Ni un parado más – Ni un corrupto más – Ni un inmigrante ilegal más
[E2000 en este programa asume las tareas generales de la
reconstrucción nacional. No e incluyen en este programa las medidas
relativas a la inmigración que, por su importancia, han sido
desarrolladas en un documento aparte]
Centrifugación nacional
1. Definimos España como una nación, en absoluto como una federación
de “naciones”. Esa definición debe estar implícitamente registrada en la
Constitución.
2. Afirmamos que la mera existencia de estatutos de autonomía
implica, como contrapartida una lealtad implícita al Estado, lealtad que
no tiene fecha de caducidad y que es innegociable en términos
económicos.
3. Rechazamos la clasificación de “regiones históricas”: cualquier
región del territorio español es “histórica” y no solamente las que se
beneficiaron de un Estatuto de Autonomía durante la II República. El
término “regiones históricas” debe desaparecer de la Constitución.
4. Denunciamos el proceso de centrifugación, endeudamiento y
descoyuntamiento del Estado en beneficio de las autonomías y,
sostenemos, que el primer deber de los españoles es defenderse de ese
proceso y reconocer el fracaso absoluto del llamado “Estado de las
Autonomías”.
5. Sostenemos la inviabilidad de un Estado moderno parcelado en 17
autonomías generados a partir del “café para todos” de Suárez en plena
transición y que periódicamente generan tirones y tensiones. El Estado
de las Autonomías ha aumentado el gasto público, se ha construido de
espaldas a las poblaciones y para satisfacer los intereses de las clases
políticas regionales y, a la postre, ha constituido un completo
fracaso.
6. Denunciamos la insensata carrera hacia la obtención de techos
autonómicos más altos que solamente benefician a las mafias políticas
locales. Es preciso estabilizar de una vez y para siempre los estatutos
de autonomía y establecer a través de la constitución de forma precisa
sus ámbitos de actuación y los del Estado. Una reforma constitucional
debe abordar sobre todo el problema de la articulación del Estado. E2000
propone un Estado unitario que reconozca autonomía a las partes como
contrapartida a su lealtad. Esa autonomía debe evitar ser una carga
económica para el Estado y evitar la centrifugación de los servicios
públicos.
7. Proponemos el bloqueo de todos los estatutos de autonomía de
“segunda generación” que se elaboraron en la primera legislatura de
Zapatero mientras no se defina previamente el modelo de Estado mediante
una reforma constitucional.
8. Afirmamos la unidad del Estado y nuestra oposición a los llamados
“derechos de autodeterminación” que conducen inevitablemente a una
balcanización del Estado y a una eternización de la inestabilidad. Nos
declaramos pues, partidarios de la unidad del Estado y de la integridad
de la Nación Española.
9. Promovemos la armonización de las culturas tradicionales de las
distintas regiones del Estado y de la cultura nacional en función de las
demandas sociales y de la vitalidad que demuestren. Sostenemos que las
culturas regionales son una riqueza para el Estado y para la sociedad y
se trata de afirmarlas y defenderlas en sí mismas no transformándolas en
elementos emotivos y sentimentales al servicio de los nacionalismos
periféricos.
10. Defendemos la proyección internacional de la cultura española en
todo el mundo y consideramos la lengua castellana como un bien que se
debe proteger tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La lengua
española figura entre las más habladas del mundo y, sin duda, es la que
registra en estos momentos un mayor crecimiento que debe ser ampliado y
protegido.
Terrorismo
11. Afirmamos que contra el terrorismo solamente puede haber una
única política digna y eficaz: lograr su derrota definitiva y el
encarcelamiento del último terrorista con las manos manchadas de sangre o
que haya colaborado con una banda terrorista. La legislación
antiterrorista debe incluir la prohibición de negociar con el terrorismo
y considerará delito de alta traición a quien lo haga.
12. Sostenemos que los culpables de delitos terroristas con
derramamiento de sangre o cuya colaboración haya implicado derramamiento
de sangre, deben cumplir íntegramente sus penas, sin reducciones
posibles ni beneficios penitenciarios de ningún tipo. Proponemos el
restablecimiento de la cadena perpetua para crímenes de singular
crueldad. Cuando se dice en una condena que tal terrorista ha sido
condenado a tantos años de cárcel, esa ese es el período de estancia en
prisión que debe cumplir aunque exceda sus posibilidades de vida física.
13. Defendemos la necesidad de proseguir con la política de acoso al
terrorismo y a sus círculos concéntricos allí donde se encuentren, sin
piedad, sin perdón y sin descanso, así como de incluir como delito
tipificado cualquier llamamiento a la secesión.
14. Defendemos la tarea de las fuerzas de seguridad del Estado en su
lucha contra el terrorismo y sostenemos la necesidad de que esa tarea
sea arropada por el pueblo español, sin fisuras y ni vacilaciones.
15. Defendemos la posibilidad de reinserción de los terroristas en
activo a cambio de la delación de sus organizaciones y la renuncia
pública a sus objetivos.
16. Afirmamos que la vida política civilizada debe evitar
contaminarse con los defensores de la violencia o con quienes
manifiestan una contumaz negativa a condenar los atentados terroristas.
Todo partido cuyos afiliados participan en desórdenes públicos, acciones
de guerrilla urbana o que adopta posiciones ambiguas en torno al
terrorismo, debe ser excluido ad infinitum de la vida política y
considerada organización ilegal.
17. Sostenemos que los atentados del 11-M no han sido suficientemente
esclarecidos, la sentencia que los juzgó fue incompleta y
decepcionante, y que el gobierno ZP, su principal beneficiario, ha hecho
todo lo posible por ocultar la verdad y atrincherarse en una “versión
oficial” incompleta y frívola. Exigimos el inicio de una nueva
investigación a partir de cero que tenga en cuenta todos los intentos de
intoxicación generados minutos después de las explosiones.
18. Manifestamos la necesidad para la sociedad española de defenderse
ante la posibilidad de arraigo de un terrorismo islámico a partir de
los contingentes llegados con la inmigración.
Inseguridad
19. Sostenemos que el primer derecho humano es la seguridad sin el
cual cualquier otro derecho no puede realizarse y que así debe quedar
reflejado en un futuro texto constitucional reformado.
20. Afirmamos que la rehabilitación del delincuente es una intención
posterior e inferior al castigo a sus delitos y al resarcimiento a las
víctimas que deben figurar en la Constitución como funciones del sistema
penal.
21. Denunciamos que España, gracias a la política de Zapatero, se ha
convertido en el paraíso de la delincuencia internacional y consideramos
que debe introducirse como un agravante en cualquier delito el ser
extranjero y haber venido a España a delinquir.
22. Exigimos una “ley de legítima defensa” que garantice a los
ciudadanos la inmunidad ante los efectos que pudiera tener cualquier
respuesta ante los ataques a su integridad personal o patrimonial.
23. Defendemos el establecimiento de barreras parciales o totales
ante la inmigración procedente de países cuyos contingentes hayan
evidenciado incidir de manera desmesurada en la inseguridad. Vivimos
circunstancias excepcionales en relación a la delincuencia y, en tanto
que excepcionales, obligan a suspender los acuerdos sobre el “Espacio
Schëngen” de libre circulación de personas por el territorio de la
Unión.
24. Promovemos la “doble pena” para inmigrantes que hayan delinquido:
expulsión tras haber cumplido la condena y resarcir a la víctima
mediante el trabajo penitenciario con la indemnización fijada por la
ley.
25. Exigimos la abrogación de la Ley de Violencia Doméstica en la
medida en que los delitos tipificados en esta ley ya están considerados
en el Código Penal.
26. Exigimos una profunda reforma de la Ley del Menor que prevea el
encierro en establecimientos especiales a los menores reincidentes y su
consideración jurídica como mayores de edad en casos de extrema
gravedad.
27. Consideramos que el Estado debe de actuar con máxima energía y
apoyados por un amplio arsenal legal generado ad hoc, contra las mafias,
la delincuencia organizada, las formas de delincuencia llegadas del
extranjero y la corrupción política.
28. Exigimos la desarticulación de las bandas latinas y la
repatriación inmediata de sus miembros por el simple hecho de haber sido
iniciados en estas organizaciones.
29. Exigimos un esfuerzo especial por parte del Estado de conjurar la
delincuencia en los barrios modestos en donde bandas de delincuentes
llegados con la inmigración están realizando prácticas de “limpieza
étnica”.
Seguridad Privada
30. Rechazamos la aceptación de las titulaciones de ciudadanos
rumanos y búlgaros para ejercer la seguridad privada ya que es un
agravio comparativo con las exigencias normativas que la ley y el
reglamento impone a los ciudadanos españoles y, no asegura de forma
convincente el requisito de carecer de antecedentes penales, certificado
muy fácil de conseguir en esos países.
31. Proponemos un mayor control del personal que ejerce esta
actividad, un incremento en los convenios colectivos que los equipare a
otras profesiones relacionadas con la seguridad pública y el cierre de
las numerosas empresas que fraudulentamente operan sin licencia.
Economía y Trabajo
32. Proponemos la reducción de la jornada laboral a 35 horas y la
abolición de horas extras a fin de crear más puestos de trabajo y de
mayor calidad.
33. Proponemos la abolición de las ETT’s y de empresas parasitarias
que se dediquen al “prestamismo laboral”, como primer paso para una
reforma del mercado de trabajo y una eliminación de los “contratos
basura” y de la precariedad laboral.
34. Proponemos la equiparación de los trabajadores autónomos a los
del régimen general de la Seguridad Social, tanto en cuantía de las
prestaciones como en los derechos a los que da lugar la prestación,
empezando por el seguro de paro y la cobertura por desempleo.
35. Recordamos que la economía española es la 5ª de la UE y la 10ª
del mundo. Esto nos permite jugar un papel relevante en el mercado
mundial, a condición de que exista un poder político a la altura de
nuestro peso económico y que ese poder político dirija al poder
económico y no al revés.
36. Recordamos que el paro sigue siendo el principal problema para
5.000.000 de españoles. En 2011, el desempleo se ha disparado quedando
en cinco millones declarados, de los que un 30% es inmigrante. El paro y
el alivio de la situación de los parados debe convertirse, junto con la
repatriación de los excedentes de inmigración en el principal objetivo
de gobierno.
37. Sostenemos que emitir continuamente deuda es una política
irresponsable practicada por el zapaterismo que ha colocado a nuestro
país ante el abismo con primas de seguros que han llegado a superar en
ocasiones los 400 puntos de diferencial en torno a la deuda alemana. Así
lo único que se está haciendo es aumentar la deuda y cargar sobre los
bolsillos de las clases medias el compromiso de su pago, lo que implica
mayor presión fiscal y más dificultades para la pequeña y mediana
empresa. Se trata sobre todo de disminuir el gasto: y eso solamente se
logrará en el momento en el que se repatríen a los excedentes de
inmigración que hoy constituyen, junto con los despilfarros autonómicos,
nuestra mayor fuente de gastos.
38. Consideramos suicida el haber apostado por un crecimiento
económico en base a la especulación inmobiliaria y al desarrollo
exclusivo del sector de la construcción. El modelo económico debe
basarse en la reindustrialización de nuestro país y en la producción de
bienes y servicios.
39. Consideramos suicida un sistema económico basado en la
desertización industrial y en las importaciones masivas, especialmente
en el sector primario (agricultura) y secundario (industria).
40. Proponemos una revitalización de la España agrícola y una
autosuficiencia en materia alimentaria o de lo contrario nuestra
supervivencia dependerá de los alimentos importados, especialmente de
países del Tercer Mundo que, en cualquier momento, pueden verse
afectados por crisis interiores, epidemias o tensiones sociales que
implicarían el cese de los suministros alimentarios hacia nuestro país.
41. Consideramos suicida un sistema económico completamente
dependiente de las importaciones de bienes y alimentos procedentes de
fuera del territorio de la Unión Europea. Defendemos que la
supervivencia de Europa está en función de que seamos autosuficientes en
producción de bienes, alimentos y manufacturas y tenga asegurada el
suministro de carburante mediante un acuerdo preferencial con Rusia,
país europeo y que debería estar integrado en la UE.
42. Defendemos la creación de puestos de trabajo en los sectores
industrial y agrícola como fuentes preferenciales de creación de
riqueza. El Estado tiene el deber de planificar la reconstrucción de
estos dos sectores económicos y establecer las medidas fiscales,
financieras y políticas oportunas para que pueda revivir y volver a ser
competitivo.
43. Defendemos un sistema de economía social, que persiga, ante todo,
la defensa del interés nacional y popular. De no existir esas
consideraciones, el sistema derivaría en un liberalismo salvaje con la
única consecuencia de favorecer las grandes acumulaciones de capital en
detrimento de las clases trabajadoras. Sostenemos que la economía es un
medio para satisfacer las necesidades de la sociedad y no para lograr
acumulaciones de capital sin precedentes.
44. Proponemos que el principal objetivo de la economía nacional sea
estimular a sectores de alta productividad (metalurgia, manufacturas,
Investigación y Desarrollo) y los que están íntimamente relacionados con
las necesidades humanas básicas (alimentación, energía).
45. Sostenemos que solamente una gestión correcta de los fondos de la
Seguridad Social puede ser garantía de la estabilidad del sistema de
pensiones. Defendemos que la “caja única” de la Seguridad Social debe
dejar de ser autónoma y aislada de la “caja del Estado” y que las
jubilaciones no son cosa solamente del sistema de la Seguridad Social
sino del bienestar de los ciudadanos del Estado. Por lo tanto, no se
trata de aumentar las edades de jubilación, hacer todo lo posible para
reducir las percepciones, tal como proponen PP y PSOE, sino de
establecer cuantías que permitan una jubilación digna por la
racionalización de gastos del Estado y la ampliación del gasto social en
los presupuestos del Estado.
