia y de la natalidad autóctonas y, por tanto, proponemos la abrogación de todas las leyes que tengan relación con la familia aprobadas durante los últimos cuatros años.
55. Consideramos que la defensa de la familia española compete particularmente al Estado. El Estado debe facilitar el caldo de cultivo más adecuado para la formación de nuevas familias, facilitando el acceso a la vivienda, los beneficios fiscales, el acceso a una educación de calidad.
56. Consideramos que el Estado debe estimular la natalidad, protegerla y considerar la demografía como un “área de interés nacional preferente”, en lugar de catalogar el aborto como un “derecho”. Proponemos que el recurso al aborto quede reducido a los casos de riesgo de salud para la madre, malformación del feto o violación. Las “factorías” del aborto, esto es, las clínicas cuyo único servicio es practicar aborto deberán desaparecer; cualquier aborto será realizado por los Servicios de la Seguridad Social.
57. Afirmamos el derecho de las parejas jóvenes a contar con viviendas dignas que les permitan tener hijos en número suficiente para superar la tasa de reposición de la pirámide de población. A los municipios especialmente corresponde esta tarea de promover viviendas sociales en alquiler según sus necesidades.
58. Afirmamos que todo lo que erosiona la tasa demográfica es negativo y rechazable y todo lo que favorece la natalidad (incluidos subsidios e incentivos) es positivo y proponemos que el Estado asuma la responsabilidad de la promoción de la familia y la natalidad.
59. Defendemos el derecho de las familias numerosas a contar con ayudas estatales y gratuidad en los servicios públicos.

Corrupción
60. Consideramos que los delitos de corrupción suponen un atentado contra la comunidad y, por tanto, cualquier forma que adopten debe ser castigada con el máximo rigor. Quien protagoniza delitos de corrupción está cometiendo delitos contra la Sociedad y el Estado. Estos delitos deben castigarse con una dureza ejemplar incluyendo penas de prisión y confiscación de bienes por el valor de lo defraudado.
61. Afirmamos que toda la clase política se encuentra bajo sospecha de corrupción. El político honesto hoy, sería la excepción a la regla que impera, según la cual el papel del político es “servirse del pueblo”, en lugar de “servir al pueblo”. Defendemos que la honestidad es el primer valor a defender en política, del cual derivan todos los demás.
62. Sostenemos que la política municipal es el receptáculo privilegiado y el más habitual de todo tipo de corruptelas. Deben ampliarse los medios y atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción.
63. Proponemos la creación de una unidad especial de policía especializada en la lucha contra la corrupción en el ámbito municipal. Los partidos a los que pertenezcan los corruptos deben ser considerados como responsables civiles subsidiarios a la hora de indemnizar a la comunidad, salvo en el caso de que los propios partidos hayan denunciado a sus propios compañeros en episodios de corrupción.
64. Sostenemos que los delitos de corrupción no deben prescribir y que el corrupto responde con su patrimonio familiar y el de los que se han beneficiado de sus corruptelas.
65. Afirmamos que el Estado no debe dudar a la hora de retirar las competencias municipales y disolver aquellos ayuntamientos que se hayan visto salpicados por los casos de corrupción.
66. Sostenemos que ante la generalización de los casos de corrupción es preciso examinar de cerca los patrimonios de todos los concejales y de sus entornos, especialmente, en las zonas “calientes”, antes de hacerse cargo y después abandonarlo.
67. Sostenemos la necesidad de una mayor transparencia en la gestión municipal. Si esta transparencia no existe, el gobierno no debe dudar a la hora de decretar la disolución del ayuntamiento afectado.
68. Consideramos cualquier comisión cobrada por cualquier motivo y no declarada a Hacienda como corrupta y, por tanto, imputable como delictiva.

