La Comisión Europea ha advertido a España de que no puede "tolerar" la inscripción de inmigrantes irregulares en el censo y que, cuando tenga conocimiento de esta situación de ilegalidad, deberá iniciar el procedimiento de expulsión o regularizar a los inmigrantes.
La comisaria responsable de Interior, Cecilia Malmström, responde así a una pregunta parlamentaria planteada por el eurodiputado de CiU Ramón Tremosa sobre la legalidad de la decisión inicial del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los 'sin papeles' que finalmente no se llevó a la práctica.
Malmström recuerda que la normativa comunitaria obliga a los Estados miembros a "expedir una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio" pero que también permite "conceder un permiso de residencia u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo".
Esta obligación fue propuesta por la Comisión y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo para "reducir las 'zonas grises', evitar la explotación de las personas en situación irregular y mejorar la seguridad jurídica de todas las partes implicadas".
Ello implica, según la comisaria, que las autoridades españolas, "una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio".
En su respuesta al eurodiputado, Malmström aclara igualmente que los Estados miembros pueden decidir qué nivel administrativo --local, regional o federal-- toma las decisiones relacionadas con el retorno o la concesión del derecho de permanencia. En todo caso, el Estado miembro es responsable ante la UE de la correcta aplicación de la normativa comunitaria "en la totalidad de su territorio".
Por último, aunque la Comisión no puede tomar medidas formales antes del 24 de diciembre de 2010, fecha en la que todos los Estados miembros tienen que incorporar a su ordenamiento jurídico la Directiva de retorno, pide "velar" por el cumplimiento de las normas fijadas en la misma "tan pronto como sea posible".
La comisaria responsable de Interior, Cecilia Malmström, responde así a una pregunta parlamentaria planteada por el eurodiputado de CiU Ramón Tremosa sobre la legalidad de la decisión inicial del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los 'sin papeles' que finalmente no se llevó a la práctica.
Malmström recuerda que la normativa comunitaria obliga a los Estados miembros a "expedir una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio" pero que también permite "conceder un permiso de residencia u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo".
Esta obligación fue propuesta por la Comisión y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo para "reducir las 'zonas grises', evitar la explotación de las personas en situación irregular y mejorar la seguridad jurídica de todas las partes implicadas".
Ello implica, según la comisaria, que las autoridades españolas, "una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio".
En su respuesta al eurodiputado, Malmström aclara igualmente que los Estados miembros pueden decidir qué nivel administrativo --local, regional o federal-- toma las decisiones relacionadas con el retorno o la concesión del derecho de permanencia. En todo caso, el Estado miembro es responsable ante la UE de la correcta aplicación de la normativa comunitaria "en la totalidad de su territorio".
Por último, aunque la Comisión no puede tomar medidas formales antes del 24 de diciembre de 2010, fecha en la que todos los Estados miembros tienen que incorporar a su ordenamiento jurídico la Directiva de retorno, pide "velar" por el cumplimiento de las normas fijadas en la misma "tan pronto como sea posible".
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