46. Sostenemos la necesidad de crear empleo estable y de calidad.
Condenamos el absurdo que supone anunciar que se “van a crear 5.000.000
de puestos de trabajo” cuando se trata de puestos de trabajo de mala
calidad, en precario y con salarios de miseria, incluso por horas o por
días. Debe estimularse el contrato estable, huir de la precariedad
laboral y penar fiscalmente a las empresas que abusen de la contratación
temporal y el empleo precario. Así mismo debe evitarse que con los
contratados en prácticas (becario) encubran situaciones de explotación
de los jóvenes y mano de obra prácticamente gratuita para las empresas.
47. Defendemos que los ajustes salariales en los convenios se
realicen en función de la situación real de la sociedad y tiendan, no a
compensar la inflación como se hace en la actualidad, sino a restablecer
el poder adquisitivo de los trabajadores, debiendo crearse un “índice
de consumos vitales” que registre los aumentos de precio en las
necesidades básicas (alimentación, vivienda, energía), en función de las
alzas de los cuales se negocien los convenios.
48. Sostenemos la necesidad de un descenso de la presión fiscal,
especialmente en lo referido a penalización fiscal del trabajo, la
disminución del impuesto de sociedades, la disminución del IRPF,
eliminación de impuestos sobre el ahorro, como contrapartidas a una
mayor disciplina presupuestaria y a una contención del gasto público.
49. La política fiscal que preconizamos debe penalizar a las rentas
procedentes del capital, no a las rentas procedentes del trabajo.
50. Sostenemos la necesidad del establecimiento de fronteras
comerciales para la UE y de un régimen protección especial a los
sectores amenazados, especialmente a la agricultura y el sector
industrial. Proponemos que se apueste por un espacio económico europeo
que vaya a ser autosuficiente y capaz de reducir las importaciones y la
deslocalización de las empresas fuera del territorio de la Unión.
51. Defendemos una política arancelaria proteccionista con la consiguiente denuncia del Acuerdo General de Aranceles.
52. Defendemos una renegociación del tratado de adhesión de España a
la Unión Europea, firmado alegremente por el felipismo como pago por los
servicios prestados por la socialdemocracia alemana en el proceso de
construcción del PSOE entre 1956 y 1982.
Familia
53. Recordamos que los gobiernos del PP y del PSOE no han establecido
ni una sola medida protectora de la familia y de la paternidad, sino
que han permitido pasivamente la quiebra de la natalidad y la demografía
de nuestro país. Debemos recuperar unas tasas de natalidad que permitan
la recuperación demográfica de nuestro país es tarea prioritaria del
Estado.
54. Recordamos que el gobierno ZP se ha especializado en medidas
contrarias a la familia: ley de matrimonios gays, ley de
divorcio-exprés, liberalizando completamente el aborto, ha estimulado la
transexualidad, etc… Incluso cuando aprobó el “cheque-bebé” se preocupó
de que estuviera particularmente dirigido a la población inmigrante
cuya natalidad es cuatro veces superior a la española. Hacen falta
medidas reales de protección de la familia y de la natalidad autóctonas
y, por tanto, proponemos la abrogación de todas las leyes que tengan
relación con la familia aprobadas durante los últimos cuatros años.
55. Consideramos que la defensa de la familia española compete
particularmente al Estado. El Estado debe facilitar el caldo de cultivo
más adecuado para la formación de nuevas familias, facilitando el acceso
a la vivienda, los beneficios fiscales, el acceso a una educación de
calidad.
56. Consideramos que el Estado debe estimular la natalidad,
protegerla y considerar la demografía como un “área de interés nacional
preferente”, en lugar de catalogar el aborto como un “derecho”.
Proponemos que el recurso al aborto quede reducido a los casos de riesgo
de salud para la madre, malformación del feto o violación. Las
“factorías” del aborto, esto es, las clínicas cuyo único servicio es
practicar aborto deberán desaparecer; cualquier aborto será realizado
por los Servicios de la Seguridad Social.
57. Afirmamos el derecho de las parejas jóvenes a contar con
viviendas dignas que les permitan tener hijos en número suficiente para
superar la tasa de reposición de la pirámide de población. A los
municipios especialmente corresponde esta tarea de promover viviendas
sociales en alquiler según sus necesidades.
58. Afirmamos que todo lo que erosiona la tasa demográfica es
negativo y rechazable y todo lo que favorece la natalidad (incluidos
subsidios e incentivos) es positivo y proponemos que el Estado asuma la
responsabilidad de la promoción de la familia y la natalidad.
59. Defendemos el derecho de las familias numerosas a contar con ayudas estatales y gratuidad en los servicios públicos.
Corrupción
60. Consideramos que los delitos de corrupción suponen un atentado
contra la comunidad y, por tanto, cualquier forma que adopten debe ser
castigada con el máximo rigor. Quien protagoniza delitos de corrupción
está cometiendo delitos contra la Sociedad y el Estado. Estos delitos
deben castigarse con una dureza ejemplar incluyendo penas de prisión y
confiscación de bienes por el valor de lo defraudado.
61. Afirmamos que toda la clase política se encuentra bajo sospecha
de corrupción. El político honesto hoy, sería la excepción a la regla
que impera, según la cual el papel del político es “servirse del
pueblo”, en lugar de “servir al pueblo”. Defendemos que la honestidad es
el primer valor a defender en política, del cual derivan todos los
demás.
62. Sostenemos que la política municipal es el receptáculo
privilegiado y el más habitual de todo tipo de corruptelas. Deben
ampliarse los medios y atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción.
63. Proponemos la creación de una unidad especial de policía
especializada en la lucha contra la corrupción en el ámbito municipal.
Los partidos a los que pertenezcan los corruptos deben ser considerados
como responsables civiles subsidiarios a la hora de indemnizar a la
comunidad, salvo en el caso de que los propios partidos hayan denunciado
a sus propios compañeros en episodios de corrupción.
64. Sostenemos que los delitos de corrupción no deben prescribir y
que el corrupto responde con su patrimonio familiar y el de los que se
han beneficiado de sus corruptelas.
65. Afirmamos que el Estado no debe dudar a la hora de retirar las
competencias municipales y disolver aquellos ayuntamientos que se hayan
visto salpicados por los casos de corrupción.
66. Sostenemos que ante la generalización de los casos de corrupción
es preciso examinar de cerca los patrimonios de todos los concejales y
de sus entornos, especialmente, en las zonas “calientes”, antes de
hacerse cargo y después abandonarlo.
67. Sostenemos la necesidad de una mayor transparencia en la gestión
municipal. Si esta transparencia no existe, el gobierno no debe dudar a
la hora de decretar la disolución del ayuntamiento afectado.
68. Consideramos cualquier comisión cobrada por cualquier motivo y no
declarada a Hacienda como corrupta y, por tanto, imputable como
delictiva.
Exteriores
69. Consideramos que uno de los capítulos más lamentables del
gobierno Zapatero es el relativo a los “asuntos exteriores”. Esa
incapacidad y excentricidad del gobierno se ha puesto de manifiesto en
la llamada “Alianza de Civilizaciones”, que es preciso enterrar para
siempre, y en la habilidad de Exteriores para tejer vínculos con los
países más inestables de Asia, África e Iberoamérica. Es urgente barrer
toda esta política exterior absurda, que ha llevado a España al
aislamiento y al ridículo internacional.
70. Denunciamos que el gobierno español es el único gobierno europeo
defensor a ultranza del ingreso de Turquía en Europa (actitud en la que
coinciden PP y PSOE). Nos manifestamos en contra de este ingreso, así
como de los tratados preferenciales con éste país y con Marruecos.
71. Recordamos que entre la Guerra de Kuwait y la Guerra de Irak, el
mundo ha vivido un período unipolar liderado por los EEUU. Consideramos y
denunciamos esta configuración internacional como fundamentalmente
injusta e inestable como todo sistema de equilibrios basado en una sola
“pata”.
72. Afirmamos que este período unipolar está en crisis y que, en el
momento actual, es una necesidad tender a una ordenación multipolar del
sistema mundial basado en la realidad de las nuevas potencias
emergentes: China, India, la Unión Europea, la Rusia reconstruida.
73. Sostenemos que el marco preferencial de relaciones exteriores de
España es la Unión Europea, por proximidad y por vínculos jurídicos y
económicos; en segundo lugar los países de Iberoamérica por vínculos
históricos, culturales y lingüísticos.
74. Consideramos que España forma parte del conjunto de países
herederos de la cultura clásica y de la cultura cristiana y que, por
tanto, la UE es, efectivamente, un “club cristiano”, cerrado e
inaccesible a otros grupos religioso-culturales procedentes de más allá
de Europa.
75. Defendemos que el destino energético de Europa debe estar ligado
necesariamente a Rusia, país con el que es preciso establecer una
alianza estratégica.
76. Consideramos que una tarea prioritaria de la política exterior
española es la promoción internacional de la lengua y de la cultura
española con toda su riqueza y diversidad.
77. Afirmamos que la política exterior en relación al Magreb debe ser
de contención y defensa, especialmente en las Plazas de Soberanía de
Ceuta, Melilla, Islas Adyacentes y Canarias.
78. Defendemos la necesaria existencia de unas FFAA en número,
condiciones y eficacia suficientes como para asegurar la integración del
territorio nacional y la defensa contra agresores exteriores.
79. Sostenemos que nuestras FFAA sólo deben participar en operaciones
fuera de Europa que respondan a los intereses estratégicos de España o
de la UE, nunca más como infantería colonial de los EEUU en sus
aventuras imperialistas.
80. Proponemos la disolución de la OTAN, organización propia de la
Guerra Fría sin sentido en este momento, o bien la independencia de su
rama europea como expresión de la voluntad de Europa de alcanzar una
defensa común.
81. Sostenemos la necesidad de impulsar una industria europea de
armamento e investigación capaz de contribuir a una autonomía europea en
esta materia, de la que la industria española debe ser un puntal.
Vivienda
82 Consideramos el derecho a la vivienda como reconocido por la
Constitución, pero desconocido por la realidad política y negado por la
práctica económica. Llevar ese derecho de la teoría a la práctica es
nuestra propuesta.
83. Consideramos que los ayuntamientos son los principales
responsables en el aumento del precio de la vivienda al considerar la
venta de terrenos de su propiedad como forma de enjugar el déficit
municipal. Los ayuntamientos deben estar obligados por ley a liberar
suelo público en cantidad suficiente para hacer efectivo el derecho a la
vivienda en su término municipal.
84. Consideramos que el precio de la vivienda estuvo sobredimensionado
especialmente hasta 2008 y que, solo a partir de entonces empezó a caer.
Los bancos, los tasadores que actuaban a su servicio, y el propio
Estado y los Ayuntamientos han sido culpables de la burbuja
inmobiliaria, mientras que los perjudicados han sido quienes han
comprado viviendas entre
2000 y 2008 que están pagando unas hipotecas que están muy por encima
del precio actual. El Estado debe trata de resolver este problema
anteponiendo los intereses de los afectados a los intereses de los
responsables en la formación de la burbuja inmobiliaria.
85. Consideramos que el Estado tiene capacidad y legitimidad para
establecer mecanismos reguladores del precio de la vivienda y delimitar
las cotas máximas por las que debe discurrir. Proponemos la intervención
del Estado en esta materia mediante la fijación de precios y niveles de
beneficio máximos.
86. Consideramos que el Estado debe evitar que el “ladrillo” se
convierta en refugio del dinero negro y bien especulativo, penando
fiscalmente a quienes realicen estas prácticas.
87. Consideramos que los culpables últimos de la actual situación de
encarecimiento del precio de la vivienda son los dos partidos
mayoritarios que siempre han considerado a la construcción como el motor
de la economía (en tanto que la construcción ofrece mejores y más
fáciles “mordidas”). Proponemos que el Estado ponga el máximo interés en
trazar una divisoria entre el poder y la influencia del sector
inmobiliario y el poder político en todos sus niveles administrativos.
88. Consideramos que la llegada masiva de inmigrantes es una de las
causas principales de elevación del precio de la vivienda de propiedad y
de alquiler que ha repercutido negativamente en nuestra población. Así
mismo denunciamos la facilidad suicida con la que se han concedido
créditos hipotecarios a inmigrantes sin trabajo estable, no habituados
al consumo a crédito, con el riesgo que implica el que el castillo de
naipes de las hipotecas se desplome. Las instituciones bancarias
realizaron una mala práctica y la sociedad no tiene ninguna obligación
de “salvarlas”.
Educación
89. Recordamos que España tiene el dudoso honor de situarse a la
cabeza del fracaso escolar en Europa. Los responsables de este fracaso
tienen siglas y nombres: son los partidos que han gobernado España en
los últimos 30 años cuya gestión en materia de educación debe de ser
condenada en bloque. Se debe remontar el fracaso escolar mediante una
enseñanza digna de tal nombre en la que se contagien valores y
conocimientos y que preparen para la vida social y el ejercicio de una
profesión, son nuestros principales objetivos en esta materia.
90. Afirmamos que el sistema educativo español registra una quiebra
progresiva desde principios de los años 80 que ha llegado al límite con
el gobierno ZP. Es preciso revisar sin reservas lo que ha fallado y
desterrar los sistemas y principios educativos que han fracasado, en
lugar de persistir en su mantenimiento y ostentar así un fracaso más
estrepitoso.