Exteriores
69. Consideramos que uno de los capítulos más lamentables del gobierno Zapatero es el relativo a los “asuntos exteriores”. Esa incapacidad y excentricidad del gobierno se ha puesto de manifiesto en la llamada “Alianza de Civilizaciones”, que es preciso enterrar para siempre, y en la habilidad de Exteriores para tejer vínculos con los países más inestables de Asia, África e Iberoamérica. Es urgente barrer toda esta política exterior absurda, que ha llevado a España al aislamiento y al ridículo internacional.
70. Denunciamos que el gobierno español es el único gobierno europeo defensor a ultranza del ingreso de Turquía en Europa (actitud en la que coinciden PP y PSOE). Nos manifestamos en contra de este ingreso, así como de los tratados preferenciales con éste país y con Marruecos.
71. Recordamos que entre la Guerra de Kuwait y la Guerra de Irak, el mundo ha vivido un período unipolar liderado por los EEUU. Consideramos y denunciamos esta configuración internacional como fundamentalmente injusta e inestable como todo sistema de equilibrios basado en una sola “pata”.
72. Afirmamos que este período unipolar está en crisis y que, en el momento actual, es una necesidad tender a una ordenación multipolar del sistema mundial basado en la realidad de las nuevas potencias emergentes: China, India, la Unión Europea, la Rusia reconstruida.
73. Sostenemos que el marco preferencial de relaciones exteriores de España es la Unión Europea, por proximidad y por vínculos jurídicos y económicos; en segundo lugar los países de Iberoamérica por vínculos históricos, culturales y lingüísticos.
74. Consideramos que España forma parte del conjunto de países herederos de la cultura clásica y de la cultura cristiana y que, por tanto, la UE es, efectivamente, un “club cristiano”, cerrado e inaccesible a otros grupos religioso-culturales procedentes de más allá de Europa.
75. Defendemos que el destino energético de Europa debe estar ligado necesariamente a Rusia, país con el que es preciso establecer una alianza estratégica.
76. Consideramos que una tarea prioritaria de la política exterior española es la promoción internacional de la lengua y de la cultura española con toda su riqueza y diversidad.
77. Afirmamos que la política exterior en relación al Magreb debe ser de contención y defensa, especialmente en las Plazas de Soberanía de Ceuta, Melilla, Islas Adyacentes y Canarias.
78. Defendemos la necesaria existencia de unas FFAA en número, condiciones y eficacia suficientes como para asegurar la integración del territorio nacional y la defensa contra agresores exteriores.
79. Sostenemos que nuestras FFAA sólo deben participar en operaciones fuera de Europa que respondan a los intereses estratégicos de España o de la UE, nunca más como infantería colonial de los EEUU en sus aventuras imperialistas.
80. Proponemos la disolución de la OTAN, organización propia de la Guerra Fría sin sentido en este momento, o bien la independencia de su rama europea como expresión de la voluntad de Europa de alcanzar una defensa común.
81. Sostenemos la necesidad de impulsar una industria europea de armamento e investigación capaz de contribuir a una autonomía europea en esta materia, de la que la industria española debe ser un puntal.

Vivienda
82 Consideramos el derecho a la vivienda como reconocido por la Constitución, pero desconocido por la realidad política y negado por la práctica económica. Llevar ese derecho de la teoría a la práctica es nuestra propuesta.
83. Consideramos que los ayuntamientos son los principales responsables en el aumento del precio de la vivienda al considerar la venta de terrenos de su propiedad como forma de enjugar el déficit municipal. Los ayuntamientos deben estar obligados por ley a liberar suelo público en cantidad suficiente para hacer efectivo el derecho a la vivienda en su término municipal.
84. Consideramos que el precio de la vivienda estuvo sobredimensionado especialmente hasta 2008 y que, solo a partir de entonces empezó a caer. Los bancos, los tasadores que actuaban a su servicio, y el propio Estado y los Ayuntamientos han sido culpables de la burbuja inmobiliaria, mientras que los perjudicados han sido quienes han comprado viviendas entre
2000 y 2008 que están pagando unas hipotecas que están muy por encima del precio actual. El Estado debe trata de resolver este problema anteponiendo los intereses de los afectados a los intereses de los responsables en la formación de la burbuja inmobiliaria.
85. Consideramos que el Estado tiene capacidad y legitimidad para establecer mecanismos reguladores del precio de la vivienda y delimitar las cotas máximas por las que debe discurrir. Proponemos la intervención del Estado en esta materia mediante la fijación de precios y niveles de beneficio máximos.
86. Consideramos que el Estado debe evitar que el “ladrillo” se convierta en refugio del dinero negro y bien especulativo, penando fiscalmente a quienes realicen estas prácticas.
87. Consideramos que los culpables últimos de la actual situación de encarecimiento del precio de la vivienda son los dos partidos mayoritarios que siempre han considerado a la construcción como el motor de la economía (en tanto que la construcción ofrece mejores y más fáciles “mordidas”). Proponemos que el Estado ponga el máximo interés en trazar una divisoria entre el poder y la influencia del sector inmobiliario y el poder político en todos sus niveles administrativos.
88. Consideramos que la llegada masiva de inmigrantes es una de las causas principales de elevación del precio de la vivienda de propiedad y de alquiler que ha repercutido negativamente en nuestra población. Así mismo denunciamos la facilidad suicida con la que se han concedido créditos hipotecarios a inmigrantes sin trabajo estable, no habituados al consumo a crédito, con el riesgo que implica el que el castillo de naipes de las hipotecas se desplome. Las instituciones bancarias realizaron una mala práctica y la sociedad no tiene ninguna obligación de “salvarlas”.