91. Denunciamos que en este momento, además del fracaso escolar, ha
aparecido una violencia en las aulas que hace imposible la transmisión
del saber en algunos centros públicos. Proponemos que cualquier alumno
que dificulte la tarea educativa en las aulas y protagonice casos graves
de violencia escolar sea tratado como delincuente. Los alumnos
conflictivos deben ser expulsados de los colegios y agrupados en
“centros especiales” para que pueda restablecerse la normalidad en las
aulas.
92. Sostenemos que el gran problema de la enseñanza pública en este
momento es haber restado al profesor del principio de autoridad.
Defendemos la restauración del principio de autoridad en las aulas y la
revalorización del trabajo del profesor, así como la necesidad de que
solamente ejerzan su labor pedagógica docentes con capacidad para
hacerse respetar.
93. Sostenemos que es preciso desterrar de las aulas el principio
educativo que propone “aprender jugando” y restablecer el esfuerzo
personal y la autodisciplina como los principales valores de transmisión
del sistema educativo. Es preciso reintroducir la cultura del esfuerzo
para sustituir a la absurda ordenación actual que permite que los
alumnos de primaria pasen de un curso a otro, incluso habiendo
suspendido todas las asignaturas y sin exámenes de septiembre.
94. Defendemos la necesidad de una enseñanza que transmita el valor
del razonamiento lógico y la utilización de la memoria como instrumento
del saber.
95. Defendemos una enseñanza que transmita valores instrumentales
(esfuerzo, voluntad, capacidad de sacrificio, autodisciplina, la
constancia, el heroísmo, el sentido y la ética del honor y de lealtad,
la abnegación, la objetividad y la fidelidad a los valores
tradicionales), por encima de los valores finalistas (tolerancia,
pacifismo, universalismo, etc.). Por tanto, proponemos la supresión de
la asignatura de Educación para la Ciudadanía, mero mecanismo de
concienciación ideológica del zapaterismo.
Cultura
96. Denunciamos el relativismo cultural instalado en nuestra sociedad
a instancias del gobierno ZP y que es una de las peores muestras de la
ideología globalizadora.
97. Afirmamos la existencia de una cultura española digna de ser
conocida y transmitida a las generaciones futuras; esta cultura española
forma parte de la cultura europea, tiene sus bases en el mundo clásico,
en el mundo germánico que llegó con los visigodos y en el mundo
cristiano.
98. Negamos la posibilidad del “diálogo de civilizaciones”, y la
conveniencia de una apertura preferencial hacia el Islam, en lugar de
una política de contención política y cultural.
99. Sostenemos la importancia de las culturas regionales y el hecho
de que solamente se hayan presentado como contradictorias y rivales de
la cultura española desde la aparición de los nacionalismos periféricos.
100. Reconocemos el valor de la tradición católica en la configuración
de nuestra fisonomía cultural y sostenemos que esta confesión debe ser
particularmente respetada y considerada por encima de cualquier otra.
101. Proponemos la transmisión a las nuevas generaciones de los
valores humanistas tradicionales en Europa y del pensamiento científico
más avanzado como muestra de la modernidad que siempre ha sido
patrimonio de Europa.
102. Sostenemos que es preciso impulsar iniciativas de I+D tanto por
la empresa privada como por el Estado. Allí donde no llegue uno, el otro
deberá apoyar estos procesos creativos que tienen que ver también con
la creación de las mejores condiciones de trabajo para los
investigadores, evitar la fuga de cerebros y mantener el paso con la
modernidad más avanzada en materia de desarrollo científico y
tecnológico.
Reforma política
103. Identificamos importantes carencias en el sistema democrático
español. Más que democracia estamos en una “plutocracia” (poder del
dinero). Proponemos una profunda reforma que suponga convertir a nuestro
sistema en una democracia digna de tal nombre en lugar de un sistema
democrático devaluado y de escasa calidad.
104. Reconocemos en el desprestigio que rodea a la clase política en
relación a la población, el aspecto más evidente de las carencias
democráticas de nuestro sistema político. Ese desprestigio es el
resultado de anteponer los intereses personales o de grupo a los
intereses nacionales. Proponemos que no haya nada más elevado que el
interés nacional y, en consecuencia que debe restarse poder a los
partidos y limitar su influencia al poder legislativo.
105. Denunciamos el creciente abstencionismo y el número de votos
nulos y en blanco como otra muestra de la crisis del sistema político.
Proponemos que en el Parlamento estén representados los ciudadanos que
se han negado a votar o que lo han hecho en blanco, mediante escaños
vacíos que correspondan al porcentaje de abstencionistas.
106. Negamos que un sistema sea “democrático” solamente por que
convoque elecciones cada cuatro años. Un sistema democrático implica la
participación popular en la gestión de gobierno y el control de la
gestión gubernamental.
107. Sostenemos la necesidad de aplicar una profunda reforma del
sistema democrático y de la constitución sobre el aspecto esencial: es
decir, aumentar los niveles de participación y representatividad.
108. Defendemos las listas abiertas y desbloqueadas como un primer
paso para disminuir el peso de los partidos políticos y aumentar la
vinculación entre la clase política y la población.
109. Exigimos un sistema de representación proporcional directo, sin
las alteraciones introducidas por la Ley d’Hont en beneficio de los
partidos mayoritarios.
110. Proponemos la transformación del Senado en una cámara
corporativa con representación de los distintos sectores de la sociedad
civil y sin representación de los partidos políticos.
111. Defendemos que se facilite al máximo el derecho a la consulta
popular mediante referéndum vinculante en las decisiones políticas
importantes.
112. Afirmamos que la reforma verdadera del sistema político consiste
en restar poder a los partidos políticos y procurar que la
representación popular sea más directa y auténtica.
Sanidad
113. Proponemos que la Seguridad Social cubra las necesidades de
optometría y odontología, básicas para muchos ciudadanos y elimine de su
lista de prestaciones las operaciones de cambio de sexo que interesan
solamente a una exigua minoría.
114. Proponemos que las prestaciones y coberturas de la Seguridad
Social sean iguales en todo el Estado y terminar con la absurda
situación actual en donde unas autonomías ofrecen unas prestaciones que
otras evitan y viceversa. Si los españoles somos iguales ante la ley, en
todas las autonomías del Estado debemos gozar de las mismas
prestaciones.
115. Proponemos que el gobierno asuma la difusión de sanos hábitos de
vida que eviten la aparición de determinadas enfermedades y eviten la
saturación de los servicios sanitarios. La medicina preventiva debe
empezar en la propia vida personal de los ciudadanos.
116. Defendemos que la primera exigencia en la asistencia sanitaria
pública es la calidad de los servicios, la rapidez y la prontitud tanto
en urgencias como en medicina especializada.
Defensa del medio ambiente
117. Proponemos que, más allá de la alarma social generada en los
últimos tiempos por la difusión de documentales sobre el cambio
climático, aumenten los presupuestos de investigación sobre estudios
medioambientales hasta que se esté en condiciones de construir un modelo
matemático que muestre el impacto real para nuestro país del actual
proceso de deterioro medioambiental, más allá de los artículos de
divulgación periodística. Solamente conociendo las raíces y la extensión
del problema estaremos en condiciones de habilitar las soluciones
adecuadas.
118. Proponemos que se revise el Plan Hidrológico Nacional y se
retorne a la idea de trasvasar el 5% del caudal del río Ebro al Levante
Español, o de lo contrario, amplias zonas de cultivo serán dependientes
de agua procedente de las desaladoras, disminuyendo la calidad de los
cultivos.
119. Proponemos una revitalización del campo español y la
proscripción de las sistemáticas recalificaciones de terrenos de uso
agrícola a terrenos urbanizables.
120. Proponemos armonizar el crecimiento económico (y por tanto el
crecimiento del consumo energético) con las medidas de sostenibilidad
del medio ambiente, incentivando el ahorro de energía y la investigación
sobre técnicas de optimización de energía.
121. Proponemos una cultura del reciclado frente a una cultura del
despilfarro, que debe iniciarse en las escuelas y en las empresas, esa
cultura se debe basar en sólidos estudios técnicos y científicos y
evitar la acumulación y extensión de los basureros municipales.
122. Proponemos la revitalización de nuestra ganadería y la
protección de la trashumancia como un bien antropológico y cultural, y
la forma más efectiva de mantener limpio el sotobosque pata evitar
incendios forestales.
El Comité Electoral de E2000
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miércoles, 16 de noviembre de 2011
Esto es lo que queremos (IV): ¿Qué plantea E2000 en materia autonómica?
Los riesgos de cerrar mal una constitución consisten el que en las
décadas siguientes se van percibiendo los desfases y el sistema queda
progresivamente más y más erosionado. Inicialmente, se trataba de
“descentralizar” el Estado, algo de lo que incluso en los últimos
tiempos del franquismo ya era asumido como una necesidad.
Posteriormente, se trataba de enlazar con la “legalidad republicana” que
había dado Estatutos de Autonomía a Catalunya y Euskadi y estaba a
punto de dárselo a Galicia. Luego, los andaluces reivindicaron el suyo
y, justo en ese preciso momento, la UCD descubrió el “café para todos”,
porque era precisamente en las autonomías que quedaban en donde sus
colores podían tener mayoría. Y así quedó España a mediados de los años
80 con el país parcelado en 17 “autonomías” que en absoluto respondían a
criterios históricos, sino a necesidades de la clase política. Treinta
años después, el país pasó a ser ingobernable y, lo que es peor,
insostenible.
Bastó que soplaran los primeros vientos de la crisis económica para que muchos empezásemos a alertar sobre el hecho de que los presupuestos de las comunidades autónomas eran excesivamente abultados, que existían excesivos escalones administrativos y que las comunidades autónomas, en realidad, no habían descentralizado nada, sino que se habían limitado a crear nuevos polos de “centralidad” en cada región. El principio por el que se movían las autonomías era que contra más competencias acapararan, era mejor, porque así dispondrían de más presupuesto, esto es, de más gasto y, por tanto, de más comisiones. Sí, porque lo sorprendente fue, desde el principio del “café para todos”, el descontrol del gasto público en las autonomías.
En primer lugar se sale reconociendo el problema. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Que el Estado de las Autonomías es mastodóntico e inviable, inasumible en tiempos de bonanza económica e imposible cuando sopla la crisis.
Reconocido esto hay que arbitrar una fórmula para renovarlo. ¿De verdad hay que renovarlo? ¿No sería mejor, hacer borrón y cuenta nueva? Sea como fuere de lo que se trata es de 1) aligerarlo, 2) eliminar niveles administrativos y 3) reducir el engranaje burocrático. Y esto implica necesariamente:
- Es preciso reducir el número de autonomías de las actuales 17 a no más de 7/8. Así pues, de lo que se trata es de abordar procesos de fusión. Estos procesos de fusión pueden tener como estímulo la historia o bien la voluntad de los propios habitantes, pero lo que está claro es que hay que reducir el número de autonomías. El “café para todos” no fue la solución.
- Es preciso reformar radicalmente las administraciones públicas y esto pasa por dos medidas esenciales: la disolución de las diputaciones provinciales con la transferencia de parte de sus competencias a los Ayuntamientos y otras partes a las Autonomías, y de otro lado proceder a la fusión de municipios para disminuir el número de Ayuntamientos y reconocer que algunos de ellos son completamente inviables. Así mismo, es preciso racionalizar la administración, utilizar las amplias posibilidades informáticas que existen hoy para reducir al mínimo las gestiones y facilitar el que cualquier gestión puede hacerse a través de Internet.
- Es preciso establecer el principio de que la “autonomía” no es derecho implícito en tal o cual región que, en realidad, forman parte del Estado e históricamente están vinculados al proceso que ha dado lugar a la nación española. El “derecho” a la autonomía tiene como contrapartida el principio de Lealtad al Estado. No se concede una autonomía para centrifugar al Estado, ni para vaciarlo de contenidos, ni, por supuesto, para crear una fuente de gasto y una nueva ubre para que las clases políticas regionales de los partidos mayoritarios se repartan nuevos paquetes de comisiones. La función de las autonomías es, simplemente, generar un escalón administrativo de proximidad que responda a una necesidad histórica presente en nuestro pasado y a unas características culturales propias que se han ido definiendo a lo largo del devenir histórico. Resumiendo: máxima autonomía a cambio de máxima lealtad al Estado.
- El proceso de reforma del Estado de las autonomías no puede concebirse sin una profunda reforma de las administraciones y del mismo concepto de Estado tal como está presente en el actual marco constitucional. Así pues, de lo que se trata es de abrir un proceso constituyen, en el momento en el que se den las circunstancias oportunas, que redefinan el papel de las autonomías, sus competencias, área de influencia, su funcionalidad y los motivos por los cuales una autonomía que no cumpla las expectativas depositadas en ella puede ser suspendida o intervenida.
- El momento histórico actual hace inevitable que existan cuatro niveles administrativos: el nivel europeo (recordar que E2000 a dicho “Sí a Europa, pero No a esta Europa”), el nivel Estatal, el nivel Autonómico y el nivel Local. El nivel europeo es todavía hoy un nivel en fase de construcción y del que no se sabe exactamente hacia dónde derivará en los próximos años. Pero sí que, en la actualidad, puede establecerse una “jerarquía” entre los otros tres niveles administrativos: el Estado está por encima de las Autonomías, como estas están por encima de las administraciones municipales. Solamente aceptando esto, será posible reconstruir la estructura de un Estado moderno con capacidad de gestión y con un volumen razonable.
- Las autonomías son algo connatural a la España tradicional. De hecho, España solamente tuvo forma centralizada a partir de Felipe V y de la importación de las ideas absolutistas que llegaron con los borbones primero y con el liberalismo jacobino en el siglo siguiente. Ese modelo “de importación” nunca fue el que correspondió a nuestro país, ni a nuestra tradición histórica que desde tiempos de la dominación romana ya había sido parcelado en zonas, parcelación que fue adaptada durante el período visigodo y, por supuesto, luego, durante los tiempos de la Reconquista. Más tarde, la recuperación de la “unidad nacional” (la unidad de principios y de objetivos ya existió desde la aparición de los focos de resistencia al Islam en la cornisa cantábrica y en los Pirineos) por los Reyes Católicos no supuso una “uniformización” del Estado que solamente se llevó a cabo a partir de la llegada de los borbones y que nunca pudo aplicarse por completo en un país grande y, por tanto, con tantas peculiaridades regionales. Es propio, pues, de la tradición español, el foralismo esto es el reconocimiento de autonomías regionales. Pero estamos en la modernidad y ese principio es el que hay que recuperar. El centralismo jacobino es hijo del liberalismo decimonónico, su aplicación constituyó un nuevo fracaso en la historia de España.
- Consideramos al nacionalismo como uno de los peores crímenes contra la patria. El nacionalismo supone la convicción de que las entidades regionales son superiores al todo, esto es al Estado y que, por tanto, o se les reconoce esta preeminencia o se independizan. En la práctica, el “reconocimiento de esta preeminencia” supone entregar más dinero a las clases políticas regionales. Por tanto, los partidos nacionalistas solamente podrían tener espacio en una ordenación futura del territorio en cuanto asumieran el hecho de que si existen es para favorecer los intereses de una comunidad, pero sin menoscabo del resto del Estado y comprometiéndose a abstenerse de realizar el chantaje vergonzoso que los partidos nacionalistas realizan contra el Estado desde varias autonomías.
Estos principios son lo suficientemente claros como para que nadie se llame a engaño. Estamos hablando de identidad, de arraigo y estamos hablando de Estado y de Patria. Y no hay que tener miedo a decir que no solamente en el Estado no tienen cabida los terroristas, sino que tampoco la tienen quienes intenten desgarrar a nuestra Nación. Leer más...
Bastó que soplaran los primeros vientos de la crisis económica para que muchos empezásemos a alertar sobre el hecho de que los presupuestos de las comunidades autónomas eran excesivamente abultados, que existían excesivos escalones administrativos y que las comunidades autónomas, en realidad, no habían descentralizado nada, sino que se habían limitado a crear nuevos polos de “centralidad” en cada región. El principio por el que se movían las autonomías era que contra más competencias acapararan, era mejor, porque así dispondrían de más presupuesto, esto es, de más gasto y, por tanto, de más comisiones. Sí, porque lo sorprendente fue, desde el principio del “café para todos”, el descontrol del gasto público en las autonomías.
En primer lugar se sale reconociendo el problema. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Que el Estado de las Autonomías es mastodóntico e inviable, inasumible en tiempos de bonanza económica e imposible cuando sopla la crisis.
Reconocido esto hay que arbitrar una fórmula para renovarlo. ¿De verdad hay que renovarlo? ¿No sería mejor, hacer borrón y cuenta nueva? Sea como fuere de lo que se trata es de 1) aligerarlo, 2) eliminar niveles administrativos y 3) reducir el engranaje burocrático. Y esto implica necesariamente:
- Es preciso reducir el número de autonomías de las actuales 17 a no más de 7/8. Así pues, de lo que se trata es de abordar procesos de fusión. Estos procesos de fusión pueden tener como estímulo la historia o bien la voluntad de los propios habitantes, pero lo que está claro es que hay que reducir el número de autonomías. El “café para todos” no fue la solución.
- Es preciso reformar radicalmente las administraciones públicas y esto pasa por dos medidas esenciales: la disolución de las diputaciones provinciales con la transferencia de parte de sus competencias a los Ayuntamientos y otras partes a las Autonomías, y de otro lado proceder a la fusión de municipios para disminuir el número de Ayuntamientos y reconocer que algunos de ellos son completamente inviables. Así mismo, es preciso racionalizar la administración, utilizar las amplias posibilidades informáticas que existen hoy para reducir al mínimo las gestiones y facilitar el que cualquier gestión puede hacerse a través de Internet.
- Es preciso establecer el principio de que la “autonomía” no es derecho implícito en tal o cual región que, en realidad, forman parte del Estado e históricamente están vinculados al proceso que ha dado lugar a la nación española. El “derecho” a la autonomía tiene como contrapartida el principio de Lealtad al Estado. No se concede una autonomía para centrifugar al Estado, ni para vaciarlo de contenidos, ni, por supuesto, para crear una fuente de gasto y una nueva ubre para que las clases políticas regionales de los partidos mayoritarios se repartan nuevos paquetes de comisiones. La función de las autonomías es, simplemente, generar un escalón administrativo de proximidad que responda a una necesidad histórica presente en nuestro pasado y a unas características culturales propias que se han ido definiendo a lo largo del devenir histórico. Resumiendo: máxima autonomía a cambio de máxima lealtad al Estado.
- El proceso de reforma del Estado de las autonomías no puede concebirse sin una profunda reforma de las administraciones y del mismo concepto de Estado tal como está presente en el actual marco constitucional. Así pues, de lo que se trata es de abrir un proceso constituyen, en el momento en el que se den las circunstancias oportunas, que redefinan el papel de las autonomías, sus competencias, área de influencia, su funcionalidad y los motivos por los cuales una autonomía que no cumpla las expectativas depositadas en ella puede ser suspendida o intervenida.
- El momento histórico actual hace inevitable que existan cuatro niveles administrativos: el nivel europeo (recordar que E2000 a dicho “Sí a Europa, pero No a esta Europa”), el nivel Estatal, el nivel Autonómico y el nivel Local. El nivel europeo es todavía hoy un nivel en fase de construcción y del que no se sabe exactamente hacia dónde derivará en los próximos años. Pero sí que, en la actualidad, puede establecerse una “jerarquía” entre los otros tres niveles administrativos: el Estado está por encima de las Autonomías, como estas están por encima de las administraciones municipales. Solamente aceptando esto, será posible reconstruir la estructura de un Estado moderno con capacidad de gestión y con un volumen razonable.
- Las autonomías son algo connatural a la España tradicional. De hecho, España solamente tuvo forma centralizada a partir de Felipe V y de la importación de las ideas absolutistas que llegaron con los borbones primero y con el liberalismo jacobino en el siglo siguiente. Ese modelo “de importación” nunca fue el que correspondió a nuestro país, ni a nuestra tradición histórica que desde tiempos de la dominación romana ya había sido parcelado en zonas, parcelación que fue adaptada durante el período visigodo y, por supuesto, luego, durante los tiempos de la Reconquista. Más tarde, la recuperación de la “unidad nacional” (la unidad de principios y de objetivos ya existió desde la aparición de los focos de resistencia al Islam en la cornisa cantábrica y en los Pirineos) por los Reyes Católicos no supuso una “uniformización” del Estado que solamente se llevó a cabo a partir de la llegada de los borbones y que nunca pudo aplicarse por completo en un país grande y, por tanto, con tantas peculiaridades regionales. Es propio, pues, de la tradición español, el foralismo esto es el reconocimiento de autonomías regionales. Pero estamos en la modernidad y ese principio es el que hay que recuperar. El centralismo jacobino es hijo del liberalismo decimonónico, su aplicación constituyó un nuevo fracaso en la historia de España.
- Consideramos al nacionalismo como uno de los peores crímenes contra la patria. El nacionalismo supone la convicción de que las entidades regionales son superiores al todo, esto es al Estado y que, por tanto, o se les reconoce esta preeminencia o se independizan. En la práctica, el “reconocimiento de esta preeminencia” supone entregar más dinero a las clases políticas regionales. Por tanto, los partidos nacionalistas solamente podrían tener espacio en una ordenación futura del territorio en cuanto asumieran el hecho de que si existen es para favorecer los intereses de una comunidad, pero sin menoscabo del resto del Estado y comprometiéndose a abstenerse de realizar el chantaje vergonzoso que los partidos nacionalistas realizan contra el Estado desde varias autonomías.
Estos principios son lo suficientemente claros como para que nadie se llame a engaño. Estamos hablando de identidad, de arraigo y estamos hablando de Estado y de Patria. Y no hay que tener miedo a decir que no solamente en el Estado no tienen cabida los terroristas, sino que tampoco la tienen quienes intenten desgarrar a nuestra Nación. Leer más...
lunes, 14 de noviembre de 2011
Esto es lo que queremos (III): ¿Qué plantea E2000 en materia de inmigración?
E2000 no es un partido ni xenófobo ni racista, pero es rigurosamente
cierto que es un partido anti-inmigración. Creemos que han llegado
demasiados inmigrantes, creemos que el mercado laboral no los puede
integrar, ni hoy, ni en las próximas décadas y creemos, finalmente, que
han supuesto un factor de desdibujamiento de la identidad nacional.
La inmigración, históricamente llega con Aznar, cuando en 1997 pone en práctica su modelo económico basado en construcción, salarios bajos, acceso fácil al crédito e inmigración masiva. La llegada de inmigrantes tenía como única finalidad rebajar el coste de los salarios y aportar mano de obra sin cualificar al sector de la construcción y a la hostelería. Luego, Zapatero, en 2004 terminó por abrir las puertas de par en par a la inmigración. El resultado ha sido la llegada de 7.000.000 de inmigrantes, de los que 1.000.000 ya ha recibido la nacionalidad española.
El recurso de la inmigración es todavía más admisible cuando en 1997 todavía existía un paro en España superior al 8%. No era necesaria, ni ha aportado gran cosa. En realidad ha servido para que algunas patronales (la del turismo y la de la construcción) se embolsaran extraordinarios beneficios (los inmigrantes venden más barata su fuerza de trabajo y, por tanto, los salarios tienden a bajar) pero la factura la tuviera que pagar toda la sociedad española. Hoy esa factura es ya insoportable y pesa como una losa sobre nuestra economía siendo una de los factores que contribuyen al aumento del déficit público.
Por otra parte, nosotros nos reconocemos en la civilización europea: somos hijos de la cultura clásica, de Grecia y de Roma, somos hijos del mundo católico medieval y somos hijos del mundo celta y del mundo germánico que llegó con los visigodos. Somos europeos, con nuestros rasgos y nuestra identidad propia. Precisamente por eso no podemos consentir que la llegada masiva de inmigración supongo una pérdida de identidad para nuestro pueblo. Queremos seguir siendo lo que hemos sido hasta ahora, no queremos una “España mestiza”, ni una multiculturalidad que nunca han aceptado pueblos extraeuropeos en su territorio.
Quienes han traído inmigrantes en masa nos dicen que ha sido para “pagar las pensiones de los abuelos”. E2000 desde hace años viene denunciando que precisamente la llegada masiva de inmigración descontrolada y que precisa constantes ayudas sociales y genera patologías (delincuencia, bandas étnicas, guetos) es lo que está haciendo peligrar precisamente el pago de las pensiones. En España cotizan actualmente algo más de 1.400.000 inmigrantes, casi siempre por las franjas salariales más bajas y muchos de ellos a tiempo parcial ¿de qué viven los otros 5.000.000? Respuesta: de la caridad pública, de subsidios, de subvenciones, de ayudas sociales…
El PP y el PSOE nos decían que la inmigración llegaba entre 1997 y 2007 porque nuestro crecimiento económico llamaba la atención en todo el mundo… ¿y ahora? Ahora, cuando España está en todos los informativos por sus altas tasas de paro, por la parálisis de su economía, por su abultada deuda ¿cómo es posible que sigan llegando inmigrantes? Respuesta: atraídos por nuestro sistema de sanidad, por nuestra educación, por nuestras ayudas sociales… pero, a cuesta de muñir la vaca, finalmente quedará exangüe.
PP y PSOE nos hablan desde hace 15 años de integración. Otros partidos europeos de ese estilo llevan ya 50 años hablando del mismo tema: “integración”, la palabra fetiche. En ningún país europeo, absolutamente en ninguno, incluidos en los países más liberales, la “integración” se ha conseguido, ni siquiera a fuerza de invertir cuantiosísimos fondos (que no existen en nuestro país). La integración de la inmigración en España será la crónica de un fracaso anunciado, de la misma forma que hoy en toda Europa ya se ha certificado ese mismo fracaso.
E2000 se opone a todo esto y tiene una opción clara; es preciso adoptar una serie de medidas drásticas para resolver el problema. Tampoco aquí los parches técnicos que quiere aplicar el PP y el PSOE (en esto también su política es la misma) servirán para gran cosa. Nada que no sea reconocer la naturaleza y profundidad del problema contribuirá a solucionarlo. Y la solución al problema de la inmigración masiva pasa por la aplicación de los siguientes puntos:
- REPATRIACIÓN de los excedentes de inmigración que no puedan acomodarse a nuestro mercado laboral, que estén en paro o que hayan llegado ilegalmente a España.
- CONTENCIÓN del fenómeno de la inmigración, algo que hemos expresado en esta campaña con el eslogan de “Ni uno más”: ni un inmigrante más. Es preciso cerrar y blindar fronteras para evitar que lleguen más y más inmigrantes.