Educación
89. Recordamos que España tiene el dudoso honor de situarse a la cabeza del fracaso escolar en Europa. Los responsables de este fracaso tienen siglas y nombres: son los partidos que han gobernado España en los últimos 30 años cuya gestión en materia de educación debe de ser condenada en bloque. Se debe remontar el fracaso escolar mediante una enseñanza digna de tal nombre en la que se contagien valores y conocimientos y que preparen para la vida social y el ejercicio de una profesión, son nuestros principales objetivos en esta materia.
90. Afirmamos que el sistema educativo español registra una quiebra progresiva desde principios de los años 80 que ha llegado al límite con el gobierno ZP. Es preciso revisar sin reservas lo que ha fallado y desterrar los sistemas y principios educativos que han fracasado, en lugar de persistir en su mantenimiento y ostentar así un fracaso más estrepitoso.
91. Denunciamos que en este momento, además del fracaso escolar, ha aparecido una violencia en las aulas que hace imposible la transmisión del saber en algunos centros públicos. Proponemos que cualquier alumno que dificulte la tarea educativa en las aulas y protagonice casos graves de violencia escolar sea tratado como delincuente. Los alumnos conflictivos deben ser expulsados de los colegios y agrupados en “centros especiales” para que pueda restablecerse la normalidad en las aulas.
92. Sostenemos que el gran problema de la enseñanza pública en este momento es haber restado al profesor del principio de autoridad. Defendemos la restauración del principio de autoridad en las aulas y la revalorización del trabajo del profesor, así como la necesidad de que solamente ejerzan su labor pedagógica docentes con capacidad para hacerse respetar.
93. Sostenemos que es preciso desterrar de las aulas el principio educativo que propone “aprender jugando” y restablecer el esfuerzo personal y la autodisciplina como los principales valores de transmisión del sistema educativo. Es preciso reintroducir la cultura del esfuerzo para sustituir a la absurda ordenación actual que permite que los alumnos de primaria pasen de un curso a otro, incluso habiendo suspendido todas las asignaturas y sin exámenes de septiembre.
94. Defendemos la necesidad de una enseñanza que transmita el valor del razonamiento lógico y la utilización de la memoria como instrumento del saber.
95. Defendemos una enseñanza que transmita valores instrumentales (esfuerzo, voluntad, capacidad de sacrificio, autodisciplina, la constancia, el heroísmo, el sentido y la ética del honor y de lealtad, la abnegación, la objetividad y la fidelidad a los valores tradicionales), por encima de los valores finalistas (tolerancia, pacifismo, universalismo, etc.). Por tanto, proponemos la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, mero mecanismo de concienciación ideológica del zapaterismo.

Cultura
96. Denunciamos el relativismo cultural instalado en nuestra sociedad a instancias del gobierno ZP y que es una de las peores muestras de la ideología globalizadora.
97. Afirmamos la existencia de una cultura española digna de ser conocida y transmitida a las generaciones futuras; esta cultura española forma parte de la cultura europea, tiene sus bases en el mundo clásico, en el mundo germánico que llegó con los visigodos y en el mundo cristiano.
98. Negamos la posibilidad del “diálogo de civilizaciones”, y la conveniencia de una apertura preferencial hacia el Islam, en lugar de una política de contención política y cultural.
99. Sostenemos la importancia de las culturas regionales y el hecho de que solamente se hayan presentado como contradictorias y rivales de la cultura española desde la aparición de los nacionalismos periféricos.
100. Reconocemos el valor de la tradición católica en la configuración de nuestra fisonomía cultural y sostenemos que esta confesión debe ser particularmente respetada y considerada por encima de cualquier otra.
101. Proponemos la transmisión a las nuevas generaciones de los valores humanistas tradicionales en Europa y del pensamiento científico más avanzado como muestra de la modernidad que siempre ha sido patrimonio de Europa.
102. Sostenemos que es preciso impulsar iniciativas de I+D tanto por la empresa privada como por el Estado. Allí donde no llegue uno, el otro deberá apoyar estos procesos creativos que tienen que ver también con la creación de las mejores condiciones de trabajo para los investigadores, evitar la fuga de cerebros y mantener el paso con la modernidad más avanzada en materia de desarrollo científico y tecnológico.

Reforma política
103. Identificamos importantes carencias en el sistema democrático español. Más que democracia estamos en una “plutocracia” (poder del dinero). Proponemos una profunda reforma que suponga convertir a nuestro sistema en una democracia digna de tal nombre en lugar de un sistema democrático devaluado y de escasa calidad.
104. Reconocemos en el desprestigio que rodea a la clase política en relación a la población, el aspecto más evidente de las carencias democráticas de nuestro sistema político. Ese desprestigio es el resultado de anteponer los intereses personales o de grupo a los intereses nacionales. Proponemos que no haya nada más elevado que el interés nacional y, en consecuencia que debe restarse poder a los partidos y limitar su influencia al poder legislativo.
105. Denunciamos el creciente abstencionismo y el número de votos nulos y en blanco como otra muestra de la crisis del sistema político. Proponemos que en el Parlamento estén representados los ciudadanos que se han negado a votar o que lo han hecho en blanco, mediante escaños vacíos que correspondan al porcentaje de abstencionistas.
106. Negamos que un sistema sea “democrático” solamente por que convoque elecciones cada cuatro años. Un sistema democrático implica la participación popular en la gestión de gobierno y el control de la gestión gubernamental.
107. Sostenemos la necesidad de aplicar una profunda reforma del sistema democrático y de la constitución sobre el aspecto esencial: es decir, aumentar los niveles de participación y representatividad.
108. Defendemos las listas abiertas y desbloqueadas como un primer paso para disminuir el peso de los partidos políticos y aumentar la vinculación entre la clase política y la población.
109. Exigimos un sistema de representación proporcional directo, sin las alteraciones introducidas por la Ley d’Hont en beneficio de los partidos mayoritarios.
110. Proponemos la transformación del Senado en una cámara corporativa con representación de los distintos sectores de la sociedad civil y sin representación de los partidos políticos.
111. Defendemos que se facilite al máximo el derecho a la consulta popular mediante referéndum vinculante en las decisiones políticas importantes.
112. Afirmamos que la reforma verdadera del sistema político consiste en restar poder a los partidos políticos y procurar que la representación popular sea más directa y auténtica.

Sanidad
113. Proponemos que la Seguridad Social cubra las necesidades de optometría y odontología, básicas para muchos ciudadanos y elimine de su lista de prestaciones las operaciones de cambio de sexo que interesan solamente a una exigua minoría.
114. Proponemos que las prestaciones y coberturas de la Seguridad Social sean iguales en todo el Estado y terminar con la absurda situación actual en donde unas autonomías ofrecen unas prestaciones que otras evitan y viceversa. Si los españoles somos iguales ante la ley, en todas las autonomías del Estado debemos gozar de las mismas prestaciones.
115. Proponemos que el gobierno asuma la difusión de sanos hábitos de vida que eviten la aparición de determinadas enfermedades y eviten la saturación de los servicios sanitarios. La medicina preventiva debe empezar en la propia vida personal de los ciudadanos.
116. Defendemos que la primera exigencia en la asistencia sanitaria pública es la calidad de los servicios, la rapidez y la prontitud tanto en urgencias como en medicina especializada.