- DEROGACIÓN de la Ley de Inmigración con eliminación del concepto de “regularización por arraigo” y la suspensión de la “reagrupación familiar” supeditándola a la posibilidad de mantener a los familiares a su cargo sin recibir ayudas sociales.
- EXPULSIÓN inmediata de todo aquel extranjero que haya cometido algún delito a falta en el territorio nacional después de haber cumplido la pena de prisión correspondiente y haber resarcido económicamente a la víctima mediante el trabajo penitenciario.
- PROHIBICIÓN de las concentraciones de inmigrantes superiores al 5% de la población de un barrio o de una ciudad. Ese 5% será el límite máximo al que se podrá llegar para evitar la formación de guetos y barrios conflictivos.
- PREFERENCIA nacional, esto es preferencia de los españoles a la hora de optar por puestos de trabajo, subsidios y ayudas sociales.
- CONTROL de los flujos migratorios desde el origen. Ningún extranjero podrá aspirar a permiso de residencia o de trabajo si no lo solicita en el consulado español más próximo a su lugar de residencia.
- IMPULSO a la natalidad entre españoles mediante campañas y un programa de ayudas sociales a las parejas jóvenes que decidan tener hijos.
- IMPEDIR la difusión del islam radical en nuestro territorio y expulsión de todos aquellos imanes que no acepten el modelo europeo de convivencia.
- CONSIDERACIÓN de la condición de la condición de extranjero como agravante en los juicios por delitos cometidos en nuestro territorio.
- ASIMILACIÓN de los inmigrantes que decidan residir en territorio nacional como alternativa a la integración, es decir, asunción de los valores nacionales y renuncia a los valores de origen.
¿Qué queremos? Una sociedad en la que no nos sintamos extraños, en la que nuestros valores se respeten y se asuman, en donde nadie venga a darnos lecciones ni a aplicar modelos extraños que quedaron atrás en la historia. Queremos defender nuestra identidad. No somos xenófobos ni racistas, queremos reconocernos en un modelo de sociedad concreto y evitar a nuestro país el amargo cáliz inestable del multiculturalismo y el mestizaje. Sólo eso. Leer más...
La inmigración, históricamente llega con Aznar, cuando en 1997 pone en práctica su modelo económico basado en construcción, salarios bajos, acceso fácil al crédito e inmigración masiva. La llegada de inmigrantes tenía como única finalidad rebajar el coste de los salarios y aportar mano de obra sin cualificar al sector de la construcción y a la hostelería. Luego, Zapatero, en 2004 terminó por abrir las puertas de par en par a la inmigración. El resultado ha sido la llegada de 7.000.000 de inmigrantes, de los que 1.000.000 ya ha recibido la nacionalidad española.
El recurso de la inmigración es todavía más admisible cuando en 1997 todavía existía un paro en España superior al 8%. No era necesaria, ni ha aportado gran cosa. En realidad ha servido para que algunas patronales (la del turismo y la de la construcción) se embolsaran extraordinarios beneficios (los inmigrantes venden más barata su fuerza de trabajo y, por tanto, los salarios tienden a bajar) pero la factura la tuviera que pagar toda la sociedad española. Hoy esa factura es ya insoportable y pesa como una losa sobre nuestra economía siendo una de los factores que contribuyen al aumento del déficit público.
Por otra parte, nosotros nos reconocemos en la civilización europea: somos hijos de la cultura clásica, de Grecia y de Roma, somos hijos del mundo católico medieval y somos hijos del mundo celta y del mundo germánico que llegó con los visigodos. Somos europeos, con nuestros rasgos y nuestra identidad propia. Precisamente por eso no podemos consentir que la llegada masiva de inmigración supongo una pérdida de identidad para nuestro pueblo. Queremos seguir siendo lo que hemos sido hasta ahora, no queremos una “España mestiza”, ni una multiculturalidad que nunca han aceptado pueblos extraeuropeos en su territorio.
Quienes han traído inmigrantes en masa nos dicen que ha sido para “pagar las pensiones de los abuelos”. E2000 desde hace años viene denunciando que precisamente la llegada masiva de inmigración descontrolada y que precisa constantes ayudas sociales y genera patologías (delincuencia, bandas étnicas, guetos) es lo que está haciendo peligrar precisamente el pago de las pensiones. En España cotizan actualmente algo más de 1.400.000 inmigrantes, casi siempre por las franjas salariales más bajas y muchos de ellos a tiempo parcial ¿de qué viven los otros 5.000.000? Respuesta: de la caridad pública, de subsidios, de subvenciones, de ayudas sociales…
El PP y el PSOE nos decían que la inmigración llegaba entre 1997 y 2007 porque nuestro crecimiento económico llamaba la atención en todo el mundo… ¿y ahora? Ahora, cuando España está en todos los informativos por sus altas tasas de paro, por la parálisis de su economía, por su abultada deuda ¿cómo es posible que sigan llegando inmigrantes? Respuesta: atraídos por nuestro sistema de sanidad, por nuestra educación, por nuestras ayudas sociales… pero, a cuesta de muñir la vaca, finalmente quedará exangüe.
PP y PSOE nos hablan desde hace 15 años de integración. Otros partidos europeos de ese estilo llevan ya 50 años hablando del mismo tema: “integración”, la palabra fetiche. En ningún país europeo, absolutamente en ninguno, incluidos en los países más liberales, la “integración” se ha conseguido, ni siquiera a fuerza de invertir cuantiosísimos fondos (que no existen en nuestro país). La integración de la inmigración en España será la crónica de un fracaso anunciado, de la misma forma que hoy en toda Europa ya se ha certificado ese mismo fracaso.
E2000 se opone a todo esto y tiene una opción clara; es preciso adoptar una serie de medidas drásticas para resolver el problema. Tampoco aquí los parches técnicos que quiere aplicar el PP y el PSOE (en esto también su política es la misma) servirán para gran cosa. Nada que no sea reconocer la naturaleza y profundidad del problema contribuirá a solucionarlo. Y la solución al problema de la inmigración masiva pasa por la aplicación de los siguientes puntos:
- REPATRIACIÓN de los excedentes de inmigración que no puedan acomodarse a nuestro mercado laboral, que estén en paro o que hayan llegado ilegalmente a España.
- CONTENCIÓN del fenómeno de la inmigración, algo que hemos expresado en esta campaña con el eslogan de “Ni uno más”: ni un inmigrante más. Es preciso cerrar y blindar fronteras para evitar que lleguen más y más inmigrantes.
- DEROGACIÓN de la Ley de Inmigración con eliminación del concepto de “regularización por arraigo” y la suspensión de la “reagrupación familiar” supeditándola a la posibilidad de mantener a los familiares a su cargo sin recibir ayudas sociales.
- EXPULSIÓN inmediata de todo aquel extranjero que haya cometido algún delito a falta en el territorio nacional después de haber cumplido la pena de prisión correspondiente y haber resarcido económicamente a la víctima mediante el trabajo penitenciario.
- PROHIBICIÓN de las concentraciones de inmigrantes superiores al 5% de la población de un barrio o de una ciudad. Ese 5% será el límite máximo al que se podrá llegar para evitar la formación de guetos y barrios conflictivos.
- PREFERENCIA nacional, esto es preferencia de los españoles a la hora de optar por puestos de trabajo, subsidios y ayudas sociales.
- CONTROL de los flujos migratorios desde el origen. Ningún extranjero podrá aspirar a permiso de residencia o de trabajo si no lo solicita en el consulado español más próximo a su lugar de residencia.
- IMPULSO a la natalidad entre españoles mediante campañas y un programa de ayudas sociales a las parejas jóvenes que decidan tener hijos.
- IMPEDIR la difusión del islam radical en nuestro territorio y expulsión de todos aquellos imanes que no acepten el modelo europeo de convivencia.
- CONSIDERACIÓN de la condición de la condición de extranjero como agravante en los juicios por delitos cometidos en nuestro territorio.
- ASIMILACIÓN de los inmigrantes que decidan residir en territorio nacional como alternativa a la integración, es decir, asunción de los valores nacionales y renuncia a los valores de origen.
¿Qué queremos? Una sociedad en la que no nos sintamos extraños, en la que nuestros valores se respeten y se asuman, en donde nadie venga a darnos lecciones ni a aplicar modelos extraños que quedaron atrás en la historia. Queremos defender nuestra identidad. No somos xenófobos ni racistas, queremos reconocernos en un modelo de sociedad concreto y evitar a nuestro país el amargo cáliz inestable del multiculturalismo y el mestizaje. Sólo eso. Leer más...
viernes, 11 de noviembre de 2011
Esto es lo que queremos (II): ¿Qué plantea E2000 para combatir la corrupción?
La corrupción se ha transformado en el cáncer endémico del sistema
político español. Hoy no se reconoce todavía unánimemente a nivel de
medios de comunicación y mucho menos a nivel de clase política, pero si está en la calle muy arraigada entre la población la idea de que los “políticos roban”. Vox populi – vox dei.
Esta situación recuerda la misma que se dio en España durante la “restauración monárquica” cuando toda la actividad política estaba marcada por el fenómeno del caciquismo. Tampoco entonces se reconocía, pero la historia ha revisado aquel período y concluido que los desastres que ocurrieron y la ingobernabilidad del país se debieron a la preeminencia del caciquismo. Aquello no era democracia, gobierno del pueblo, era un “gobierno de los caciques”. Hoy, el régimen político no es tampoco una democracia, sino una “cleptocracia”.
No hay inocentes, la lacra de la corrupción se extiende desde, como mínimo el año 1984, por los dos grandes partidos y salpica de manera excepcionalmente impactante a los dos grandes partidos regionalistas, CiU y PNV. Ya no cabe decir aquello de que “los corruptos son una excepción”. En absoluto: los corruptos son la regla, aquellos a los que se les logra imputar judicialmente por casos de corrupción son una minoría y aquellos que ingresan salvarse de ir a prisión con las más endebles excusas (véase el “Caso Fabra” en donde la estrategia de la defensa consistió en ir dilatando el juicio hasta producirse la prescripción de cuatro de los cinco delitos de los que se acusa al antiguo presidente de la Diputación de Castellón) todavía menos.
¿Y los políticos “honrados”? Debe de haberlos, sin duda, pero uno de los timbres de honradez es no dudar en tirar de la manta ante los casos de corrupción de la propia formación… y de estos, la cleptocracia española no conoce ni un solo caso.
Los casos de corrupción son todavía más lacerantes en cuanto que han estado vinculados a la burbuja inmobiliaria o a grandes obras públicas presentadas como necesarias, cuando eran prescindibles desde todos los puntos de vista. En buena medida, la corrupción fue causante del aumento del precio de la vivienda, de la misma forma que determinadas infraestructuras están más ligadas a las comisiones que devengaron a sus promotores que a la necesidad de afrontarlas (véase el caso del aeropuerto de Ciudad Real, por citar uno solo).
Para colmo, aun en el momento en el que la crisis y los salarios de miseria golpean a la inmensa mayoría de los trabajadores, los casos de corrupción resultan todavía más escandalosos: unos políticos corruptos piden el voto de los trabajadores y las clases medias para ascender al poder y saquear las arcas públicas que luego son rellenadas ejerciendo presión fiscal.
España 2000 reprueba todos estos comportamientos corruptos y sitúa la corrupción como uno de los males endémicos que han conseguido desvirtuar completamente la democracia en nuestro país. El hecho de que los casos de corrupción alcancen a la misma familia real (véase el “Caso Urdangarín” que se está desarrollando precisamente estos días) parece indicar que “del rey abajo, todos” y que si en el entorno de la familia real existe corrupción cuando, en realidad, una de sus pocas funciones sería dar ejemplo de civismo y ciudadanía, es que cualquier ciudadano puede tener una excusa para corromperse.
España 2000 dice: ¡hay que acabar de una vez por todas con la corrupción y con el Estado de los Corruptos! Y para eso el pulso no debe temblar.
España 2000 en su programa político explica en los puntos 60 a 68 cómo afrontar la corrupción. Los reproducimos a continuación:
60. Consideramos que los delitos de corrupción suponen un atentado contra la comunidad y, por tanto, cualquier forma que adopten debe ser castigada con el máximo rigor. Quien protagoniza delitos de corrupción está cometiendo delitos contra la Sociedad y el Estado. Estos delitos deben castigarse con una dureza ejemplar incluyendo penas de prisión y confiscación de bienes por el valor de lo defraudado.
61. Afirmamos que toda la clase política se encuentra bajo sospecha de corrupción. El político honesto hoy, sería la excepción a la regla que impera, según la cual el papel del político es “servirse del pueblo”, en lugar de “servir al pueblo”. Defendemos que la honestidad es el primer valor a defender en política, del cual derivan todos los demás.
62. Sostenemos que la política municipal es el receptáculo privilegiado y el más habitual de todo tipo de corruptelas. Deben ampliarse los medios y atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción.
63. Proponemos la creación de una unidad especial de policía especializada en la lucha contra la corrupción en el ámbito municipal. Los partidos a los que pertenezcan los corruptos deben ser considerados como responsables civiles subsidiarios a la hora de indemnizar a la comunidad, salvo en el caso de que los propios partidos hayan denunciado a sus propios compañeros en episodios de corrupción.
64. Sostenemos que los delitos de corrupción no deben prescribir y que el corrupto responde con su patrimonio familiar y el de los que se han beneficiado de sus corruptelas.
65. Afirmamos que el Estado no debe dudar a la hora de retirar las competencias municipales y disolver aquellos ayuntamientos que se hayan visto salpicados por los casos de corrupción.