Defensa del medio ambiente
117. Proponemos que, más allá de la alarma social generada en los últimos tiempos por la difusión de documentales sobre el cambio climático, aumenten los presupuestos de investigación sobre estudios medioambientales hasta que se esté en condiciones de construir un modelo matemático que muestre el impacto real para nuestro país del actual proceso de deterioro medioambiental, más allá de los artículos de divulgación periodística. Solamente conociendo las raíces y la extensión del problema estaremos en condiciones de habilitar las soluciones adecuadas.
118. Proponemos que se revise el Plan Hidrológico Nacional y se retorne a la idea de trasvasar el 5% del caudal del río Ebro al Levante Español, o de lo contrario, amplias zonas de cultivo serán dependientes de agua procedente de las desaladoras, disminuyendo la calidad de los cultivos.
119. Proponemos una revitalización del campo español y la proscripción de las sistemáticas recalificaciones de terrenos de uso agrícola a terrenos urbanizables.
120. Proponemos armonizar el crecimiento económico (y por tanto el crecimiento del consumo energético) con las medidas de sostenibilidad del medio ambiente, incentivando el ahorro de energía y la investigación sobre técnicas de optimización de energía.
121. Proponemos una cultura del reciclado frente a una cultura del despilfarro, que debe iniciarse en las escuelas y en las empresas, esa cultura se debe basar en sólidos estudios técnicos y científicos y evitar la acumulación y extensión de los basureros municipales.
122. Proponemos la revitalización de nuestra ganadería y la protección de la trashumancia como un bien antropológico y cultural, y la forma más efectiva de mantener limpio el sotobosque pata evitar incendios forestales.
El Comité Electoral de E2000 Leer más...

Esto es lo que queremos (IV): ¿Qué plantea E2000 en materia autonómica?

Los riesgos de cerrar mal una constitución consisten el que en las décadas siguientes se van percibiendo los desfases y el sistema queda progresivamente más y más erosionado. Inicialmente, se trataba de “descentralizar” el Estado, algo de lo que incluso en los últimos tiempos del franquismo ya era asumido como una necesidad. Posteriormente, se trataba de enlazar con la “legalidad republicana” que había dado Estatutos de Autonomía a Catalunya y Euskadi y estaba a punto de dárselo a Galicia. Luego, los andaluces reivindicaron el suyo y, justo en ese preciso momento, la UCD descubrió el “café para todos”, porque era precisamente en las autonomías que quedaban en donde sus colores podían tener mayoría. Y así quedó España a mediados de los años 80 con el país parcelado en 17 “autonomías” que en absoluto respondían a criterios históricos, sino a necesidades de la clase política. Treinta años después, el país pasó a ser ingobernable y, lo que es peor, insostenible.

Bastó que soplaran los primeros vientos de la crisis económica para que muchos empezásemos a alertar sobre el hecho de que los presupuestos de las comunidades autónomas eran excesivamente abultados, que existían excesivos escalones administrativos y que las comunidades autónomas, en realidad, no habían descentralizado nada, sino que se habían limitado a crear nuevos polos de “centralidad” en cada  región. El principio por el que se movían las autonomías era que contra más competencias acapararan, era mejor, porque así dispondrían de más presupuesto, esto es, de más gasto y, por tanto, de más comisiones. Sí, porque lo sorprendente fue, desde el principio del “café para todos”, el descontrol del gasto público en las autonomías.
En primer lugar se sale reconociendo el problema. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Que el Estado de las Autonomías es mastodóntico e inviable, inasumible en tiempos de bonanza económica e imposible cuando sopla la crisis.
Reconocido esto hay que arbitrar una fórmula para renovarlo. ¿De verdad hay que renovarlo? ¿No sería mejor, hacer borrón y cuenta nueva? Sea como fuere de lo que se trata es de 1) aligerarlo, 2) eliminar niveles administrativos y 3) reducir el engranaje burocrático. Y esto implica necesariamente:

- Es preciso reducir el número de autonomías de las actuales 17 a no más de 7/8. Así pues, de lo que se trata es de abordar procesos de fusión. Estos procesos de fusión pueden tener como estímulo la historia o bien la voluntad de los propios habitantes, pero lo que está claro es que hay que reducir el número de autonomías. El “café para todos” no fue la solución.

- Es preciso reformar radicalmente las administraciones públicas y esto pasa por dos medidas esenciales: la disolución de las diputaciones provinciales con la transferencia de parte de sus competencias a los Ayuntamientos y otras partes a las Autonomías, y de otro lado proceder a la fusión de municipios para disminuir el número de Ayuntamientos y reconocer que algunos de ellos son completamente inviables. Así mismo, es preciso racionalizar la administración, utilizar las amplias posibilidades informáticas que existen hoy para reducir al mínimo las gestiones y facilitar el que cualquier gestión puede hacerse a través de Internet.

- Es preciso establecer el principio de que la “autonomía” no es derecho implícito en tal o cual región que, en realidad, forman parte del Estado e históricamente están vinculados al proceso que ha dado lugar a la nación española. El “derecho” a la autonomía tiene como contrapartida el principio de Lealtad al Estado. No se concede una autonomía para centrifugar al Estado, ni para vaciarlo de contenidos, ni, por supuesto, para crear una fuente de gasto y una nueva ubre para que las clases políticas regionales de los partidos mayoritarios se repartan nuevos paquetes de comisiones. La función de las autonomías es, simplemente, generar un escalón administrativo de proximidad que responda a una necesidad histórica presente en nuestro pasado y a unas características culturales propias que se han ido definiendo a lo largo del devenir histórico. Resumiendo: máxima autonomía a cambio de máxima lealtad al Estado.

- El proceso de reforma del Estado de las autonomías no puede concebirse sin una profunda reforma de las administraciones y del mismo concepto de Estado tal como está presente en el actual marco constitucional. Así pues, de lo que se trata es de abrir un proceso constituyen, en el momento en el que se den las circunstancias oportunas, que redefinan el papel de las autonomías, sus competencias, área de influencia, su funcionalidad y los motivos por los cuales una autonomía que no cumpla las expectativas depositadas en ella puede ser suspendida o intervenida.

- El momento histórico actual hace inevitable que existan cuatro niveles administrativos: el nivel europeo (recordar que E2000 a dicho “Sí a Europa, pero No a esta Europa”), el nivel Estatal, el nivel Autonómico y el nivel Local. El nivel europeo es todavía hoy un nivel en fase de construcción y del que no se sabe exactamente hacia dónde derivará en los próximos años. Pero sí que, en la actualidad, puede establecerse una “jerarquía” entre los otros tres niveles administrativos: el Estado está por encima de las Autonomías, como estas están por encima de las administraciones municipales. Solamente aceptando esto, será posible reconstruir la estructura de un Estado moderno con capacidad de gestión y con un volumen razonable.

- Las autonomías son algo connatural a la España tradicional. De hecho, España solamente tuvo forma centralizada a partir de Felipe V y de la importación de las ideas absolutistas que llegaron con los borbones primero y con el liberalismo jacobino en el siglo siguiente. Ese modelo “de importación” nunca fue el que correspondió a nuestro país, ni a nuestra tradición histórica que desde tiempos de la dominación romana ya había sido parcelado en zonas, parcelación que fue adaptada durante el período visigodo y, por supuesto, luego, durante los tiempos de la Reconquista. Más tarde, la recuperación de la “unidad nacional” (la unidad de principios y de objetivos ya existió desde la aparición de los focos de resistencia al Islam en la cornisa cantábrica y en los Pirineos) por los Reyes Católicos no supuso una “uniformización” del Estado que solamente se llevó a cabo a partir de la llegada de los borbones y que nunca pudo aplicarse por completo en un país grande y, por tanto, con tantas peculiaridades regionales. Es propio, pues, de la tradición español, el foralismo esto es el reconocimiento de autonomías regionales. Pero estamos en la modernidad y ese principio es el que hay que recuperar. El centralismo jacobino es hijo del liberalismo decimonónico, su aplicación constituyó un nuevo fracaso en la historia de España.