66. Sostenemos que ante la generalización de los casos de corrupción es preciso examinar de cerca los patrimonios de todos los concejales y de sus entornos, especialmente, en las zonas “calientes”, antes de hacerse cargo y después abandonarlo.
67. Sostenemos la necesidad de una mayor transparencia en la gestión municipal. Si esta transparencia no existe, el gobierno no debe dudar a la hora de decretar la disolución del ayuntamiento afectado.
68. Consideramos cualquier comisión cobrada por cualquier motivo y no declarada a Hacienda como corrupta y, por tanto, imputable como delictiva.
La novedad de este programa es la consideración del delito de corrupción como un delito contra la Comunidad y, por tanto, que debe ser castigado con la máxima dureza. La consideración de los partidos como “responsables civiles subsidiarios” de las indemnizaciones acciones realizadas por los corruptos, salvo en el caso de que la: esta es la única forma de que los partidos realicen una selección de sus cuadros dirigentes y los cargos públicos sean elegidos entre los más honestos.
Creemos que estos puntos son los MÍNIMOS que un gobierno que realmente haga de la lucha contra la corrupción un objetivo prioritario, debe asumir. Cualquier otro proyecto de erradicar la corrupción en España que no coja al toro por los cuernos no pasará de ser un parche técnico.
Hay algo más: es preciso encuadrar la corrupción dentro del contexto histórico que le es propio: la elaboración de la Constitución de 1978 que ha dado lugar el “régimen” actual. Aquel texto no nació de un proceso constituyente sino del acuerdo entre los llamados “padres de la Constitución”. Estos configuraron un sistema hecho para que el centro-derecha y el centro-izquierda se eternizaran en el poder, cuando no tenían mayoría absoluta recurriendo al apoyo de los partidos regionalistas. Así nació la “banda de los cuatro”, y no es por casualidad que la inmensa mayoría de casos de corrupción hayan sido protagonizados por estos cuatro partidos: PP, PSOE, PNV y CiU.
El mal no está anidado solamente en los partidos políticos, sino en el propio “régimen”. De ahí que para alejar de nuestro país las sombras de la corrupción sea necesario REFORMAR LA CONSTITUCIÓN EN PROFUNDIDAD O ABRIR EL PROCESO CONSTITUYENTE QUE NO SE ABRIÓ EN 1978… Leer más...
Esta situación recuerda la misma que se dio en España durante la “restauración monárquica” cuando toda la actividad política estaba marcada por el fenómeno del caciquismo. Tampoco entonces se reconocía, pero la historia ha revisado aquel período y concluido que los desastres que ocurrieron y la ingobernabilidad del país se debieron a la preeminencia del caciquismo. Aquello no era democracia, gobierno del pueblo, era un “gobierno de los caciques”. Hoy, el régimen político no es tampoco una democracia, sino una “cleptocracia”.
No hay inocentes, la lacra de la corrupción se extiende desde, como mínimo el año 1984, por los dos grandes partidos y salpica de manera excepcionalmente impactante a los dos grandes partidos regionalistas, CiU y PNV. Ya no cabe decir aquello de que “los corruptos son una excepción”. En absoluto: los corruptos son la regla, aquellos a los que se les logra imputar judicialmente por casos de corrupción son una minoría y aquellos que ingresan salvarse de ir a prisión con las más endebles excusas (véase el “Caso Fabra” en donde la estrategia de la defensa consistió en ir dilatando el juicio hasta producirse la prescripción de cuatro de los cinco delitos de los que se acusa al antiguo presidente de la Diputación de Castellón) todavía menos.
¿Y los políticos “honrados”? Debe de haberlos, sin duda, pero uno de los timbres de honradez es no dudar en tirar de la manta ante los casos de corrupción de la propia formación… y de estos, la cleptocracia española no conoce ni un solo caso.
Los casos de corrupción son todavía más lacerantes en cuanto que han estado vinculados a la burbuja inmobiliaria o a grandes obras públicas presentadas como necesarias, cuando eran prescindibles desde todos los puntos de vista. En buena medida, la corrupción fue causante del aumento del precio de la vivienda, de la misma forma que determinadas infraestructuras están más ligadas a las comisiones que devengaron a sus promotores que a la necesidad de afrontarlas (véase el caso del aeropuerto de Ciudad Real, por citar uno solo).
Para colmo, aun en el momento en el que la crisis y los salarios de miseria golpean a la inmensa mayoría de los trabajadores, los casos de corrupción resultan todavía más escandalosos: unos políticos corruptos piden el voto de los trabajadores y las clases medias para ascender al poder y saquear las arcas públicas que luego son rellenadas ejerciendo presión fiscal.
España 2000 reprueba todos estos comportamientos corruptos y sitúa la corrupción como uno de los males endémicos que han conseguido desvirtuar completamente la democracia en nuestro país. El hecho de que los casos de corrupción alcancen a la misma familia real (véase el “Caso Urdangarín” que se está desarrollando precisamente estos días) parece indicar que “del rey abajo, todos” y que si en el entorno de la familia real existe corrupción cuando, en realidad, una de sus pocas funciones sería dar ejemplo de civismo y ciudadanía, es que cualquier ciudadano puede tener una excusa para corromperse.
España 2000 dice: ¡hay que acabar de una vez por todas con la corrupción y con el Estado de los Corruptos! Y para eso el pulso no debe temblar.
España 2000 en su programa político explica en los puntos 60 a 68 cómo afrontar la corrupción. Los reproducimos a continuación:
60. Consideramos que los delitos de corrupción suponen un atentado contra la comunidad y, por tanto, cualquier forma que adopten debe ser castigada con el máximo rigor. Quien protagoniza delitos de corrupción está cometiendo delitos contra la Sociedad y el Estado. Estos delitos deben castigarse con una dureza ejemplar incluyendo penas de prisión y confiscación de bienes por el valor de lo defraudado.
61. Afirmamos que toda la clase política se encuentra bajo sospecha de corrupción. El político honesto hoy, sería la excepción a la regla que impera, según la cual el papel del político es “servirse del pueblo”, en lugar de “servir al pueblo”. Defendemos que la honestidad es el primer valor a defender en política, del cual derivan todos los demás.
62. Sostenemos que la política municipal es el receptáculo privilegiado y el más habitual de todo tipo de corruptelas. Deben ampliarse los medios y atribuciones de la Fiscalía Anticorrupción.
63. Proponemos la creación de una unidad especial de policía especializada en la lucha contra la corrupción en el ámbito municipal. Los partidos a los que pertenezcan los corruptos deben ser considerados como responsables civiles subsidiarios a la hora de indemnizar a la comunidad, salvo en el caso de que los propios partidos hayan denunciado a sus propios compañeros en episodios de corrupción.
64. Sostenemos que los delitos de corrupción no deben prescribir y que el corrupto responde con su patrimonio familiar y el de los que se han beneficiado de sus corruptelas.
65. Afirmamos que el Estado no debe dudar a la hora de retirar las competencias municipales y disolver aquellos ayuntamientos que se hayan visto salpicados por los casos de corrupción.
66. Sostenemos que ante la generalización de los casos de corrupción es preciso examinar de cerca los patrimonios de todos los concejales y de sus entornos, especialmente, en las zonas “calientes”, antes de hacerse cargo y después abandonarlo.
67. Sostenemos la necesidad de una mayor transparencia en la gestión municipal. Si esta transparencia no existe, el gobierno no debe dudar a la hora de decretar la disolución del ayuntamiento afectado.
68. Consideramos cualquier comisión cobrada por cualquier motivo y no declarada a Hacienda como corrupta y, por tanto, imputable como delictiva.
La novedad de este programa es la consideración del delito de corrupción como un delito contra la Comunidad y, por tanto, que debe ser castigado con la máxima dureza. La consideración de los partidos como “responsables civiles subsidiarios” de las indemnizaciones acciones realizadas por los corruptos, salvo en el caso de que la: esta es la única forma de que los partidos realicen una selección de sus cuadros dirigentes y los cargos públicos sean elegidos entre los más honestos.
Creemos que estos puntos son los MÍNIMOS que un gobierno que realmente haga de la lucha contra la corrupción un objetivo prioritario, debe asumir. Cualquier otro proyecto de erradicar la corrupción en España que no coja al toro por los cuernos no pasará de ser un parche técnico.
Hay algo más: es preciso encuadrar la corrupción dentro del contexto histórico que le es propio: la elaboración de la Constitución de 1978 que ha dado lugar el “régimen” actual. Aquel texto no nació de un proceso constituyente sino del acuerdo entre los llamados “padres de la Constitución”. Estos configuraron un sistema hecho para que el centro-derecha y el centro-izquierda se eternizaran en el poder, cuando no tenían mayoría absoluta recurriendo al apoyo de los partidos regionalistas. Así nació la “banda de los cuatro”, y no es por casualidad que la inmensa mayoría de casos de corrupción hayan sido protagonizados por estos cuatro partidos: PP, PSOE, PNV y CiU.
El mal no está anidado solamente en los partidos políticos, sino en el propio “régimen”. De ahí que para alejar de nuestro país las sombras de la corrupción sea necesario REFORMAR LA CONSTITUCIÓN EN PROFUNDIDAD O ABRIR EL PROCESO CONSTITUYENTE QUE NO SE ABRIÓ EN 1978… Leer más...
MANIFIESTO DE ESPAÑA 2000 ANTE LAS ELECCIONES DEL 20-N
NI UNO MÁS
NI UN PARADO MÁS – NI UN INMIGRANTE MÁS – NI UN CORRUPTO MÁS
Comité Electoral de E2000
Introducción: momentos decisivos en nuestra historia
Lo que se dirime en estas elecciones es mucho más que quién será presidente del gobierno en los próximos 4 años. A pesar de que buena parte de nuestros conciudadanos no lo adviertan, vivimos momentos decisivos en la historia de nuestro país y en la historia de Europa. A partir de ahora muchas cosas cambiarán y muchos de los valores que han alimentado a la civilización occidental y a nuestro país en los últimos 200 años serán definitivamente superados y quedarán atrás para siempre.
Ni la partidocracia, ni la globalización, ni la economía liberal, ni los modelos culturales y sociales que se gestaron durante la Guerra Fría, a partir de ahora no van a suponer nada salvo un escollo para la felicidad y el bienestar de los pueblos.
De entre todos problemas actuales hay uno que debe ser erradicado por completo. Desde hace dos siglos, con la aparición del liberalismo y de la sociedad burguesa, la economía ha ido ocupando parcelas cada vez mayores hasta el punto de que, finalmente, las gigantescas acumulaciones de capital generadas por los consorcios financieros han terminado teniendo más peso que las estructuras políticas: hoy la economía anda muy por delante de la política.
Pero la economía expresa los intereses y voluntades de pequeñas aristocracias económicas, mientras que la política debería ser patrimonio del pueblo. Lo que ha ocurrido es que las aristocracias económicas hacen inútil la existencia de la democracia en la medida en que su voluntad siempre está por encima de la voluntad popular expresada en las urnas.
El modelo social actual tiene la forma de un triángulo con una cúspide extremadamente pequeña y muy distanciada de la base, excepcionalmente grande: aristocracia económica y pueblo no solamente están alejados sino que sus intereses son completamente diferentes. Todo, tecnología, ordenamiento político, modelo económico, mitos, etc., se ha diseñado para alimentar este modelo.
Desde el siglo XIX, los doctrinarios liberales aprendieron que lo esencial para que los intereses económicos –esto es, los intereses de la aristocracia económica– gobernaran sobre los intereses de la totalidad de la población, era instaurar en ésta la división en “derechas” e “izquierdas”. Esta división absurda de la sociedad (absurda porque lo esencial no ha sido nunca aportar soluciones de izquierdas o de derechas, sino aportar soluciones dignas de tal nombre)
se ha prolongado hasta nuestros días y constituye el principal factor de división de la comunidad nacional y permite que bandas de políticos sin escrúpulos se sustituyan unas a otras.
Por eso España 2000 os dice:
No queremos perpetuar esta división de la sociedad, queremos que, por encima de los partidos políticos estén vivos los valores de patriotismo, unidad de la nación, idea de comunidad, justicia social para todos y destino común. Y estos valores no pertenecen ni a las derechas, ni a las izquierdas, sino a toda la nación.
Por eso es preciso decir bien alto: no somos ni de derechas, ni de izquierdas, somos “los de abajo” y vamos a por “los de arriba”.
Los problemas que vamos a afrontar en la próxima legislatura:
La legislatura que comenzará tras las elecciones del 20-N va ser cualquier cosa menos tranquila. Nadie duda que el Partito Popular gobernará con mayoría absoluta y que nada salvará al PSOE de su desplome electoral similar solamente al que destruyó a UCD en 1983. Esta derrota será algo más que la crisis del zapaterismo, será sobre todo la crisis de la columna de centro-izquierda sobre la que se mantiene el sistema.
Pero es algo más que eso: será la derrota en España de la socialdemocracia que aquí y en toda Europa había abandonado desde hacía décadas la defensa de los trabajadores y se había alineado con el capital. Esta crisis económica ha demostrado de parte de quién está el PSOE: de parte de la patronal bancaria a la que ha obsequiado con casi 100.000 millones de pesetas para tapar sus huecos, de parte de la patronal de la construcción a la que obsequió con el Plan E y el Plan E 2010 que solamente sirvieron para disparar la deuda y repartir más comisiones entre los amigos del poder, de parte de la patronal de automóvil que fue obsequiada con un nuevo plan VIVE cuando lo normal hubiera sido que descendieran los precios de los vehículos…
La política de la socialdemocracia y del zapaterismo ha consistido simplemente en dar a los poderosos dineros públicos recaudados especialmente entre las clases medias. La socialdemocracia, el PSOE ha ido aumentando los gravámenes sobre las rentas del trabajo mientras disminuía la presión fiscal sobre las rentas del capital. ¿Por qué? Porque las ilustres mediocridades que han dirigido el PSOE en los últimos treinta años no concebían ni creían en nada más que no fuera una economía liberal y en la defensa de los consorcios financieros, de los mercados, de la banca y de los intereses de los poderosos frente a los intereses de la población.
Un electorado decepcionado con quienes les prometieron justicia, seguridad, empleo, votará ahora masivamente al centro-derecha, no tanto por confianza en las promesas de Rajoy, ni por la buena gestión de este al frente de la oposición, sino simplemente como rechazo a la sigla PSOE y a los rostros que lo han encabezado.
Pero el centro-derecha apenas podrá enderezar gran cosa en los próximos años. Estamos en un pozo profundo; este pozo tiene un número espeluznante como nombre: UN BILLÓN de euros de deuda… Una cantidad así es difícil, imposible de pagar, mucho más cuando en el momento de escribir estas líneas, sigue aumentando. Con este lastre y con la cartera vacía de soluciones radicales capaces de afrontar una situación de gravedad inconcebible hasta ahora, el PP se hará cargo del poder.
El PP deberá aplicar las fórmulas económicas dictadas por la Unión Europea bajo presión de “los mercados”, esto es, de los grandes consorcios de inversión, y esas fórmulas tendrán como objetivo prioritario satisfacer a los usureros y acreedores en detrimento de las clases populares que son, a fin de cuentas, los que vamos a ver como aumenta la presión fiscal.
Basta leer el programa electoral que ha hecho público el PP para advertir que no existe proyecto, ni ideas básicas para resolver los problemas económicos, ni siquiera para afrontar decididamente problemas de primer orden como la inmigración masiva o la corrupción generalizada.
El PP se hará cargo del poder en un momento en el que los problemas de nuestro país se han ido agravando hasta convertirse en completamente irresolubles: no se nos explica cuál será el modelo económico y, por tanto, no se nos dice en dónde, ni en qué sectores, ni de qué manera, se crearán los millones de empleos necesarios para restablecer la normalidad de nuestro mercado laboral.
Por eso España 2000 os dice:
El PSOE ha fracasado estrepitosamente y con él han caído las fórmulas del progresismo socialdemócrata. No hace falta ser vidente para intuir, a la vista de las carencias que existen en su programa, que el PP va a fracasar y con él las fórmulas neoliberales en economía y conservadoras en política. No podemos olvidar que los partidos que se han ido turnando en los últimos 30 años son precisamente aquellos a los que hay que responsabilizar de que hayamos llegado a donde nos encontramos actualmente. PP y PSOE no son la solución, son el problema y ambos forman las dos caras de una misma moneda que constituyen las columnas de centro-derecha y centro-izquierda régimen nacido en 1978.
Del inicio de la crisis al colapso del régimen:
Desde que se inició la crisis económica en el verano de 2007 (aunque en España el zapaterismo no la reconoció hasta el otoño de 2008…) E2000 ha venido previendo que lo que inicialmente era una simple crisis económica generada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en EEUU y en España con el consiguiente aumento de los impagados y la difusión por todo el mundo de los llamados “productos financieros tóxicos”, terminaría mutando en crisis social y, finalmente, en crisis política, e incluso en crisis nacional si tenemos en cuenta el espinoso problema de la deuda soberana española que compromete incluso nuestro futuro como Nación.
Era evidente que el estallido de las burbujas iba a traer como consecuencia un aumento de las cifras del paro al detenerse sectores enteros de la economía. A esto había que agregar otro problema que se venía arrastrando desde 1989 y que generaba un paro estructural en España que nunca bajó del 8,2%, ni siquiera en los mejores momentos del empleo: la globalización.
Hoy parece increíble que los dos grandes partidos no cuestionen la viabilidad de la globalización que ha costado el desmantelamiento de sectores enteros de la producción y su deslocalización a China, a Marruecos, al Sudeste asiático, etc. La globalización ha contribuido a que los capitales circularan libremente por todo el mundo migrando siempre en busca de las más crueles maniobras especulativas y en persecución de los mayores beneficios arruinando a países enteros.
La globalización ha perjudicado doblemente a Europa: de un lado generando la deslocalización industrial, de otro generando flujos migratorios incontrolados hacia Europa. Todo ello para aumentar los beneficios del capital, para rebajar el precio de la mano de obra y para atomizar las sociedades europeas que han ido perdiendo signos de identidad, convirtiéndose en amalgamas multiculturales y mestizas.
La crisis económica, al persistir también ha mutado. De ser un problema de estallido de las burbujas especulativas, se ha convertido en un problema cuyo eje central es la deuda pública. Al tener que afrontar cada vez más cargas sociales y de financiación de las burocracias estatales y los servicios públicos, los Estados han ido emitiendo más y más deuda, ¡hasta el punto de comprometer su viabilidad futura! El Estado Español pasó desde el superávit en 2008 al déficit de un billón de euros en octubre de 2011, ¡en apenas tres años! Y nada indica que esta tendencia vaya a remitir, sino todo lo contrario. Es fácil prever el futuro: de no hacerse algo, España quedará desintegrada como Nación, perderá completamente su soberanía nacional que quedará en manos del FMI, el Banco Central Europeo recibiendo más y más dentelladas de “los mercados”, eufemismo para mencionar a los consorcios especuladores y a la alta finanza internacional.
La acumulación de parados, el hecho de que hayan llegado 7.000.000 de inmigrantes de los que como mínimo 5.000.000 no tienen ni trabajo conocido, ni recursos salvo los que les entregue el Estado, han terminado generando una crisis social que va en aumento en 2011. Esta crisis –unida a la de la deuda- tiene como principales ejes:
- La merma de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, las pensiones y la educación.
- El aumento del número de ciudadanos pobres o próximos al umbral de la pobreza.
- El aumento de la distancia entre las clases acomodadas y la mayoría de la población.
- El descenso en la calidad de la contratación y en el descenso objetivo de la cuantía de los salarios.
- En el aumento de las patologías sociales derivadas de la situación de inseguridad en la que viven especialmente los jóvenes y quienes dependen de un salario.
La crisis social arrancó cuando los sindicatos ya no pudieron ocultarla y cedieron a la presión de sus bases declarando la primera huelga general contra el zapaterismo. Poco importa si los sindicatos UGT y CCOO estaban compinchados con un poder que les remunera de manera extraordinariamente generosa, lo que importa es que en la calle se empezó a percibir un rechazo, no solamente a la gestión del gobierno, sino también a la gestión de los sindicatos y un distanciamiento creciente entre la masa laboral y estas estructuras progresivamente burocratizadas.
Pero la crisis no se detuvo ahí. Si hasta entonces coexistían la crisis económica y la crisis social, la persistencia de ambas generó un fenómeno nuevo que empezó a notarse justo antes de las pasadas elecciones en el llamado movimiento del 15-M. Este movimiento –cuyas carencias son de todo tipo- no fue inicialmente más que el síntoma de que se estaba gestando una crisis política que, por primera vez en 33 años, estaba cuestionando la constitución, el duopolio PP-PSOE, la partidocracia, la corrupción, las carencias democráticas del sistema y el hecho de que, desde el inicio de la crisis, haya pensado mucho más en los poderosos que en las clases populares.
Va a ser durante esta próxima legislatura cuando se agudice la crisis política ante el previsible fracaso del PP en la gestión de la economía. Hoy, una parte del pueblo español tiene la esperanza de que las cosas mejoren con el nuevo gobierno encabezado por Rajoy. Hacia el inicio de la primavera, esa esperanza se habrá trocado en la gran decepción, cuando todavía está excesivamente próxima la decepción y el hastío que ha generado el zapaterismo.
Será en ese momento, en un período aún mal definido entre el 2012 y el 2014 cuando entre en crisis la columna de centro-derecha sobre la que se mantiene el andamiaje constitucional generado en 1978. Ese sistema estaba basado en una arquitectura que garantizaba el que centro-derecha y centro-izquierda se turnaran por tiempo indefinido gobernando con mayoría absoluta y cuando no la tienen gobernando con algún partido regionalista. Esa arquitectura depende de la existencia del PP, del PSOE, del PNV y de CiU. Pero el PNV en las próximas elecciones vascas puede ser rebasado por Bildu, el PSOE quedará gravemente tocado al conocerse los resultados electorales y el PP será pronto víctima de la erosión del poder. En cuanto a CiU, apurará su carta independentista como vía de escape para evitar ser afectado por el derrumbe de las opciones tradicionales.
Lo que tenemos por delante es pues el desplome del régimen surgido en 1978 justo en un momento de crisis generalizada y justo cuando hace falta un poder sólido, eficiente y que aporte soluciones.
Parece difícil que el régimen sobreviva al colapso de las columnas sobre las que se ha mantenido hasta ahora. Una vez instalada la inestabilidad en el seno del sistema costará que sobrevivan algunas de sus partes: no sobrevivirá una monarquía demasiado y demasiado frívola como para mantenerla, no sobrevivirá el senado absolutamente desdibujado e inútil en sus funciones, no sobrevivirán las comunidades autónomas verdaderos criaderos de corrupción, desmanes administrativos y faraonismo… ni sobrevivirán ni es preciso que sobrevivan y muy pocos –salvo los que viven de todas estas estructuras- las llorarán.
La opción necesaria para el tiempo que vendrá:
Este es el panorama que tenemos ante la vista y que E2000 ha descrito desde el inicio de la crisis. El drama de la situación que se está abriendo en estos momentos consiste en que a pesar de la gravedad e irreversibilidad del problema de la deuda, de la acumulación de crisis, las fuerzas que reaccionan ante este estado de cosas son todavía débiles y tienen escasa penetración social y política. Los núcleos que resisten al poder de la usura y de la alta finanza internacional, contra los manipuladores de los mercados y los explotadores de los pueblos, los movimientos que afirman combatir contra la crisis económica, la corrupción generalizada y la inmigración masiva, los tres jinetes del apocalipsis, son todavía débiles y balbucientes. Sin embargo es en ellas en donde está la alternativa de futuro. Y una de estas fuerzas es E2000
que acude a estas elecciones con la única ambición de mejorar posiciones, tener un nuevo contacto con el electorado y popularizar sus temas.
Para presentar candidaturas en la Comunitat Valenciana ha sido necesario vencer múltiples obstáculos: en primer lugar entregar bastante más del 0’1% de “avales”. La medida de los “avales” no ha sido discutida por el PP y supone un atentado a la igualdad ante los procesos electorales. Por otra parte, lo vago de la normativa y la imposibilidad de recurrir suponen situar a las candidaturas minoritarias en un estado de indefensión. Además, en las provincias en las que se requieren varios cientos o miles de “avales”, pueden producirse errores de todo tipo. Es el caso de nuestra candidatura por Alicante de la que fueron eliminados 126 “avales” lo que hizo que la candidatura fuera eliminada por apenas unas pocas decenas de firmas. La injusticia de este método será reforzado en próximas convocatorias electorales por la implantación de las elecciones a dos vueltas y por la presentación de una fianza para poder concurrir a las elecciones. El sistema se defiende y quiere seguir siendo el coto cerrado de la “banda de los cuatro”.
A pesar de las dificultades, E2000 ha conseguido estar presente en las provincias de Valencia y Castellón a cuyo electorado le planteamos un programa basado en cuatro puntos:
1) NI UN INMIGRANTES MÁS.- Desde 1996 han llegado a España 7.000.000 de inmigrantes de los que en la actualidad 1.000.000 ya tiene nacionalidad española y solamente 1.400.000 están dados de alta en la seguridad social habitualmente por las franjas salariales más bajas. Salvo 500.000 pensionistas alemanes, holandeses e ingleses residentes en Canarias, Baleares y la Costa de Levante, se ignora de qué vive el resto, aunque resulta claro que lo hacen gracias a la caridad pública. Estos inmigrantes constituyen el 15,8% de la población española y tienen hoy la tasa de natalidad cuatro veces más alta que la nacional. La hacienda pública no puede soportar lo que representan en sanidad, ayudas sociales y subsidios, educación y gastos policiales, judiciales y penitenciarios, a toda esta población inmigrantes que pesa como una losa sobre nuestra economía.
De ahí que E2000 plantee como alternativas:
a) Repatriación de los excedentes de inmigración: empezando por los inmigrantes que hayan delinquido en España, siguiendo por los ilegales que se encuentren en nuestro territorio, por los parados de larga duración, hasta quedarnos solamente con la tasa de inmigración que pueda absorber nuestro mercado laboral y nuestra sociedad.
b) Abolición de la figura de la “regularización por arraigo” que premia con el permiso de residencia a quienes han permanecido durante dos años en situación de ilegalidad.
c) Abolición de la reagrupación familiar mientras no se demuestre fehacientemente la posibilidad de mantener a la familia y condicionada a la prolongación de esta situación.
d) Preferencia de los ciudadanos nacidos en España a la hora de acceder a puestos de trabajo y a los beneficios sociales de cualquier tipo.
e) Impedir la formación de guetos y de procesos de “limpieza étnica” en barrios y pueblos. Debe de prohibirse que cualquier barrio o ciudad tengan una acumulación de inmigrantes superior al 5%.
f) Aumento de las penas por tráfico de inmigrantes, matrimonios simulados para obtener el permiso de residencia y contratación de ilegales.