- Consideramos al nacionalismo como uno de los peores crímenes contra la patria. El nacionalismo supone la convicción de que las entidades regionales son superiores al todo, esto es al Estado y que, por tanto, o se les reconoce esta preeminencia o se independizan. En la práctica, el “reconocimiento de esta preeminencia” supone entregar más dinero a las clases políticas regionales. Por  tanto, los partidos nacionalistas solamente podrían tener espacio en una ordenación futura del territorio en cuanto asumieran el hecho de que si existen es para favorecer los intereses de una comunidad, pero sin menoscabo del resto del Estado y comprometiéndose a abstenerse de realizar el chantaje vergonzoso que los partidos nacionalistas realizan contra el Estado desde varias autonomías.

Estos principios son lo suficientemente claros como para que nadie se llame a engaño. Estamos hablando de identidad, de arraigo y estamos hablando de Estado y de Patria. Y no hay que tener miedo a decir que no solamente en el Estado no tienen cabida los terroristas, sino que tampoco la tienen quienes intenten desgarrar a nuestra Nación. Leer más...

Esto es lo que queremos (III): ¿Qué plantea E2000 en materia de inmigración?

E2000 no es un partido ni xenófobo ni racista, pero es rigurosamente cierto que es un partido anti-inmigración. Creemos que han llegado demasiados inmigrantes, creemos que el mercado laboral no los puede integrar, ni hoy, ni en las próximas décadas y creemos, finalmente, que han supuesto un factor de desdibujamiento de la identidad nacional.

La inmigración, históricamente llega con Aznar, cuando en 1997 pone en práctica su modelo económico basado en construcción, salarios bajos, acceso fácil al crédito e inmigración masiva. La llegada de inmigrantes tenía como única finalidad rebajar el coste de los salarios y aportar mano de obra sin cualificar al sector de la construcción y a la hostelería. Luego, Zapatero, en 2004 terminó por abrir las puertas de par en par a la inmigración. El resultado ha sido la llegada de 7.000.000 de inmigrantes, de los que 1.000.000 ya ha recibido la nacionalidad española.

El recurso de la inmigración es todavía más admisible cuando en 1997 todavía existía un paro en España superior al 8%. No era necesaria, ni ha aportado gran cosa. En realidad ha servido para que algunas patronales (la del turismo y la de la construcción) se embolsaran extraordinarios beneficios (los inmigrantes venden más barata su fuerza de trabajo y, por tanto, los salarios tienden a bajar) pero la factura la tuviera que pagar toda la sociedad española. Hoy esa factura es ya insoportable y pesa como una losa sobre nuestra economía siendo una de los factores que contribuyen al aumento del déficit público.
Por otra parte, nosotros nos reconocemos en la civilización europea: somos hijos de la cultura clásica, de Grecia y de Roma, somos hijos del mundo católico medieval y somos hijos del mundo celta y del mundo germánico que llegó con los visigodos. Somos europeos, con nuestros rasgos y nuestra identidad propia. Precisamente por eso no podemos consentir que la llegada masiva de inmigración supongo una pérdida de identidad para nuestro pueblo. Queremos seguir siendo lo que hemos sido hasta ahora, no queremos una “España mestiza”, ni una multiculturalidad que nunca han aceptado pueblos extraeuropeos en su territorio.

Quienes han traído inmigrantes en masa nos dicen que ha sido para “pagar las pensiones de los abuelos”. E2000 desde hace años viene denunciando que precisamente la llegada masiva de inmigración descontrolada y que precisa constantes ayudas sociales y genera patologías (delincuencia, bandas étnicas, guetos) es lo que está haciendo peligrar precisamente el pago de las pensiones. En España cotizan actualmente algo más de 1.400.000 inmigrantes, casi siempre por las franjas salariales más bajas y muchos de ellos a tiempo parcial ¿de qué viven los otros 5.000.000? Respuesta: de la caridad pública, de subsidios, de subvenciones, de ayudas sociales…

El PP y el PSOE nos decían que la inmigración llegaba entre 1997 y 2007 porque nuestro crecimiento económico llamaba la atención en todo el mundo… ¿y ahora? Ahora, cuando España está en todos los informativos por sus altas tasas de paro, por la parálisis de su economía, por su abultada deuda ¿cómo es posible que sigan llegando inmigrantes? Respuesta: atraídos por nuestro sistema de sanidad, por nuestra educación, por nuestras ayudas sociales… pero, a cuesta de muñir la vaca, finalmente quedará exangüe.

PP y PSOE nos hablan desde hace 15 años de integración. Otros partidos europeos de ese estilo llevan ya 50 años hablando del mismo tema: “integración”, la palabra fetiche. En ningún país europeo, absolutamente en ninguno, incluidos en los países más liberales, la “integración” se ha conseguido, ni siquiera a fuerza de invertir cuantiosísimos fondos (que no existen en nuestro país). La integración de la inmigración en España será la crónica de un fracaso anunciado, de la misma forma que hoy en toda Europa ya se ha certificado ese mismo fracaso.

E2000 se opone a todo esto y tiene una opción clara; es preciso adoptar una serie de medidas drásticas para resolver el problema. Tampoco aquí los parches técnicos que quiere aplicar el PP y el PSOE (en esto también su política es la misma) servirán para gran cosa. Nada que no sea reconocer la naturaleza y profundidad del problema contribuirá a solucionarlo. Y la solución al problema de la inmigración masiva pasa por la aplicación de los siguientes puntos:

- REPATRIACIÓN de los excedentes de inmigración que no puedan acomodarse a nuestro mercado laboral, que estén en paro o que hayan llegado ilegalmente a España.

- CONTENCIÓN del fenómeno de la inmigración, algo que hemos expresado en esta campaña con el eslogan de “Ni uno más”: ni un inmigrante más. Es preciso cerrar y blindar fronteras para evitar que lleguen más y más inmigrantes.

- DEROGACIÓN de la Ley de Inmigración con eliminación del concepto de “regularización por arraigo” y la suspensión de la “reagrupación familiar” supeditándola a la posibilidad de mantener a los familiares a su cargo sin recibir ayudas sociales.

- EXPULSIÓN inmediata de todo aquel extranjero que haya cometido algún delito a falta en el territorio nacional después de haber cumplido la pena de prisión correspondiente y haber resarcido económicamente a la víctima mediante el trabajo penitenciario.

- PROHIBICIÓN de las concentraciones de inmigrantes superiores al 5% de la población de un barrio o de una ciudad. Ese 5% será el límite máximo al que se podrá llegar para evitar la formación de guetos y barrios conflictivos.

- PREFERENCIA nacional, esto es preferencia de los españoles a la hora de optar por puestos de trabajo, subsidios y ayudas sociales.

- CONTROL de los flujos migratorios desde el origen. Ningún extranjero podrá aspirar a permiso de residencia o de trabajo si no lo solicita en el consulado español más próximo a su lugar de residencia.

- IMPULSO a la natalidad entre españoles mediante campañas y un programa de ayudas sociales a las parejas jóvenes que decidan tener hijos.

- IMPEDIR la difusión del islam radical en nuestro territorio y expulsión de todos aquellos imanes que no acepten el modelo europeo de convivencia.

- CONSIDERACIÓN de la condición de la condición de extranjero como agravante en los juicios por delitos cometidos en nuestro territorio.

- ASIMILACIÓN de los inmigrantes que decidan residir en territorio nacional como alternativa a la integración, es decir, asunción de los valores nacionales y renuncia a los valores de origen.

¿Qué queremos? Una sociedad en la que no nos sintamos extraños, en la que nuestros valores se respeten y se asuman, en donde nadie venga a darnos lecciones ni a aplicar modelos extraños que quedaron atrás en la historia. Queremos defender nuestra identidad. No somos xenófobos ni racistas, queremos reconocernos en un modelo de sociedad concreto y evitar a nuestro país el amargo cáliz inestable del multiculturalismo y el mestizaje. Sólo eso. Leer más...