2) NI UN PARADO MÁS.- El modelo económico debe tender hacia el pleno empleo y debe de tener presente los intereses de la comunidad por encima de los intereses del poder económico. Un Estado solamente se justifica en función de que sea capaz de ofrecer a los ciudadanos prosperidad y trabajo, y a la Nación el cumplimiento de su misión histórica, la transmisión de un legado progresivamente engrandecido de unas generaciones a otras. La pérdida de soberanía nacional operada por la globalización y por el creciente peso de la alta finanza internacional y de una Unión Europea mal concebida y peor gestionada, es en buena medida causante de la desastrosa situación de nuestro mercado laboral.
Remontar la actual situación solamente podrá hacerse adoptando medidas radicales:
a) Desenganche completo de los mecanismos de la globalización mediante el restablecimiento de aranceles proteccionistas y la denuncia del Acuerdo General de Aranceles.
b) Fijar los capitales a territorios físicos, impidiendo que migren contantemente de un país a otro en busca de mayores beneficios y de espaldas al bienestar y a la estabilidad de los pueblos.
c) Gravamen sobre los beneficios obtenidos mediante maniobras especulativas para intentar que el eje de la economía vuelva a ser la producción industrial y paralela reducción de la presión sobre las rentas procedentes del trabajo.
d) Creación de una banca pública cuya competencia sea la ayuda a la pequeña y mediana empresa, a los nuevos empresarios y a las compras hipotecarias.
e) Profunda reforma de nuestro sistema educativo, especialmente de los niveles de formación profesional para que estén en condiciones de preparar jóvenes cualificados sin necesidad de largos años de becarías y contratos basura.
f) Creación de un modelo económico basado en la recuperación de la producción industrial y en restar dependencia del ladrillo y del turismo.
g) Profunda reforma de la Unión Europea y emancipación de la misma del marco mundial globalizado. Revisión de nuestro tratado de adhesión a la UE.
3) NI UN CORRUPTO MÁS.- El rasgo característico de los 33 años que median entre la aprobación de la constitución y las elecciones del 20-N es, sin duda alguna, la corrupción: la corrupción ha estado presente en todas las comunidades y en todos los niveles administrativos, ha afectado por igual al centro-derecha y al centro-izquierda y se ha convertido en una patología política generalizada. Toda la clase política, en toda España está bajo sospecha.
Por eso aspiramos a:
a) Aumento de las penas por delitos de corrupción considerándolo como un delito que se comete no contra otro ciudadano, sino contra el conjunto de la comunidad y que no puede ser purgado sino hasta la devolución de la cantidad defraudada u obtenida ilegalmente.
b) Establecimiento de responsabilidad civil subsidiaria para los partidos políticos cuyos dirigentes protagonicen casos de corrupción y de la no prescripción para este tipo de delitos.
c) Establecimiento de una ley de financiación de partidos que genera transparencia en la obtención de fondos por parte de los partidos políticos.
d) Cese de la entrega de subsidios, subvenciones y ayudas a partidos y sindicatos: en tanto que entidades de derecho privado no pueden ser subsidiadas con dinero público.
e) Creación de brigadas policiales provinciales y tribunales especializados en la lucha contra la corrupción que examinan sistemáticamente casos de enriquecimiento súbito y recalificaciones de terreno injustificadas desde 1983.
4) UNIDAD, RECONSTRUCCIÓN Y REGENERACION NACIONAL.- Los 33 años de constitución han supuesto 33 años en los que fue posible superar los problemas seculares de la historia de España, pero que ha servido solamente para aumentarlos exponencialmente. Los próximos años no pueden abordarse sino desde la perspectiva de una profunda regeneración nacional que abarque todos los terrenos de la vida pública y vuelva a permitir a los españoles que estemos orgullosos de serlo.
Para operar esta tarea regeneradora será necesario:
a) Profunda reforma constitucional que elimine a todas las instituciones inútiles o las reforme radicalmente con apertura de un proceso constituyente.
b) Creación de un gobierno de técnicos y expertos de indudable patriotismo, sentido social y capacidad técnica para afrontar los graves problemas que nuestra economía tiene planteados que abra el paso al proceso constituyente.
c) Medidas para la disminución del poder de los partidos y de su poder. Es la sociedad y no esa pieza artificial, la que debe de tener el control y la supervisión de los procesos políticos, económicos y sociales. Por ello es preciso estimular la creación de una sociedad civil fuerte, con alto nivel de participación cívica en asociaciones y fundaciones.
d) La nueva constitución debe de redactarse con el fin de exigir a los cargos políticos capacidad técnica y de gestión y, al mismo tiempo, para garantizar la voluntad popular mediante un sistema electoral equitativo y proporcional, con listas abiertas y desbloqueadas, posibilidad de recurso al referéndum por iniciativa popular.
e) Transformación del Senado en una cámara corporativa en la que estén presentes los grupos sociales, profesionales y culturales con derecho a veto sobre las decisiones del congreso de los diputados.
f) Abolición del Estado de las Autonomías por inviable y mastodóntico y descentralización de la administración del Estado en estructuras regionales.
g) Consideración del independentismo como un atentado contra la seguridad, la unidad y la integridad nacional.
Llamamiento de E2000 ante las próximas elecciones:
Ciudadanos, el próximo 20-N no es podéis equivocar otra vez. Desde hace 33 años centro-derecha y centro-izquierda se vienen repartiendo el poder y alternándose en el gobierno. El resultado lo estás comprobando: paro, inmigración masiva, corrupción generalizada, abismo entre la “España oficial” (la de los partidos y las instituciones) y la “España real” (la de la población), parálisis creciente de la economía, aumento del número de parados y del número de inmigrantes, etc. para terminar en una situación de caos, desmoralización nacional y larga agonía de nuestro país. ¿Vas a votar al PP o al PSOE? Ellos no son la solución, ellos son una parte sustancial del problema. Cualquier actitud en estas elecciones es posible: votar a opciones minoritarias, votar en blanco, votar nulo, no votar, todas, menos una, votar a los que han destrozado este país, PP y PSOE.
El momento actual es de tal gravedad que exige soluciones radicales, coger al toro definitivamente por los cuernos y plantear reformas en profundidad, no meros parches técnicos que saltarán en pocos meses a la vista de la gravedad de la crisis.
La partidocracia, es el enemigo, la “banda de los cuatro” es el verdadero enemigo porque sus ambiciones y manejos no solamente nos han llevado hasta donde estamos sino que además impide el salir de la sima en la que nos encontramos.
Hacen falta ideas nuevas, voluntades nuevas, rostros nuevos, hace falta tener el valor de afrontar esta verdad incontrovertible: PP y PSOE, CiU y PNV suponen el pasado, los 33 años oprobiosos, plagados de errores continuos desde el ingreso en la OTAN hasta el tratado de adhesión con la UE, desde el “café para todos” a los “estatutos de segunda generación”, desde la crisis del felipismo a la del zapaterismo, desde el inicio de la burbuja inmobiliaria y la inmigración masiva con Aznar hasta el estallido de estos problemas, desde el GAL hasta la negociación con ETA, estos 33 años han constituido un período sombrío en nuestra historia que ya debe terminar.
Por eso España 2000 os dice:
Ni un parado más, ¡trabajo para todos los españoles!
Ni un inmigrante más, ¡repatriación para todos los excedentes migratorios!
No un corrupto más, ¡por la moralización de la vida pública!
Invitamos a los electores a votar a este programa mínimo en la convicción de que es el único en el que se afrontan los problemas esenciales que nuestro país tiene planteados. Tras este programa, además, existen hombres y mujeres que son como vosotros, que trabajan, que se ganan el pan cada día, que están sufriendo los problemas de una administración incompetente y que no aspiran a otra cosa que a tener un lugar bajo el sol, a poder vivir dignamente y a asegurar a sus hijos un horizonte de seguridad, progreso, estabilidad y tranquilidad.
Así pues, os llamamos a sumaros a la campaña “Ni uno más” y a votar a nuestras candidaturas con la seguridad de que no os decepcionaremos.
Comité Electoral de E2000 Leer más...
Esto es lo que queremos (I) ¿Qué fórmulas plantea E2000 para salir de la crisis?
En primer lugar las soluciones que ofrece el PP no son tales soluciones sino más de lo mismo: una insistencia en el modelo económico neoliberal en el que el mercado es el rey y el campeón de la partida y en donde el abstencionismo del Estado en materia económica es lo que debería garantizar la buena marcha de la economía. El PP está dispuesto a ceder ante cualquier exigencia de “los mercados” y del “capital” para, así, excitarle a invertir… Por otra parte, el PP nunca ha hablado de subir impuestos, sino solamente de “contención del gasto público” y de “buena gestión”. Es hora de desmontar todos estos mitos.
Los omnipotentes “mercados” no trabajan en beneficio de la nación ni del pueblo español: trabajan en beneficio propio y su tendencia no es a crear puestos de trabajo sino a obtener rendimientos especulativos, no importa dónde. Los “mercados”, el “capital”, están exigiendo mejores condiciones de contratación (es decir, despido libre), menos pagos a la seguridad social, reducciones salariales, etc. Pero nunca, absolutamente nunca, conseguirán a través de estas medidas crear empleo: la deslocalización industrial hace que el trabajador español tenga que competir con el chino que apenas gana 133 euros/mes. Nunca, absolutamente nunca, por mucho que se mejores para el capital, la patronal y “los mercados”, las condiciones de contratación se podrán llegar a estas cifras de salarios de hambre y, por tanto, siempre los productos fabricados en España serán más caros que los que llegan de China.
Por otra parte, en lo relativo a la “contención del gasto público” hace falta ser también claros. El PP presenta el período Aznar como “ideal” en la materia. No lo fue. El período que media entre 1996 y 2004 fue un ciclo en el cual los errores cometidos por el felipismo (mala negociación con la UE, reconversión industrial con liquidación de sectores enteros de nuestra economía, cláusulas impuestas por Alemania y Francia para que tuviéramos acceso a los fondos estructurales que llegaron inmediatamente) aumentaron. España se convirtió en un país que disponía de dinero (pero buena parte de cuya industria había sido liquidada) para acometer reforma de infraestructuras. En lugar de crear industrias de sustitución, Aznar optó por la vía más fácil: el ladrillo y el turismo. España empezó a dejar de ser España y se convirtió en la República del Calimocho.
Zapatero no hizo más que seguir esta tendencia hasta que la burbuja estalló.
¿Cómo un país con un billón de euros de déficit, con la industria en recesión, 5.000.000 de parados, puede levantarse de nuevo? ¿Es ello posible? Sí lo es.
E2000 presenta algunas medidas condición sine qua non para salir de la crisis:
- Ruptura con la globalización y el “mercado mundial”. Compete a la Unión Europea emanciparse de la globalización y constituir un área de economía integrada capaz de sobrevivir a los desafíos del siglo XXI desde Portugal hasta los Urales y desde Narvik hasta Chipre.
- Denuncia del Acuerdo General de Aranceles y rearme arancelario y proteccionista para preservar a la industria nacional de la competencia desleal china.
- Gravamen sobre las transacciones económicas internacionales que no sea en absoluto simbólico sino que desanime este tipo de operaciones internacionales que hacen que el capital migre continuamente de un país a otro en busca de más y más beneficios. El capital debe estar ligado a una tierra y estar al servicio de ella.
- Estímulos fiscales a la economía productiva y descenso de la presión fiscal sobre las rentas procedentes del trabajo, mientras, paralelamente, se aumenta la presión sobre las rentas procedentes del capital que deben ser penalizadas.
-Lucha en los foros internacionales contra la existencia de paraísos fiscales. Estos deben desaparecer por completo de la escena internacional.
- Renegociación del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Resulta inaceptable que un gobierno español firmara un tratado en el que se nos condenaba a ser una nación periférica especializada en el sector terciario.
- El Estado debe primar la economía productiva sobre la economía especulativa y la producción de bienes y servicios sobre la actividad financiera o sobre sectores de baja productividad (hostelería y construcción).
- Los sectores primario (agrícola y ganadero) y secundario (industria) deben priorizarse sobre cualquier otro. La especulación no crea riqueza: solamente la producción de bienes y su intercambio la crea en cantidad suficiente para que genere empleo de calidad.
- En las actuales circunstancias la única forma de pagar la deuda soberana consiste en que el Estado entregue a los acreedores compromisos de pago en forma de contratos de renegociación de la deuda y que estos acreedores se comprometan a entrega esos contratos al Estado durante un período de 10 años para que éste pueda asumir la construcción de infraestructuras, obras públicas, reindustrialización del país y creación de una banca pública.
- Es preciso sintetizar en un nuevo modelo económico todos estos principios.
Este modelo económico sustituirá al catastrófico modelo económico generado durante el período de Aznar basado en ladrillo, salarios bajos, importación masiva de inmigración y acceso fácil al crédito. El nuevo modelo económico debe de basarse en una sólida política e reindustrialización unida a una reforma de la enseñanza, un aumento de la calidad de la enseñanza universitaria que permita un impulso a la investigación y al desarrollo.
Pero ninguna de estas medidas serviría para nada de no procederse a liberarse de lo que hoy constituye una losa para la sociedad española: los 7.000.000 de inmigrantes que llegaron a España entre 1997 y 2011 y que hoy constituyen un peso muerto y un lastre para nuestra economía constituyen la primera partida de gasto de los presupuestos públicos. Sin la repatriación de los excedentes de inmigración, no hay salud económica para nuestro país, ni reforma del mercado laboral en condiciones beneficiosas para los trabajadores españoles. Leer más...
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